La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Capítulo I. Contrato de trabajo en prácticas y para la formación
I.- Introducción
La inserción profesional de los jóvenes encuentra en los contratos laborales formativos su
expresión más característica y, quizá, la más acabada desde un punto de vista formal.
En un análisis como el que pretende la obra resultaba imprescindible, por tanto, entrar en
detalle sobre el régimen legal y problemas de articulación práctica que atañen a los contratos
en prácticas, de un lado, y para la formación y el aprendizaje, de otro. Sobre todo de este
último, habida cuenta de su importante remodelación a través del art. 1 RD Ley 10/2011, de
26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento
de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recalificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo. La Exposición de Motivos de
aquella norma añade un argumento adicional sobre el mentado interés, con su proyección
transitoria a los mayores de veinticinco y menores de treinta años, “pues dentro de ese
grupo de edad existen en estos momentos importantes déficits de cualificación profesional y
elevados niveles de desempleo”.
Razones muy distintas avalaron la inclusión en esta sede de otros jóvenes cuya alta
preparación previa convertía al contrato en prácticas ordinario en un referente inapropiado.
Vinculados al acceso al empleo público (cuyo estudio tiene lugar en otro momento del
ensayo), pero compartiendo idéntica finalidad de incorporación al mercado laboral para
perfeccionar los conocimientos adquiridos e intentar abrir el camino a un mejor futuro
profesional, también se incluye, aquí y ahora, una amplia reflexión sobre otros contratos
formativos “especiales”, como son los suscritos para docencia e investigación en la
Universidad o los específicos para la investigación que recoge la novísima (de ahí su interés)
Ley 4/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología e Innovación (LCTI).
Definido el objetivo de esta colaboración, menester resultaba ajustar la metodología al
objetivo último que pretende la encomienda. Para ello parecía imperioso adoptar un doble
patrón: interés práctico y repercusión en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En
orden a cohonestar ambos, las fuentes seleccionadas no pueden prescindir de ninguna
proveniente de la Ley, ni estatal (muchas de ellas recentísimas y de compleja hermenéutica),
ni autonómica (en un nuevo diálogo no menos difícil); tampoco de la doctrina jurisdiccional
emanada del Tribunal Supremo. Sin embargo, y para atender al segundo de los indicadores
han sido filtradas otras vías de conocimiento, tales como las provenientes de la doctrina
científica y de pronunciamientos judiciales o convenios colectivos no obtenidas de esta
Comunidad Autónoma (recogiendo sólo cuantos por su actualidad o enfoque aporten aquel
acervo de inmediato interés en la praxis diaria); recordando, por el contrario, todas las
aportaciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (en sus dos ubicaciones) y
(conforme ha sido pauta en la extensa aportación sobre la formación en general que
contiene esta monografía) los convenios colectivos registrado como de ámbito autonómico,
advirtiendo --no obstante-- sobre las escasas aportaciones que estos últimos contemplan al
respecto, y eso cuando al menos recogen algunas previsiones, pues muchos pueden ser
descartados de inicio ante su silencio y falta de interés.
Con tal bagaje entre manos, sirva al lector el presente discurso.
II.- El Contrato de Trabajo en Prácticas
Contemplado en el art. 11.1 ET, y desarrollado en lo fundamental --pero no únicamente-- en
el RD 488/1998, de 27 de marzo, a pesar de la reforma operada por el Capítulo III de RD
Ley 10/2010, de 16 de junio (respecto al título habilitante, incorporando el “certificado de
profesionalidad”, y a la ampliación del plazo durante el cual es posible realizarlo, pasando de
cuatro a cinco años), lo cierto es que se trata de una modalidad de utilización limitada por
los empresarios españoles, con un porcentaje numérico sensiblemente inferior al resto de los
contratos temporales, incluido el previsto para la formación y el aprendizaje, cabiendo
337 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN