La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

c) Potenciar la igualdad entre mujeres y hombres, la paridad de oportunidades ante el
empleo y la discriminación positiva para aquellos colectivos desfavorecidos en el mercado
laboral, así como tener en cuenta la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas de
empleo.
d) Mejorar el funcionamiento del Servicio Público de Empleo, la atención personalizada y los
itinerarios de acompañamiento e inserción laboral, potenciando la intermediación entre la
oferta y demanda de trabajo, protegiendo las situaciones de desempleo, teniendo en cuenta
las realidades sectoriales y territoriales, así como la cohesión social y territorial de Castilla y
León.
e) Estimular la creación de empresas, dando valor al autoempleo, a los autónomos y a las
diversas formas de economía social, estimulando a los emprendedores y creando las
condiciones necesarias para el surgimiento de nuevas actividades.
f) Implicar a toda la sociedad, especialmente a los agentes económicos y sociales, a
empresas y trabajadores, en la consecución de los anteriores objetivos.
4.- Fomento de la ocupación
La lectura de los Estatutos de Autonomía más próximos en el tiempo corrobora que
efectivamente el fomento de empleo forma parte de la política de relaciones laborales de las
distintas Comunidades Autónomas. Puede hacerse referencia, así, a los arts. 169 y 173 del
Estatuto de Andalucía, donde se recogen, como colectivos prioritarios de las acciones de
incentivo de la ocupación, a los jóvenes, discapacitados y aquellos que se encuentran en
situación de exclusión social o tienen especial riesgo de pasar a dicha situación. También, el
art. 79 del Estatuto de la Comunitat Valenciana, donde el fomento del empleo se prevé como
una forma de desarrollo económico y social, competencia propia de la Comunidad. Más
escueto se manifiesta el Estatuto de Cataluña, que alude al derecho de formación profesional
y al derecho de acceso gratuito al servicio público de colocación (art. 25.1), regulación muy
similar a la recogida en el Estatuto de las Islas Baleares. Por su parte, en el Estatuto de
Aragón, el pleno empleo es un principio rector de la política pública de los poderes de la
Comunidad (art. 26) y del marco de actuación de la política económica (art. 99.3).
Asimismo, el Estatuto de Castilla y León también reconoce, como derechos laborales, el
acceso gratuito y en condiciones de igualdad al servicio público de empleo, y el derecho a la
formación profesional (art. 13.4), y considera principio rector de la política pública la
creación de empleo estable y de calidad (art. 16.3), estableciendo el fomento de la
ocupación de los jóvenes como un objetivo preferente (art. 16.12).
Aun cuando aquellas Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos no han sido objeto de
reforma reciente, no prevén de forma expresa su intervención en materia de fomento del
empleo, sí que reconocen títulos competenciales que les permiten adoptar medidas sobre la
cuestión. Basta mencionar, así, el art. 26.1.17 del Estatuto de la Comunidad de Madrid 84 ,
que establece como competencia de la Comunidad “el fomento del desarrollo económico de
dicha Comunidad dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional”, o el
art. 26.1.24, que recoge, entre las prerrogativas de esta Comunidad Autónoma, la
promoción integral de la juventud, entendiendo que los incentivos a la colocación de los
jóvenes son un modo esencial de promoción. Previsiones muy similares a éstas se efectúan
en los arts. 24.14 y 24.22 del Estatuto de Autonomía para Cantabria 85 . Un poco más explícito
es el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia 86 , al reconocer, como obligación de los
poderes públicos, la de adoptar medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso
económico y social, facilitando el empleo y la mejora de las condiciones de trabajo. Todavía
más claro es el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha 87 , que no sólo diseña el título
competencial de “planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo de la
84 Aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero.
85 Aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre.
86 Aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio.
87 Aprobado por Ley Orgánica 2/1982, de 10 de agosto.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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