La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

conforme al cual las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán, entre otras actuaciones, “d) promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres
en los órganos de selección y valoración”. Para el concreto ámbito de la Administración General
del Estado, el art. 53 Ley Orgánica 3/2007 establece que “todos los tribunales y órganos de
selección del personal de la Administración General del Estado y organismos públicos vinculados
o dependientes de ella, responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y
hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas”. La regla del EBEP,
aplicable a todas las Administraciones públicas, es menos exigente que la de la Ley Orgánica
3/2007, pues se limita a expresar una tendencia o una directriz a la que procurarán ajustarse
quienes dispongan la composición de los órganos de selección, pero sin que exista obligación de
motivar la composición desequilibrada (en términos de género) de los tribunales que, por lo
demás, vendrá impuesta muchas veces por la imposibilidad de encontrar en cada
Administración y en cada proceso selectivo un número igual de féminas y varones que reúnan
los requisitos de profesionalidad, especialización e imparcialidad exigidos. La cuestión gira, por
tanto, en torno a la noción presencia equilibrada, la cual, de acuerdo con la disposición adicional
primera de la Ley 3/2007, significa la intervención de “mujeres y hombres de forma que, en el
conjunto a que se refiere, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean
menos del cuarenta por ciento” 521 .
4.- Independencia y discrecionalidad técnica
El art. 47.1 LFPCL dispone que los órganos de selección actuarán con plena autonomía, lo cual
suponen, de un lado, que no pueden estar sujetos a injerencias, presiones externas, ni a
instrucciones de ningún tipo, y, de otro, que su valoración o juicio no puede ser sustituida por
ningún otro órgano, administrativo o judicial, en vía de recurso o revisión de oficio, salvo que se
constate algún vicio de procedimiento o de formación de la voluntad del órgano, de la libertad
de decisión de sus miembros o –cómo no-- la existencia de desviación de poder.
La Orden ADM 853/2009, en su apartado noveno.punto 5, aclara que en el desarrollo del
proceso selectivo corresponde al órgano de selección la aplicación e interpretación de las bases
de la convocatoria, así como la determinación de las formas de actuación en los casos no
previstos.
Como es bien sabido, contra las resoluciones y actos de los órganos administrativos dictados en
el marco de los procesos de selección (incluidos los de mero trámite) podrá interponerse recurso
tanto en vía administrativa como judicial, aun cuando no menos conocidas resultan las graves
disfunciones que puede originar la estimación jurisdiccional, siempre tardía, de tales
instrumentos jurídicos. Variadas son las tachas que pueden tratar de oponerse a algunos de los
actos a través de los cuales terminan los procesos de reclutamiento: ya sean deficiencias
orgánicas (como sería la irregular composición de los tribunales), ya infracciones meramente
procedimentales, ya, en fin, de fondo (por haberse apartado la resolución de los criterios de
capacidad y méritos implícitos en el desarrollo de las pruebas o consignados en la convocatoria
o de los parámetros establecidos por las comisiones juzgadoras) 522 .
A la hora de proceder a valorar la procedencia de la revocación de un acto administrativo
mediante el cual se ha procedido a la selección de un determinado empleado público, es
necesario considerar si el órgano selectivo se ha movido dentro de los márgenes fijados por las
normas de obligado cumplimiento (incluyendo las bases de la convocatoria y los baremos de
méritos), pero también es preceptivo tener en cuenta que dichos órganos gozan de
discrecionalidad técnica para apreciar y comparar la capacidad de los diferentes candidatos 523 .
Constituido casi en un principio secular en materia de acceso al empleo público, a partir de tal
criterio a los jueces les queda vedado sustituir con su parecer el de la autoridad técnica
designada al efecto (ni siquiera cuando medie prueba pericial en contrario) 524 . Actuar de tal
manera supondría, a instancias de una clásica jurisprudencia, excederse ampliamente del
521
CAVAS MARTINEZ, F.: “Adquisición y pérdida de la relación de servicio”, cit., pág. 610.
522
PARADA VAZQUEZ, R.: Derecho del empleo público. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, cit., pág. 147.
523
TARDIO PATO, J.A.: Control jurisdiccional de concursos de méritos, oposiciones y exámenes académicos, Madrid,
1986, págs. 58 y ss.
524 STS, Cont-Admtivo, 8 julio 1984 (RJ 3641).
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 462