La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

La segunda exigencia --estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo-- impide el acceso
a este contrato a los inmigrantes sin la autorización de residencia necesaria --como ya ha
sido puesto de relieve--, pese a poder ser calificados como personas en situación de
exclusión social 425 .
Por su parte, el Decreto 34/2007 considera que la situación o riesgo de exclusión social
queda determinada por la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos (sustancialmente
idénticos a los estatales):
a) Personas integradas en unidades familiares beneficiarias de la ayuda de Ingresos
Mínimos de Inserción o perceptores de ayudas de emergencia social concedidas por las
Corporaciones Locales de esta Comunidad, así como cualquier otra prestación social de igual
o similar naturaleza y finalidad establecida por ella.
b) Personas integradas en unidades familiares que no pueden acceder a las
prestaciones por faltarles el período exigido de residencia o empadronamiento, o para la
constitución de la unidad perceptora; o bien por haber agotado el período máximo de
percepción legalmente establecido.
c) Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 procedentes de instituciones de
protección de menores.
d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en
procesos de rehabilitación o reinserción social.
e) Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un
empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos.
f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les
permita acceder a un empleo, por tanto, quedan fuera los inmigrantes sin las oportunas
autorizaciones, así como los que se encuentren en situación de libertad vigilada y los ex
internos.
g) Víctimas de violencia de género en situación o riesgo de exclusión social.
h) Cualquier persona que, a criterio de los órganos competentes indicados requiera
ser incluido en un proceso de inserción social por el empleo a través de empresas de
inserción.
Estos dos últimos colectivos, sobre todo el último, equivale a un gran cajón de sastre donde
cabe cualquier persona a juicio de los servicios sociales; por su parte, la referencia a las
víctimas de violencia de género podría haberse omitido, pues sólo estarán incluidas si
concurre la situación o el riesgo de exclusión social, volviendo de nuevo al inicio del precepto
para saber en qué consiste dicha expresión.
En fin, no deja de resultar paradójico que una norma legal que quiere luchar contra la
exclusión recurra a técnicas delimitadoras de carácter restrictivo, que favorecen un factor de
exclusión institucional 426 si bien tremendamente laxas.
En la práctica, los colectivos más empleados por las empresas de inserción son 427 :
425
ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Las condiciones laborales en las empresas de inserción. A propósito de la Ley 44/2007, de
13 de diciembre”, TS, núm. 214, 2008, pág. 31.
426
VALLECILLO GÁMEZ, M.R. y MOLINA NAVARRETE, C.: Empresa de inserción y mercados de trabajo inclusivos. Nuevo
marco regulador y modelos de gestión, cit., pág. 147.
427
Datos proporcionados por la Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción.
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 624