La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

9.- Régimen específico de Castilla y León. Consideraciones generales a
partir del Plan Regional de Empleo 2011
El proceso progresivo de descentralización producido en España desde los años ochenta por
el que las Comunidades Autónomas asumen paulatinamente competencias en servicios
públicos hasta entonces previstos únicamente para la Administración Central, pone en
marcha un proceso irreversible de descentralización administrativa e institucional en sus
políticas de promoción económica, aproximando los mecanismos de decisión a los ámbitos
territoriales inferiores para que se adecuen a sus necesidades. Dicho proceso nace, además,
como consecuencia de la necesidad de afrontar una situación generalizada de crisis
económica, que se traduce en unos índices crecientes de paro y la destrucción de tejido
productivo y que provoca que las Administraciones regionales y locales comiencen a cobrar
un creciente protagonismo en los programas de desarrollo 161 .
No obstante, la importante limitación que supone la competencia exclusiva del Estado en
materia de legislación laboral reduce las posibilidades de actuación de la política de fomento
de empleo autonómica al establecimiento de estímulos a la contratación, principalmente de
carácter económico, formativo y de asesoramiento: subvención a determinadas modalidades
de contrato de trabajo, formación profesional gratuita o asistencia técnica en materia laboral.
Una segunda restricción proviene de la reserva de que goza la Administración del Estado en
la gestión de las políticas pasivas de empleo o de protección por desempleo (al ser materia
que corresponde al régimen económico de la Seguridad Social y, por tanto, de competencia
exclusiva del Estado de acuerdo al art. 149.1.17º CE) y, en consecuencia, el reconocimiento
del derecho a las mismas y el pago de las prestaciones que correspondan continúan siendo
competencia del Servicio Público de Empleo Estatal. Como lo siguen siendo las
correspondientes al Programa de Empleo Agrario, que el Gobierno considera política pasiva
de empleo.
Una tercera podría ser consecuencia de la sujeción de la competencia autonómica a “los
objetivos marcados por la política económica nacional”, de acuerdo al art. 148.1.13º CE, así
como de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales según
el art. 149.1.3º CE. En este caso, razones institucionales justificarían que, en presencia de
tales objetivos, cediese la autonomía competencial a favor de la acción estatal
En definitiva, el reparto de competencias de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de
Autonomía permite una política autonómica de fomento de empleo autónoma, en la medida
que procede de una ordenación legislativa propia que cuenta con sus propios medios de
financiación, pero, sin embargo, las obligaciones derivadas de los compromisos comunitarios
sobre el empleo asumidos por el Estado español, limitan considerablemente tal autonomía, al
vincularla a las políticas de empleo nacional y europea.
En Castilla y León, las líneas de actuación económica más recientes se contienen en el II
Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial, que contempla, entre otras, la
necesidad de la mejor cualificación de las personas, así como la estimulación de la creación
de empresas que permita el mantenimiento y la creación de empleo.
Estas líneas estratégicas deberán complementarse con las actuaciones a desarrollar en
materia de política de empleo, que en coordinación con las anteriores, deben lograr, de
forma conjunta, una actuación eficaz con el fin de incrementar la actividad económica y el
trabajo existente.
En este sentido, y siguiendo el precedente de los cuatro anteriores, el Plan Regional de
Empleo 2011, promovido por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
161 QUESADA SEGURA, R.: “La dimensión local de la política de empleo”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J.L.; MORENO
VIDA, Mª.N. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., Dirs. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A., Coord.): El Derecho del Empleo. El
Estatuto Jurídico del Empleo. Estudio sistemático de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, actualizado con la
reforma laboral, cit., pág. 151.
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 526