La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

es lógico pensar que los datos contenidos en la copia básica deben ser únicamente aquéllos que
pueden ser objeto de la actuación inspectora 134 , ciñéndose al momento preciso en el cual aquel
contrato fue concertado 135 .
Con estos límites, la remisión de la mencionada copia básica puede realizarse mediante la
presentación física de la misma en el Servicio Público de Empleo o a través del procedimiento
regulado en el capítulo II Real Decreto 1424/2002 (convenientemente actualizado a al luz del
Real Decreto 1671/2009), es decir, a través de medios telemáticos.
Ello significa que el empleador tiene la obligación de dar traslado, bien directamente a la
oficina de empleo, bien de forma automatizada, dos documentos diferentes: uno para
cumplir con la obligación de comunicar los contratos celebrados o sus prórrogas, y otro que
contenga la copia básica firmada (sin rubricar en el caso de que no haya representación
legal) 136 . Sea como fuere, lo cierto es que los Servicios Públicos de Empleo están obligados a
incorporar a la base de datos del SPEE, compartida con los respectivos de las Comunidades
Autónomas, todos los extremos definidos como obligatorios (art. 4.1 Real Decreto
1424/2002).
Igualmente, es la Orden EYE 298/2011 la que se ocupa de adaptar la remisión de la copia
básica a las peculiaridades de Castilla y León, con los trámites anteriormente referenciados,
de aplicación también a este supuesto.
3º.- Aun cuando la versión actual del art. 16 ET no realiza mención alguna sobre la
necesidad de hacer saber a la oficina pública la terminación de los contratos de trabajo,
debiendo entender inexistente esta obligación, lo cierto es que de lege ferenda convendría
restaurarla atendiendo a su importancia a efectos de control del flujo de mano de obra.
4º.- El simple hecho de que no haya sido comunicado al Servicio Público de Empleo
competente el contenido de un contrato, o el de sus prórrogas, no acarrea consecuencia
negativa alguna en el orden contractual, pues ese trámite no invalidará el vínculo laboral
celebrado. Antes al contrario, estaríamos ante una infracción administrativa de carácter leve,
tal y como dispone el art. 14 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social
(LISOS) 137 . La ausencia de comunicación de los contratos o de entrega a los representantes
de los trabajadores de la copia básica se encuentran tipificadas como infracciones graves en
el art. 15.4 LISOS.
5º.- Nuevos compromisos documentales introduce la Ley 35/2010, pues, de un lado, el art.
15.9 ET atribuye al empleador, tanto en el caso del transcurso de los límites temporales
previstos para el contrato por obra o servicio determinado (3 años ampliables 12 meses más
por convenio colectivo sectorial) [art. 15.1 a) ET], cuanto en el de superación de los
previstos para la situación de encadenamiento de los contratos temporales [art. 15.5 ET], el
deber de dar por escrito al trabajador, en los diez días siguientes al cumplimiento de los
plazos, un documento justificativo sobre su nueva condición de trabajador fijo de la empresa.
De otro, se reconoce al empleado el derecho a solicitar, por escrito, no del empresario, sino
de los Servicios Públicos de Empleo, un certificado de los contratos temporales celebrados, a
los efectos de acreditar la condición de fijo 138 . No obstante, esta última previsión ha de
entenderse en suspenso a tenor de lo previsto en el art. 5 Real Decreto Ley 10/2011, de 26
de agosto, en virtud del cual “se suspende, durante el período de los dos años siguientes a la
entrada en vigor de este Real Decreto ley, la aplicación de lo previsto en el art. 15.5 ET”.
134
ALBIOL MONTESINOS, I.: Comités de empresa y Delegados de personal, Deusto, Bilbao, 1992, p. 109.
135
ESCUDERO RODRIGUEZ, R.: "La Ley de derechos de información: una Ley a medio camino", RL, núm. 7, 1991, pp. 79-
80.
136
SERRANO FALCÓN, C.: Servicios públicos de empleo y agencias de empleo privadas. Público y privado en la
actividad de colocación, cit., p. 107.
137
STSJ, Cont-Admtivo, Asturias 27 julio 2000 (rec. 205/1997).
138
MOLINA NAVARRETE, C.: “Un nuevo acto del gran teatro de la reforma laboral 2010: una reforma para reformar o
la galería de los disparates”, RTSS (CEF), núm. 331, 2010, p. 120.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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