La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

No obstante, y a pesar de las difíciles circunstancias que rodearon al SEAF, se obtuvo la
experiencia suficiente para constatar que la unidad de gestión era un sistema que dotaba de
mayor eficiencia a los recursos públicos utilizados así como también de una superior eficacia
en aras a la consecución de las metas del conjunto. De ahí que el INEM, encargado
inicialmente de la intermediación en el mercado laboral, reciba poco después el traspaso, en
virtud del Real Decreto 1325/1981, de 19 de junio, de la competencia para el reconocimiento
del derecho y abono de las prestaciones por desempleo, ejercida hasta ese momento por la
Seguridad Social. De esta forma, bajo el principio de unidad de acción, se reúnen, en una
sola institución, la gestión, en todo el territorio español, de las funciones de colocación y
promoción de empleo, cualificación profesional, información y orientación o asesoramiento y
reconocimiento del derecho y pago de las prestaciones por desempleo.
Seguidamente, con fundamento institucional en el propio IMEM, se creó un sistema nacional,
público y gratuito, aún sin descentralizar, regulado en la Ley 51/1980, de 8 de octubre,
Básica de Empleo (LBE), continuando prohibida la existencia de agencias privadas de
colocación, de cualquier clase y ámbito funcional 208 .
La LGSS de 1974 atribuyó al Instituto Nacional de Previsión “la gestión de las funciones y
servicios derivados de las prestaciones por desempleo” [art. 196.1 c)], encomendando al
mismo “el reconocimiento del derecho a las prestaciones, incluida su posible prórroga y (…)
la prestación complementaria consistente en el abono a los trabajadores de las
indemnizaciones reconocidas por las Magistraturas de Trabajo”. Como consecuencia de la
asunción por el Estado de la gestión institucional del empleo y de la unificación de los
servicios de empleo y colocación, las funciones conferidas por la LGSS de 1974 al Instituto
Nacional de Previsión, como Entidad Gestora, se transfieren después al INEM, organismo
estatal autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y sometido, en aquel momento, al
régimen jurídico de la Ley de 26 de diciembre de 1958, de Entidades Estatales Autónomas,
tratando de escapar “por comodidad o por práctica viciosa de la legislación general” 209 . El
INEM se creó por el Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, regulándose su
estructura por el Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio, con la finalidad de proporcionar
unidad y eficacia en el ámbito de la política de empleo, no en vano ésta estuvo confiada
hasta ese momento de forma fraccionada a diversos Ministerios, lo cual dificultaba la puesta
en práctica de una acción integral. Así, en una misma Entidad se pasó a gestionar la
intermediación en el mercado de trabajo, la formación profesional, el fomento del empleo y –
cómo no-- las prestaciones por desempleo 210 .
Con posterioridad, el Real Decreto 432/1999, de 12 de marzo, de adaptación de diversos
organismos autónomos a las previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), que deroga la Ley de
Entidades Estatales Autónomas, asignó al INEM la condición de Organismo Autónomo,
dotado de personalidad propia para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de
Trabajo y con representación tripartita. Contando con tal antecedente, el art. 11 LE atribuye
ahora al SPEE, sucesor del extinto INEM, esta misma condición de Organismo Autónomo, de
acuerdo con lo previsto en el art. 43.1 LOFAGE. Ello no obstante, los vigentes arts. 226, 227,
228 y 233 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS), lo siguen denominando, de manera
un tanto equívoca, Entidad Gestora, en la idea de que el SPEE concentra su esfuerzo
burocrático en la gestión del desempleo, que constituye su actividad principal 211 .
208
VIDA SORIA, J., et alii, “Los servicios públicos de empleo”, Empleo y mercado de trabajo: nuevas demandas,
nuevas políticas, nuevos derechos. XXIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales, MOLINA NAVARRETE, C., (coord.), CARL, Sevilla, 2005, p. 151.
209
DE LA VILLA GIL, L.E.: “Desarrollo económico y Administración Laboral”, Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Cincuenta estudios del Profesor Luis Enrique de la Villa Gil. Homenaje a sus 50 años de dedicación universitaria, CEF,
Madrid, 2006, p. 1658.
210
SERRANO FALCÓN, C.: “El modelo de Servicio Público de Empleo en la OIT”, A treinta años de la adopción del
Convenio núm. 150 de la OIT sobre la Administración del Trabajo. Un diálodo entre Europa y América Latina, CASALE,
G. Y MONEREO PÉREZ, J.L, (dir.), Comares, Granada, 2010, p. 52.
211
MERCADER UGUINA, J.R. y TOLOSA TRIBIÑO, C., Derecho Administrativo del Trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia,
2000, p. 208.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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