La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Teniendo como referencia el mencionado Acuerdo 72 (valorado en términos ciertamente
positivos, en cuanto garantiza un mayor consenso social y permite abordar los problemas por
quienes más cercanamente los sienten 73 ) y con la finalidad de proporcionar respuesta urgente a
los graves problemas en aquél apuntados, el Gobierno dictó --en buena muestra de ese
fenómeno jurídico complejo, propio de los Estados sociales y democráticos de Derecho, conocido
con el nombre de “legislación negociada” 74 --, los Reales Decretos-leyes 8 y 9/1997, de 16 de
mayo (convalidados posteriormente en trámite parlamentario y sustituidos por las Leyes 63 y
64/1997, de 26 de diciembre, respectivamente) 75 .
La nueva redacción dada al art. 17.3 ET por el Real Decreto-Ley 8/1997 dejó bien a las claras la
intención del nuevo enfoque legal, al desaparecer cualquier mención a la contratación temporal
como medida de fomento del empleo 76 e introducir un párrafo final a tenor del cual las medidas
a adoptar por el Gobierno estarán orientadas, prioritariamente, a fomentar el empleo estable de
los trabajadores desempleados y la conversión de contratos temporales en contratos por tiempo
indefinido, intentando “satisfacer tanto la exigencia empresarial de vías más flexibles en la
gestión de su personal como la exigencia sindical de reducir el proceso de precarización salvaje
de los contratos de trabajo confiando que ello dé como resultado la creación y el mantenimiento
de empleos también estables” 77 .
De este modo, la finalidad primordial asumida consiste no sólo en frenar los graves efectos
producidos tanto por las altas tasas de paro como por la precariedad en el empleo sobre el
crecimiento económico 78 ; sino también en conseguir que la recuperación económica tenga un
reflejo social inmediato en la creación de empleo; pero no de cualquiera, sino del estable y de
mayor calidad, “que reduzca la elevada tasa de paro, la excesiva temporalidad y la intensa
rotación de los contratos, haciendo compatibles los objetivos de flexibilidad en la gestión de las
relaciones laborales y de seguridad o permanencia en el puesto de trabajo” 79 .
Para lograr tal resultado, el medio utilizado vuelve a ser la fijación de “un marco adecuado de
relaciones laborales que posibilite una mayor flexibilidad al tiempo que una mayor permanencia
en el empleo, siendo sus objetivos inmediatos la inserción laboral de los jóvenes y su formación
en y para el trabajo, la promoción de contratos indefinidos y el control de la contratación
temporal, la clarificación y abaratamiento del despido objetivo económico y el protagonismo de
la negociación colectiva interconfederal y sectorial estatal” 80 .
y ss.
72
Hasta el punto de llegar a afirmar cómo “quienes realmente han producido, han elaborado, el contenido material de tal
norma son los denominados ‘agentes sociales’ (las organizaciones sindicales y empresariales más representativas)... En
definitiva, lo que el Gobierno ha hecho mediante el dictado del RDLey no ha sido sino afrontar la elaboración de las
correspondientes disposiciones a fin de conectar la dicción literal de la norma con los compromisos, fines y resultados de lo
previsto en el Acuerdo”, PEDRAJAS MORENO, A.: “Novedades en la contratación laboral...”, cit., pág. 7.
73
ALFONSO MELLADO, C.L.: La nueva regulación del contrato de trabajo a tiempo parcial: aspectos laborales, Valencia
(Tirant lo Blanch), 1999, pág. 19.
74
BORRAJO DACRUZ, E.: “Los nuevos contratos laborales o la magia social de las leyes pactadas”, AL, núm. 26, 1997,
pág. 631. Este fenómeno de la legislación negociada “constituye el procedimiento normativo de síntesis en el que se
funden los dos cauces históricos de juridificación de aquellas relaciones sociales; en el que convergen, en suma, soberanía
política y autonomía privada”, VALDÉS DAL-RE, F.: “La legislación laboral negociada entre la concertación social y el
diálogo social”, en AA.VV. (VALDÉS DAL-RE, F., Dir.): La reforma pactada de las legislaciones laboral y de Seguridad
Social, cit., pág. 28.
75
La utilización de esta técnica legislativa ha sido contestada por algún sector de la doctrina, pues “esta justificación no
convence. Si en la negociación de los acuerdos interconfederales se han invertido muchos meses, y se ha pedido
reiteradamente acopio de paciencia para la maduración de las decisiones, no parece coherente negar su tiempo y su papel
a la tramitación parlamentaria. Bien está la legislación negociada, pero no a costa de reducir a la mínima expresión la labor
del órgano al que la Constitución encarga la elaboración de las leyes”, MARTÍN VALVERDE, A.: “La reforma laboral de
1997”, Derecho de los Negocios, núm. 84, 1997, pág. 15.
76
Algún autor ha advertido sobre los efectos negativos de tal omisión, pues con dicha supresión el Gobierno queda libre
para establecer contratos del fomento de empleo con la duración que estime más conveniente y, además, tampoco está
obligado a imponer una cierta compensación como indemnización para el caso de su extinción. BORRAJO DACRUZ, E.: “Los
nuevos contratos laborales o la magia social de las leyes pactadas”, cit., pág. 645.
77
RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “La reforma legislativa anunciada y el Acuerdo Interconfederal para la
Estabilidad del Empleo”, cit., pág. 73.
78
PALOMINO SAURINA, P.: “El contrato para la formación”, AL, núm. 17, 1998, pág. 319.
79
GALIANA MORENO, J.Mª. y CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Algunas consideraciones sobre la última reforma legislativa del
mercado de trabajo. (A propósito de los Reales Decretos-leyes 8/1997 y 9/1997, de 16 de mayo)”, cit., pág. 242.
80
CASAS BAAMONDE, Mª.E.: “Diálogo y concertación social: el Acuerdo Interconfederal sobre Estructura de la Negociación
Colectiva”, RL, núm. 10, 1997, pág. 90. En efecto, el AIEE deja clara su intención de otorgar mayor protagonismo en la
503 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN