La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

ejercicios y puntuaciones que se especifiquen en la convocatoria y se ajustarán a lo dispuesto
en los arts. 55 y 61 EBEP; en aquellos procesos selectivos en los que se incluya, además de las
preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes, sólo se podrá
otorgar esta valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por
sí misma el resultado del proceso selectivo”.
En fin, en aras a evitar el fenómeno de los “aprobados sin plaza”, se establece que los órganos
de selección no podrán proponer un número de aprobados superior al de puestos convocados
(art. 61 in fine EBEP, art. 47.4 LFPCL, art. 28.2 CCPL y apartado decimosexto.punto 4 Orden
ADM 853/2009). Esta previsión no es nueva, pues ya se recogía en el art. 18.5 LMRFP, que
sancionaba con nulidad de pleno derecho cualquier propuesta en contrario. Sin embargo, el
EBEP (no así la normativa autonómica) es mucho menos tajante que la legislación que deroga,
pues contempla como excepción el supuesto de que la propia convocatoria del proceso selectivo
prevea lo contrario. Se ha querido introducir aquí un factor de flexibilidad, muy conveniente en
determinados cuerpos en los que se prevea un elevado número de vacantes, pero en todo caso
excepcional, debiendo quedar debidamente justificado en la convocatoria. Lo que no aclara este
precepto, como hubiera sido deseable, es la situación en la que quedarían en este caso los
candidatos aprobados que no hubieran obtenido plaza, cuáles serían sus derechos y, en su caso,
hasta cuándo podrían ejercitarlos. Tendrá que ser el legislador de desarrollo el que dé impulso a
las múltiples posibilidades que a partir de esta regulación podrían plantearse y que, en todo
caso, parecen evocar lejanamente la vieja figura del supernumerario. En cualquier caso, lo que
sí sería recomendable es que la Administración tuviera una actitud prudente a la hora de hacer
uso de esta excepción en sus convocatorias, debiendo sopesar si resulta rentable o no el recurso
a esta fórmula, así como las consecuencias que ello pudiera acarrear, pues no sería extraño que
se produjeran presiones reivindicativas por los aspirantes aprobados que pudieran terminar
conduciendo a una inflación de puestos sin que realmente existiera causa organizativa que los
justificara 558 .
Más razonable parece, no obstante, la fórmula adoptada en el segundo párrafo del art. 61.8
EBEP, donde se establece que siempre que los órganos de selección hayan propuesto el
nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de
asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los seleccionados,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano
de selección relación complementaria de los candidatos que sigan a los propuestos, para su
posible nombramiento como funcionarios de carrera 559 . El apartado decimosexto de la Orden
ADM 583/2011 añade el supuesto de fallecimiento de alguno de los aspirantes o la no
presentación en plazo de la documentación necesaria para la toma de posesión o la firma del
contrato. Esta posibilidad está sometida, no obstante, a una importante restricción temporal:
queda limitada únicamente a aquellos supuestos en los que el candidato propuesto renuncie a
su nombramiento inmediatamente después de que el órgano competente lo haya efectuado o
antes de que tome posesión en el plazo legalmente previsto. Si la renuncia se produce una vez
que el candidato ha adquirido ya la condición de funcionario de carrera por haber cumplido
todos los requisitos previstos en el art. 62 EBEP, no cabrá la posibilidad de cubrir las vacantes
por el cauce aquí enunciado y habría que recurrir a cualquiera de las vías ordinarias previstas en
la legislación para su cobertura. Por otra parte, aunque el precepto no lo diga, debe entenderse
que los candidatos llamados a sustituir al renunciante han debido superar también con éxito –
aunque con menor puntuación, se entiende— las pruebas selectivas, toda vez que en caso
contrario se verían seriamente comprometidos los principios de mérito y capacidad.
6.- Agilidad
A este principio hace referencia el apartado noveno.punto 3 de la Orden ADM 853/2009,
añadiendo la cláusula decimotercera que las pruebas selectivas se desarrollarán de acuerdo con
el calendario previsto, debiendo concluir antes de finalizar el ejercicio de la oferta de empleo
público. No obstante, si surgieran circunstancias imprevistas o la complejidad del proceso así lo
aconsejara, la Dirección General de la Función Pública podrá autorizar motivadamente que el
desarrollo de las pruebas finalice con posterioridad al ejercicio de la correspondiente oferta de
empleo público. El art. 44.4 LFPCL establece, además, un plazo máximo de 8 meses para la
resolución del proceso selectivo.
558 CANTERO MARTINEZ, J.: “Sistemas selectivos”, cit., pág. 555.
559 CAVAS MARTINEZ, F.: “Adquisición y pérdida de la condición de funcionario”, cit., pág. 618.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 466