La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Por último, la Ley 35/2010 amplía también el colectivo de mujeres que pueden ser
contratadas a través de la modalidad contractual de fomento de la contratación indefinida
(con una indemnización por extinción del contrato declarada improcedente por el juez o
reconocida por el empresario de 33 días por año trabajado): además de las que quieran
acceder a ocupaciones con menor índice de empleo femenino, se añaden las mujeres en los
dos años posteriores al parto o la adopción; víctimas de violencia de género o de trata de
seres humanos y desempleadas que se reincorporen al mercado laboral tras inactividad
laboral de 5 años.
Pese a todos estos incentivos, lo cierto es que los datos de contratación no reflejan grandes
cambios, lo que no hace sino confirmar el siempre denunciado prejuicio empresarial a la
incorporación de trabajadoras en sus plantillas y las reticencias a la contratación de las
mismas. Reticencias ligadas, fundamentalmente, a los costes vinculados a la maternidad y a
la asunción de cargas familiares.
7.2.- Incentivos a la contratación de jóvenes
El desempleo juvenil constituye, como es sabido, uno de los puntos débiles del mercado de
trabajo español desde hace décadas. Consecuentemente, en el marco de la política de
empleo, el colectivo de jóvenes ha venido siendo uno de los receptores de un trato
preferente, fomentándose su contratación, sin que ello vulnere el principio de no
discriminación en las relaciones laborales contemplado en el art. 17.1 del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores, toda vez que ese mismo precepto admite la posibilidad de
que se establezcan legalmente “exclusiones, reservas y preferencias para ser contratado
libremente” (apartado segundo) y autoriza al Gobierno para que regule “medidas de reserva,
duración o preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de
trabajadores demandantes de empleo” y para que otorgue “subvenciones, desgravaciones y
otras medidas para fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores que
encuentren dificultades especiales para acceder al empleo” (apartado tercero).
Además, a partir de la reforma laboral de 1997, las indicadas medidas deben orientarse no
ya hacia cualquier tipo de contratación, sino que han de promover prioritariamente el empleo
estable de los trabajadores desempleados y la conversión de contratos temporales en
contratos por tiempo indefinido (apartado 3 del art. 17 ET).
Iniciando la reflexión en los años 80, ya la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo,
contemplaba entre los destinatarios de los Programas de fomento del empleo para grupos
específicos de trabajadores con dificultades de inserción en el mercado de trabajo a “los
jóvenes demandantes de primer empleo” (art. 10), definidos como “aquellas personas cuya
edad esté comprendida entre dieciséis y veintiséis años, o hasta veintiocho años, si fueran
titulados superiores inscritos en las Oficinas de Empleo y que con anterioridad no hayan
realizado actividad profesional, como trabajadores por cuenta ajena o autónomos” (art. 11).
Posteriormente, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con una visión más amplia,
sitúa en su art. 26 a “los jóvenes” entre los colectivos prioritarios que deben ser objeto de
programas específicos adoptados por el Gobierno y por las Comunidades Autónomas,
destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración
en el mercado de trabajo.
La evolución del fomento de la contratación indefinida de jóvenes, ha sufrido variaciones a lo
largo del tiempo. Así, en los años 80, las ayudas iban destinadas a la contratación de los
menores de 26 años, consistiendo el incentivo dispensado por los entes públicos en una
reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes
durante toda la vigencia del contrato.
Posteriormente, en los primeros años de la década de los 90, se establecían ayudas según
tramos de edad, distinguiendo entre menores de 25 años y entre 25 y 29 años con una
subvención de unos 24.000 € por contrato (entonces 400.000 pts.). A partir de 1997, la
edad de los jóvenes objeto de tutela pública se incrementa, haciéndolo extensivo a los
521 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN