La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

4.- No haber sido separado disciplinariamente del servicio ni inhabilitado
por sentencia judicial
Pervive como requisito de aptitud y, por tanto, de acceso al empleo público, el de no haber
sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, así como el de no haber sido inhabilitado de forma absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial [art. 56.1 d) EBEP]. La Orden
ADM 853/2009 recoge esta misma prohibición.
Se trata de un requisito negativo que ha de ser acreditado por el candidato a través de una
declaración jurada en la que se dice reunir esta condición. Dicha declaración en caso de ser
falsa, además de poder constituir un ilícito penal, comportaría la nulidad absoluta de su
nombramiento o, si fuera personal laboral, de su contrato.
En este contexto, son varias las circunstancias que cabe distinguir:
a) La separación del servicio y la inhabilitación son dos supuestos vinculados a la pérdida de
la condición de funcionario en aplicación de una sanción administrativa o penal [art. 63 d) y
e) EBEP], pero las consecuencias de la separación del servicio mediante expediente
disciplinario son más drásticas que las de la inhabilitación, absoluta o especial, para el
desempeño de empleos o cargos públicos, en vía penal. En efecto, no podrá participar en un
proceso selectivo –sea para ocupar puestos de personal funcionario o laboral-- quien haya
sido separado mediante expediente sancionador de cualquier Administración Pública u
órgano constitucional o estatutario. La sanción de separación del servicio sólo podrá
imponerse a funcionarios que hubieran cometido una falta disciplinaria calificada como muy
grave [arts. 95.2 y 96.1 a) EBEP] y es una consecuencia “que se arrastra de por vida” 618 .
Tiene, por tanto, carácter definitivo, impidiendo poder adquirir nuevamente la condición de
funcionario, a diferencia del que es inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por
resolución judicial como consecuencia de la comisión de un delito cuya extensión temporal
queda limitada al marco de la condena (art. 41 CP), impidiendo “el acceso al cuerpo o escala
de funcionario” –debiendo entenderse para cualquier cuerpo o escala si la inhabilitación es
absoluta o sólo para el concreto cargo o empleo que tuviera el penado y otros análogos
especificados en la sentencia si la inhabilitación es especial—, “o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral”. Por la misma razón, el
indulto de la pena principal también comporta el de las penas de inhabilitación accesorias,
recuperando el beneficiario de tal gracia su capacidad para poder participar de nuevo en
procesos selectivos en la Administración Pública.
Para superar esta disparidad de efectos entre ambas instituciones, sin que a priori exista una
razón objetiva justificativa, la Comisión de Expertos propuso limitar la exclusión de los
separados del servicio a un plazo máximo razonable, coincidente con el lapso temporal de
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas previsto en el Código Penal (veinte años
si se trata de pena principal –art. 40 CP--), pero tal recomendación no fue recogida en el
texto definitivo.
b) En ambos casos (expediente disciplinario o sentencia judicial), se trata de un requisito
cuya necesidad no puede ser subsanada por el cumplimiento de otras pruebas. Es más,
cuando la causa de inhabilitación traiga su origen, precisamente, de la actuación del
condenado durante el proceso selectivo por el que accedió a la condición de empleado
público, dicha causa se retrotrae, desde la firmeza de la sentencia penal condenatoria,
también a su propio nombramiento constituyendo motivo de nulidad absoluta 619 .
c) En lógica coherencia con la admisión al empleo público de extranjeros, se hace también
extensible la aplicación de la prohibición aquí analizada a todos los nacionales de otro
Estado, que se encuentren en situaciones equivalentes, que impidan en su país, en los
mismos términos, el acceso al empleo público [art. 56.1 d) EBEP]. De nuevo se advierten
deficiencias de reacción, pues la misma consecuencia debería gravar sobre una persona de
nacionalidad española inhabilitada o sancionada en otro Estado de esa manera, ya que su
nacionalidad no le habrá impedido en muchos casos ser empleado público o funcionario en
otras naciones, particularmente europeas.
618 CAMARA DEL PROTILLO, D.: Régimen disciplinario de los empleados públicos, Madrid, 2008, pág. 30.
619 STSJ, Cont-Admtivo, Asturias 28 octubre 2002 (JUR 12626).
481 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN