La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Autónoma tiene competencias ejecutivas de la legislación laboral en general. Los Estatutos
de Aragón 67 y Castilla y León 68 son más incisivos e incluyen expresamente en las
competencias ejecutivas las políticas de ocupación y la intermediación laboral. El Estatuto de
Autonomía de Cataluña manifiesta expresamente que corresponde a la Generalitat la
competencia ejecutiva en “la intermediación laboral, que incluye la regulación, la
autorización y el control de las agencias de colocación con sede en Cataluña” 69 . En fin –y
todavía más contundente--, el Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a esta
Comunidad Autónoma una “política propia de relaciones laborales, que comprenderá en todo
caso las políticas activas de empleo, la intermediación y el fomento del empleo y del
autoempleo” 70 .
Con la reforma del mercado de trabajo de 2010, se añade un tercer apartado al art. 23 LE,
en el que, en consonancia con el progresivo protagonismo que han ido adquiriendo otras
Administraciones territoriales diferentes de la Estatal en materia de intermediación laboral,
se atribuye a los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, la gestión de
los recursos destinados a las políticas activas de empleo para el cumplimiento de los
objetivos fijados por el art. 25 de esta misma Ley; es decir, para: a) Informar y orientar
hacia la búsqueda activa de empleo; b) Desarrollar programas de formación profesional
ocupacional y continua y cualificar para el trabajo; c) Potenciar la práctica profesional; d)
Crear y fomentar empleo, especialmente estable y de calidad; e) Promocionar el autoempleo,
la economía social y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas; f) Promover la
creación de actividad que genere empleo; g) Facilitar la movilidad geográfica; y h) Impulsar
políticas destinadas a la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión
social 71 .
Seguidamente, tras la promulgación del Real Decreto Ley 3/2011, se modifica el art. 17 LE
para atribuir competencia a los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas
en relación con las siguientes materias: a) Diseño y establecimiento de las medidas
necesarias para determinar las actuaciones de las entidades que colaboren con ellos en la
ejecución y desarrollo de las políticas activas de empleo y la gestión de la intermediación
laboral; b) Participación en la elaboración de la Estrategia Española de Empleo y del Plan
Anual de Política de Empleo; c) Elaboración de sus propios planes de política de empleo, de
acuerdo con los objetivos del Plan Anual de Política de Empleo y en coherencia con las
orientaciones y objetivos de la Estrategia Española de Empleo.
Como último hito a destacar, es menester tener en cuenta que el Real Decreto Ley 14/2011
añade una nueva disposición adicional 8ª a la LE para señalar que “en el marco de los
convenios que se suscriban entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas podrán
adoptarse los correspondientes acuerdos de traspaso para la participación en la gestión de
las bonificaciones de las cuotas sociales a la contratación indefinida, respecto de los
trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo radicados en su Comunidad Autónoma,
así como respecto de los trabajadores y trabajadoras autónomos radicados en ella”.
Lógicamente, en esta progresión, no cabe olvidar que la CE fija los límites de la asunción
competencial permitida: la prohibición de discriminaciones en el empleo o privilegios
económicos o sociales por razón de territorio (arts. 14, 139.1 y 149.1.1 CE) se alzan como
fronteras infranqueables para las competencias reseñadas; en igual sentido, las políticas
autonómicas no han de suponer una ruptura del principio de unidad y la libre circulación
entre personas y bienes (arts. 149.1.10 y 11 y 139.2 CE); tampoco pueden vulnerar las
garantías constitucionales de equilibrio, solidaridad y armonización interterritorial, evitando
posibles desequilibrios entre regiones (arts. 138.1, 150.3 y 158.2 CE). En ningún supuesto el
cuadro competencial autonómico excederá los linderos marcados por la CE y el nivel de
facultades compartidas que la Norma Fundamental habilita, presididas, además, por las
67
Aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril.
68
Aprobado por Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, modificado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre.
69
Aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio.
70
Aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. En la doctrina, MONEREO PÉREZ, J.L.: “La distribución de
competencias en el Estado Social Autonómico en materia de políticas de empleo e inmigración”, TS, núm. 198, 2007,
p. 20.
71
FERNÁNDEZ COLLADOS, M.B.: “Servicios públicos de empleo y agencias de colocación”, Guía práctica de la reforma
laboral de 2010, CAVAS MARTÍNEZ, F. y LUJÁN ALCARAZ, J., (coords.), Laborum, Murcia, 2010, p. 235.
231 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN