La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

técnica o de prestación de servicios tecnológicos, o aquellas otras de carácter
complementario necesarias para el adecuado progreso científico y tecnológico de la sociedad;
ello siempre y cuando las actividades formen parte de los Programas de desarrollo de los
Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica o de Innovación. Igual posibilidad
asiste a los consorcios y fundaciones del sector público en las que la participación estatal sea
inferior a la de cada una de las restantes Administraciones Públicas, bajo la condición de que
su fin social coincida con el antes mentado, y también bajo la de formar parte de los
Programas de desarrollo de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica o de
Innovación.
-- Otros Organismos Públicos de Investigación diferentes a los regulados en la ley que
realicen el tipo de investigación descrito en su art. 13.1, si bien sólo --y de nuevo-- cuando
sean beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas que incluyan en su objeto la
contratación de personal investigador.
Pero, además, todos los mentados disponen de la alternativa de poder contratar personal
investigador a través de las modalidades de contrato de trabajo establecidas en el ET, sin
mencionar ningún tipo concreto (al contrario de cuanto ocurre en el art. 48 LOU), con lo cual
tendrán la facultad de poder acudir al amplio abanico recogido en la norma de remisión con
el sólo requisito de acreditar el principio de causalidad al que ha de servir el vínculo
seleccionado. Todo ello, procede advertir, sin perjuicio de reconocer --en alambicada
redacción-- “que corresponde a las Comunidades Autónomas que hayan asumido
estatutariamente la competencia exclusiva para la regulación de sus propios centros y
estructuras de investigación la definición y regulación del régimen de contratación de
personal investigador de sus estructuras de investigación”; eso sí, y para respetar el art.
149.1.7 CE, siempre “en el marco de la legislación laboral vigente” (art. 20.2 in fine LCTI).
Previsión a completar con lo demandado por la disposición adicional 28ª LCTI, la cual remite
a contratos sometidos al ET y al convenio colectivo vigente en la entidad de adscripción.
Reseña aparte merece el un tanto extravagante apartado 4 del art. 20 LCTI, cuyo primer
inciso sitúa en la obtención del título de Doctor la frontera que separa la formación del
personal investigador y el inicio de la etapa posdoctoral. Su mayor interés en este momento
del discurso radica en considerar que la etapa inicial, orientada al perfeccionamiento y
especialización profesional de los investigadores, podrá ser desarrollada (“entre otros
mecanismos” --piénsese fundamentalmente en las becas--) mediante los procesos de
movilidad y la contratación laboral de duración determinada.
No menos extravagante, y hasta desfasada a pesar de su juventud, resulta la disposición
adicional 23ª LCTI. No --desde luego-- en cuanto hace a la inaplicabilidad de la duración
máxima prevista para los contratos para obra servicio en el art. 15.1 a) ET (a las cuales
alude genéricamente el art. 20.2, con mayor detalle los arts. 26.7 y 30 y en disposición
adicional 14ª LCTI), cuando venga referida a los proyectos específicos de investigación
científica o técnica, pues ya la Ley 35/2010 proporcionó nueva redacción al precepto del ET
(“lo dispuesto en el artículo 15. 1 a) en materia de duración máxima del contrato para obra o
servicio determinado no será de aplicación a los contratos celebrados por las
Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las
modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la LOU o en cualesquiera
otras normas con rango de ley cuanto estén vinculadas a un proyecto específico de
investigación o de inversión de duración superior a tres años”), ni siquiera cuando se trate de
una sucesión de vínculos de esta especie para la realización de diversos proyectos de
investigación 201 . Pero sí en la prescripción relativa a la inaplicabilidad de los párrafos primero
y segundo del art. 15.5 ET (a partir de lo contemplado en la disposición adicional 15ª ET): el
art. 5 de Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, declara la suspensión durante los dos
años siguientes a su entrada en vigor de todo el contenido del art. 15.5 ET. Mayor falta de
201 STS 6 marzo 2009: “El actor realizó las tareas propias de cada proyecto de investigación para el que fue contratado
y la naturaleza de cada proyecto permite individualizarlos, entre ellos y en relación con lo que puede constituir la
actividad permanente y habitual del organismo demandado, cuyo funcionamiento habitual no depende de que se
realicen estos u otros proyectos distintos […] Consecuentemente, el que los proyectos de investigación del organismo
demandado estén dentro de lo que se puede considerar su actividad normal y cotidiana no empece a la posibilidad de
contratar el personal necesario para servirlos a través de la modalidad temporal para obra o servicio determinado,
siempre que tales proyectos, tanto por su contenido como por su limitación en el tiempo, con un principio y un fin,
aunque no se sepa exactamente el momento de su terminación, sean individualizables entre sí dentro de esta actividad
habitual”.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 384