La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

únicamente en todo aquello en lo que no se oponga al contenido de la disposición transitoria
citada, y por el Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo
para trabajadores autónomos y cooperativas y sociedades laborales 268 .
Con la primera de las dos modalidades apuntadas (abono, de una sola vez, del valor actual
del importe, total o parcial, de la prestación por desempleo) se seguiría contemplando la
tradicional modalidad de “pago único” de dicha prestación “contributiva”, exigencia que
parece lógica por cuanto el subsidio asistencial 269 obedece a otras motivaciones cercanas a la
situación particularizada de cada solicitante y no tanto al dato objetivo de la previa cotización
efectuada, como sucede en la prestación.
Inicialmente, los solicitantes de esta opción debían dedicar la cuantía obtenida a la
realización de una actividad profesional autónoma individualizada o bien, en su vertiente
colectiva, pasar a ser socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o de una
sociedad laboral (art. 1.1 Real Decreto 1044/1985). La Ley 22/1992, de 30 de julio, eliminó
la primera posibilidad ante la dificultad de controlar el destino adecuado de las cantidades
reconocidas al desempeño de un trabajo autónomo, inclinándose la balanza hacia una
incentivación del autoempleo colectivo. Por su parte, la Ley 40/1998 (art. 31) fijó su
atención en un sector de la población con especiales dificultades para acceder al mercado de
trabajo: los minusválidos, ampliando el ámbito subjetivo de esta medida para aquellos que
decidieran iniciar una actividad por cuenta propia. Finalmente, el Real Decreto-Ley 5/2002 y
la Ley 45/2002 vuelven a situar al trabajador autónomo en el punto de mira de esta
modalidad, permitiendo su incorporación a la lista de colectivos que podrían beneficiarse de
ello, al tiempo que se determina la discapacidad padecida por los discapacitados que puedan
acogerse a esta iniciativa al menos en un 33%.
Los requisitos básicos de solicitud de la prestación continúan residenciados en el Real
Decreto 1044/1985, que exige la presentación en la Entidad Gestora de tal petición
acompañada de una memoria explicativa sobre el proyecto de inversión a realizar, la
actividad a desarrollar y la documentación acreditativa de la viabilidad del proyecto (art.
3.1).
Requisito imprescindible resulta haber cesado con carácter definitivo en una actividad laboral
previa, lo cual impide, en consecuencia, acogerse a la opción de pago único en supuestos de
desempleo temporal en los que la relación laboral se halla en suspenso y el trabajador,
privado de sus ingresos de forma transitoria, obtiene una prestación contributiva. Es más, el
origen de la prestación por desempleo en su pago único radica en una extinción definitiva de
la relación laboral que determina la inclusión en alguna de las categorías que conforman la
situación legal de desempleo del art. 208 LGSS 270 . Por tanto, siendo ello así, la renuncia
268 Un exhaustivo análisis al respecto en CARDENAL CARRO, M. y HIERRO HIERRO, J.: “Una respuesta a la crisis
económica en el ámbito del empleo autónomo: el Real Decreto 1300/2009, de 21 de julio”, AS, núm. 11, 2009 (edición
electrónica).
269 El disfrute de un subsidio sería, pues, factor impeditivo de la percepción de un abono único, lo que además revelaría
un camino divergente en función de los intereses personales del desempleado: siendo perceptor de la prestación
periódica podría acogerse al pago único siempre que faltaran al menos tres mensualidades para su agotamiento (art. 2
RD 1044/1985) o bien, llevado por motivaciones particulares, continuar percibiendo la prestación hasta su extinción y
pasar al nivel asistencial de protección, supuesto en el cual el subsidio cerraría ya la puerta a una posible capitalización
de la cantidad a percibir. POLO SÁNCHEZ, Mª.C.: “La prestación por desempleo en su modalidad de pago único:
algunas cuestiones pendientes de respuesta”, en AA.VV. (MORGADO PANADERO, P, Coord.): Empleo, trabajo
autónomo y economía social, cit., pág. 70.
270 Sobre tal exigencia, la disposición transitoria 4ª, regla 4ª, de la Ley 45/2002, tras la modificación operada por el RD
1413/2005, retrasa la solicitud del pago a la resolución del proceso correspondiente en caso de que el trabajador
despedido hubiera impugnado el cese de la relación laboral. En realidad, lo que se prohíbe no es la pretensión de
obtener la prestación contributiva por desempleo, sobre lo cual nada se indica, sino la opción por la modalidad de
capitalización para destinarla al uso que el desempleado pretenda, ante una situación de mera provisionalidad. Por ello,
sin privarle de su derecho al nacimiento de la prestación, se difiere la conversión en pago único en tanto no se
pronuncie el órgano jurisdiccional, pues la declaración de la improcedencia del despido y la opción empresarial por la
readmisión situaría al desempleado en la tesitura de abandonar su proyecto de autoempleo, teniendo que devolver lo
indebidamente percibido [art. 209.5 b) LGSS], o bien forzarle a una dimisión voluntaria con el fin de tener vía libre para
desarrollar tal iniciativa, pero que le dejaría en una situación extraña a la situación legal de desempleo, como requisito
sine qua non para el nacimiento del derecho a la prestación. Proponiendo, de lege ferenda, la fijación de plazos
distintos para solicitar la prestación por desempleo en función de que se hubiera o no impugnado el despido, en tanto
ésta se vuelve en contra del trabajador, DEL VAL TENA, A.L.: “Capitalización de la prestación por desempleo: ¿es
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 562