La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Las adaptaciones y ajustes de tiempos consisten en la puesta a disposición del aspirante de
los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas y/o
tecnológicas asistidas que precisen para la realización de las pruebas, así como la garantía
de la accesibilidad a la información y comunicación de los procesos y al recinto o espacio
físico donde éstas se desarrollen. No hay que olvidar, sin embargo, que no se trata de
conceder privilegios sino de compensar las desventajas que puedan tener los aspirantes con
discapacidad para la realización de las pruebas, de tal manera que puedan participar en
condiciones de igualdad con los demás. De hecho, la no realización de la adaptación para
aquellas personas con discapacidad que así lo precisen y lo demanden, colocaría a éstas en
una situación de desigualdad efectiva en relación al resto de candidatos. Debe existir, no
obstante, congruencia entre la adaptación y la naturaleza del ejercicio para el que se ha
solicitado, a fin de no desvirtuar el sentido primigenio de la prueba.
Por último, aunque la norma guarde silencio al respecto, la decisión sobre la concesión o
denegación de las adaptaciones debería comunicarse a los interesados con carácter previo a
la fecha del examen, para evitar que el candidato se presente sin saber si va a disponer o no
de dichas adaptaciones. Y en caso de denegación, el tribunal calificador deberá motivar de
manera suficiente su decisión 591 .
2.- En cuanto a la adaptación del puesto de trabajo, se establece, de una parte, que una vez
superado el proceso selectivo, las personas admitidas en la convocatoria ordinaria con plazas
reservadas para discapacitados podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden
de prelación para la elección de las vacantes, por motivos de dependencia personal,
dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditadas.
Para determinar la justificación de la medida se tendrá en cuenta, en lo que resulte de
aplicación, lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción y autonomía
personal y de atención a las personas en situación de dependencia (art. 14 Decreto
83/2008).
De otra, que los empleados públicos con discapacidad podrán pedir la adaptación del puesto
o de los puestos de trabajo correspondientes, siendo competencia de la Consejería u
organismo al que esté adscrita la plaza en cuestión asumir la valoración, la realización y la
financiación de las adaptaciones necesarias para la incorporación del empleado discapacitado
(art. 14 Decreto 83/2008) 592 .
Este derecho a la adaptación a sus necesidades del correspondiente puesto de trabajo
procederá siempre que ésta no implique una modificación exorbitante de la organización de
la actividad o sea incompatible con el contenido de la plaza o con el servicio que se presta.
Las solicitudes habrán de conocerse antes de los procesos de adjudicación de destinos de
nuevo ingreso, aportando un informe del órgano competente que acredite la procedencia de
la misma y la compatibilidad con el desempeño del puesto, valorada teniendo en cuenta las
concretas actuaciones a realizar 593 .
Se busca con ello dar cumplimiento a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de
diciembre, para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación por motivos de religión,
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, que obliga a que la legislación interna
prohíba la discriminación en el empleo, entre otros motivos, por discapacidad, promueva
medidas positivas de igualdad de oportunidades y la adopción de ajustes razonables que
remuevan las barreras u obstáculos en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo
en todo tipo de ocupación, incluida la obrante en las Administraciones Públicas 594 .
3.- Cabe tener presente, también, a los efectos de dotar de contenido al art. 59.2 EBEP, que
en el Decreto 83/2008 se prevé como otra medida favorecedora de la integración la
formación previa a la incorporación al puesto de trabajo (art. 17.1). Así “entre los criterios
de valoración que se establezcan para la participación en los cursos de formación de
empleados públicos que realice la Administración de Castilla y León, se incluirá el de estar
afectado por una discapacidad cuyo grado sea igual o superior al 33 por 100” (art. 17.2).
591
SOLER ARREBOLA, J.A.: “Particularidades en el acceso al empleo público de personas con discapacidad”, Aranzadi
Social, núm. 6, 2009, BIB 2009\698, pág. 13.
592
FERNANDEZ-CUERVO ARROYO, A.: Gestión de los procesos de selección de personal para el acceso al empleo
público estatal y la participación de las personas con discapacidad, Madrid, 2007, pág. 132.
593
La STS, Cont-Admtivo, 11 febrero 2008 (RJ 1822) establece que “el margen de apreciación que en la comprobación
tiene la Administración viene delimitado, por un lado, porque ha de referirse a quienes tienen las minusvalías indicadas
y, por el otro, porque son las funciones de las plazas convocadas las que definen la capacidad en cuestión”, dejando,
por tanto, al órgano pertinente la determinación individualizada de la compatibilidad personal y funcional.
594
RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Novedades sobre la discriminación por discapacidad en la Unión
Europea”, Relaciones Laborales, núm. 21, 2008, págs. 3 y ss.
473 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN