La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

No distante, la decisión en sentido contrario --al menos de partida, en excepción con
potencial para convertirse en regla-- ya había sido adoptada antes, en el art. 3 RD 99/2011,
de 28 de enero, según el cual “la duración de los estudios de doctorado será de un máximo
de tres años, a tiempo completo, a contar desde la admisión del doctorado en el programa
hasta la presentación de la tesis doctoral. No obstante lo anterior, y previa autorización de la
comisión académica responsable del programa, podrán realizarse estudios de doctorado a
tiempo parcial. En este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años
desde la admisión al programa hasta la presentación de la tesis doctoral. Si transcurrido el
citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la
comisión responsable del programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por un año
más, que excepcionalmente podrá ampliarse por otro adicional en las condiciones que se
hayan establecido en el correspondiente programa de doctorado. En el caso de estudios a
tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos años más que, asimismo,
excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional”.
De tal regulación cabe seguir dos consecuencias. La una, ya anticipada, esa casi segura
aplicación de las prórrogas supra mentadas, a riesgo de rebajar el alto nivel de las tesis en
España; la otra, un claro desajuste legal --otro más-- entre la duración de este contrato y la
de los estudios de doctorado, llamado --sin duda-- a provocar más de algún problema en la
practica.
El legislador, según ocurre en los contratos formativos comunes, tiene una especial
sensibilidad en este aspecto cuando el investigador en formación es una persona con
discapacidad, pudiendo alcanzar un máximo de seis años, prórrogas incluidas, teniendo en
cuenta el grado de limitaciones en la actividad y --aquí sí-- las características de la
investigación acometida.
Aun cuando la norma no lo exprese, en esta modalidad a término --y no a condición-- la
obtención del título de doctor no supone su automática extinción, sino que tal acaecerá con
la finalización del plazo en curso.
3º.- Manteniendo cuanto ya contemplara su precedente (pero, recuérdese, transitoriamente
vigente), no cabrá eludir la duración máxima a través de la formalización de distintos
contratos de esta modalidad, utilizando (como es perfectamente factible, dada la
permanencia de “escuelas” o “grupos afines”) diferentes Universidades u Organismos
públicos para mantener a un investigador en este tipo de relación.
4º.- Por último, y sobre igual consideración en anteriores precedentes (acomodándose --en
la primera muestra legal significativa dentro de este ámbito-- a toda la extensión demandada
por el EBEP), las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y la
lactancia, maternidad, paternidad y adopción o acogimiento suspenderán el cómputo de la
duración máxima del contrato.
d) Retribución. La letra d) del precepto contiene una norma mínima de derecho necesario
absoluto, unos umbrales salariales por debajo de los cuales no cabe formalizar el contrato;
en concreto, no podrá ser inferior al 56 por 100 del salario fijado para las categorías
equivalentes en los convenios colectivos durante los dos primeros años, al 60 por 100
durante el tercer año y al 75 por 100 durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al
salario mínimo interprofesional que se establezca cada año, de conformidad con cuanto
prevé el art. 27 ET.
Tal disposición mueve --cuando menos-- a una triple reflexión:
Primero, y principal, encontrar el referente propio para las “categorías equivalentes”, en
tanto no existen. Probablemente el camino más seguro venga dado por acudir al vigente
Estatuto del Investigador en Formación contemplado en el RD 653/2006, pero en la mentada
analogía falla de manera grave la premisa de partida; tampoco media un parámetro al efecto
contemplado en aquella norma. Habida cuenta de tal lamentable ausencia, no corregida por
la vía de una negociación colectiva (que, amén de su difícil encaje en el sistema de fuentes,
ha ignorado --o excluido de manera expresa-- su existencia en los convenios del PDI), la
doctrina científica ha postulado su equiparación con el Ayudante (no Doctor), como primer
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 386