La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

2.- Los contratos laborales de aplicación a jóvenes investigadores al
servicio de las Administraciones Públicas (y de aplicación también al
personal investigador en formación de otras entidades)
La investigación en la Administración, vinculada al establecimiento de una relación laboral al
efecto (e incluso mediante becas ad hoc), siempre ha sido un terreno minado para la jurista,
dada la diversa y dispersa regulación que la ha acompañado durante todo su itinerario. A tal
incertidumbre trata de poner fin la LCTI, de una forma no muy sistemática ciertamente, para
intentar ordenar una relación con múltiples aristas que bebe --no podía ser menos-- de sus
precedentes.
2.1.- Antecedentes inmediatos de las figuras vinculadas a proyectos de
investigación. Mención al Estatuto del Personal Investigador en Formación regulado
en el RD 63/2006, de 27 de enero
Por una cierta tradición, el sistema español de educación superior venía contemplando que
los puestos de trabajo ligados a la investigación en sus primeros estadios habían de ser
confiados a relaciones formativas deslaboralizadas, las becas pre y posdoctorales, a partir de
lo cual (y salvo en cuanto hace el CSIC y las fórmulas de actuación o reconversión supra
analizadas) se abría un caos desde el punto de vista de la seguridad jurídica.
La organización del movimiento de jóvenes investigadores 194 , así como la progresiva
asunción de sus reivindicaciones por las organizaciones sindicales, actuó en contra de tal
inercia, mostrando una tendencia de oposición hacia la deslaboralización --de la cual no
eran partícipes otros favorecidos o asentados en el sistema--, que arrancó de la progresiva
extensión de los derechos de Seguridad Social a los becarios de investigación, para con
posterioridad llevar a un estatuto complejo culminado con un contrato en prácticas de
naturaleza especial. Opción por la laboralización que también aparece expresa en los
diferentes programas de incorporación o reincorporación de investigadores al Sistema de
Ciencia y Tecnología en los últimos años, como el Ramón y Cajal o, con posterioridad, el
Juan de la Cierva (en el sector privado el Torres Quevedo).
Ya se conoce el tenor del art. 48 LOU a este respecto--al cual procede unir la escueta
referencia contenida en el art. 17 Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica--, también el recurso, no sin dificultades, al
contrato para obra o servicio determinado del art. 15 ET, demandando que la obra o el
servicio tenga “autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa”, en
este caso el proyecto de investigación, al que queda vinculado en la duración de la
relación 195 .
Pero, a su lado, procedía (y procede, dado el tenor de la disposición transitoria 4ª LCTI 196 y
el escalonamiento en la entrada en aplicación de la norma ex disposición final 11ª LCTI)
considerar el contenido del RD 63/2006, de 27 de enero, destinado a aprobar el Estatuto del
Personal Investigador en Formación, para el que la relación “de beca” implica la exclusión del
régimen jurídico laboral, por cuanto sólo pretende “facilitar el estudio y la formación del
becario”, sin mayor aportación al centro de investigación o departamento; por el contrario,
una vez que obtiene el reconocimiento de su capacidad investigadora avanzada, a través del
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o el certificado correspondiente, la norma
sobrentiendo que el organismo o centro universitario al cual esta incorporado recibe una
prestación o aportación en sentido propio, permitiendo aludir, a partir de ese momento, al
nacimiento de una relación laboral. De este modo, y marcando tiempos, el personal becario e
investigador, que debe estar integrado en un programa oficial destinado a obtener el
doctorado, en sus dos primeros años a partir de la concesión de la ayuda ostenta un estatuto
de becario, para, una vez superado este período y obtenido el DEA, pasar a una relación “de
contrato”, por la norma remitido al de trabajo en prácticas, en tanto integra en su causa una
194
Para mayor información sobre el inicio del proceso y sus hitos fundamentales cabe remitir a la página web,
www.precarios.org
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Sobre estos problemas, con detalle, GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “El personal adscrito a proyectos de investigación”, en
AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V., Dir.): El personal docente e investigador (PDI) laboral de los centros universitarios,
2ª ed., Murcia (Laborum), 2006, págs. 378 a 381.
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La cual contempla la adaptación a cuanto previene su art. 21: “únicamente por lo que respecta a las convocatorias
que se publiquen después de su entrada en vigor”.
375 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN