La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

neutralidad, evitando patronazgos políticos, corporativos, familiares o sociales" 479 (trasunto fiel
de los paradigmas básicos tantas veces mentados 480 ); también evitar esa impresión general de
"la ausencia de competencia y de lealtad institucional, la preocupante disfuncionalidad, el
consecuente desprestigio social y la creencia común en la población de no bastar para ingresar
con poseer sólo los méritos necesarios" 481 .
Bajo tales premisas, ya la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública (LMRFP), hizo suyos los principios constitucionales de los arts. 23.2 y 103,
pretendiendo unificar a estos efectos la selección de funcionarios y laborales. El legislador,
consciente de los intereses y problemas presentes, abordó, por tanto, la cuestión con la
"originalidad" en su planteamiento de que los preceptos dedicados a la materia abarcaban a
todos, poniendo el acento, en ambos casos, en un mismo fin: la identificación creciente entre el
tipo de pruebas efectuadas y las tareas a desempeñar 482 . Decantó su criterio, pues, por una
uniformidad de arranque, sin distinguir de partida entre las especies 483 , "funcionarizando" para
ello el régimen jurídico de los trabajadores al extender un sustrato básico común; el reclamo de
convocatoria pública a través de oposición o concurso-oposición, en los cuales se garantizaran
los principios constitucionales (art. 19 LMRFP) 484 , lo que constituía –y constituye-- una
traslación de la doctrina de los actos separables al ámbito de la contratación laboral por la
Administración pública 485 . Partiendo de la "normalización del personal laboral", pretendió
diseñar un modelo compartido con el propósito de desterrar el margen de discrecionalidad
apreciado --y acusado-- sistemáticamente en su proceso selectivo 486 .
Como ha reconocido la doctrina jurisdiccional en numerosas ocasiones, este precepto (entonces
vigente) resultaba aplicable a todas las Administraciones y a todos sus empleados, incorporando
un mandato cuyo carácter imperativo no cabía desconocer 487 , con la consecuencia añadida de
que en la fase de reclutamiento debía prevalecer la posición de poder público frente al envés de
la condición de empleador-patrón 488 .
Bajo esta misma perspectiva, el actual art. 55.2 EBEP se esfuerza en dejar claro que las
“Administraciones públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales” tantas veces citados. El
interés general, llamado a presidir la actuación de conformidad con el principio de eficacia,
impide --se repite-- al empresario público reclutar discrecionalmente a quien más le convenga,
al margen de los parámetros de mérito y capacidad, debiendo hacerlo obligatoriamente con el
más capaz para el puesto a desempeñar atendidos determinados criterios objetivos. Es más, los
principios de mérito y capacidad no sólo son aplicables para la selección de personal funcionario
o laboral en todas las Administraciones públicas, sino también, de un lado, en las Entidades y
organismos a que se refiere el art. 2 EBEP (Administración General del Estado, Administraciones
de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, Administraciones de las
Entidades Locales, Organismos públicos, Agencias y demás Entidades de Derecho Público con
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones
públicas y Universidades públicas) y, de otro, en las Entidades del sector público estatal,
autonómico y local no incluidas en el art. 2 EBEP (fundaciones y empresas públicas con forma
de sociedad) por mandato expreso de la disposición adicional primera EBEP 489 .
Ahora bien, aun cuando la CE pretende que ingresen en el empleo público, mediante los
procedimientos selectivos correspondientes, quienes, de entre los candidatos, reúnan
mayores méritos y capacidad, sancionando cualquier otro resultado como contrario al
479
Por todos, ARROYO YANES, L.M.: La carrera administrativa de los funcionarios públicos, cit., pág. 193.
480
LANDA ZAPIRAIN, J.P., et alii: La contratación laboral temporal en las Administraciones Públicas, Madrid, 1993, pág. 30
y ALVAREZ DE LA ROSA, M.: "El régimen jurídico de las incompatibilidades en los contratos de trabajo del sector público",
Documentación Administrativa, núms. 210-211, 1987, pág. 229.
481
MARTINEZ MARIN, A.: Régimen jurídico de los funcionarios, Madrid, 1999, pág. 51.
482
ALVAREZ RICO, M. y GONZALEZ-HABA GUISADO, V.Mª.: Administración y función pública en España, Madrid, 1992,
pág. 383.
483
Por extenso, especialmente sugerente la exposición de CASTILLO BLANCO, F.A.: "Las problemáticas fronteras entre el
Derecho Laboral y el Derecho Administrativo: a propósito de los contratos temporales en el sector público", Revista
Española de Derecho Administrativo, núm. 86, 1995, págs. 187 y ss.
484
AGRA VIFORCOS, B.: "La homogeneización del régimen jurídico del personal al servicio de la Administración. Aspectos
de Derecho individual", en AA.VV.: Las relaciones laborales en las Administraciones Públicas, XI Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Vol. I, cit., pág. 304.
485
QUINTANA LOPEZ, T. y RODRIGUEZ ESCANCIANO, S.: "Efectos de la anulación de los actos separables sobre la
contratación laboral de las Administraciones Públicas", Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, núm. 13, 2001, págs. 9 y ss.
486
MOLERO MARAÑON, M.L.: Acceso y clasificación profesional en las Administraciones Públicas, cit., pág. 46.
487
Dada su claridad, STS, Social, 30 marzo 1999 (Ar. 3775); en igual sentido, STSJ, Social, Valencia 10 julio 2001 (Ar.
1682).
488
MOLINA GARCIA, M.: El contrato de trabajo en el sector público, Granada, 2000, pág. 23.
489
SANCHEZ MORON, M.: Derecho de la Función Pública, cit., pág. 141.
453 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN