La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Sin embargo, uno de los principales retos que confrontan los inspectores del trabajo es que
el empleo informal, por ejemplo, servicios domésticos, es casi siempre invisible a sus ojos.
En una situación como esta puede ser de gran ayuda el nivel de consciencia del problema del
trabajo forzoso en la comunidad y que lleve a denunciar o informar de la existencia de
trabajo no declarado. El panorama se torna también complicado cuando se cambia de lugar
de trabajo regularmente, por ejemplo, vendedores ambulantes, pequeños sitios móviles de
construcción, o actividades agrícolas estacionales.
Frente a tal perspectiva, se necesitan nuevas formas integradas de pensar para abordar el
reto de detectar el trabajo no declarado, especialmente en un mundo con formas de trabajo
cambiantes y de tercerización de la producción y por ello es preciso combinar una variedad
de enfoques integrados 692 .
En España, la principal consecuencia legal del trabajo no declarado consiste en la imposición
de una sanción al empresario tipificada en la LISOS. Sin embargo, la imposición de una
sanción a los empleadores que utilizan trabajo no declarado es controvertido. A la luz de la
experiencia europea, las sanciones aparentemente tienen una efectividad limitada. En
algunos casos el tamaño de la multa no es suficientemente grande para desalentar a los
empleadores. De hecho, algunos empresarios seguirán arriesgándose a emplear trabajadores
no declarados siempre y cuando el costo de la sanción sea menor que la diferencia entre el
costo de la mano de obra de trabajadores declarados y no declarados. Por otra parte, si la
sanción impuesta es excesivamente alta, puede generar un efecto contraproducente ya que
podría llevar la empresa a la quiebra, particularmente cuando se aplica a micro o pequeñas
empresas. Como resultado, los trabajadores no declarados podrían convertirse en
desempleados, lo cual no es beneficioso para el trabajador o la empresa. Consecuentemente,
es de fundamental importancia que las sanciones se apliquen de manera proporcional con
miras a la viabilidad y éxito en el largo plazo de la empresa y sus trabajadores 693 .
En un intento de hacer aflorar el empleo sumergido por otra vía que no fuera punitiva, se
promulga el RD-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del
empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, a modo de última arma de
lucha contra el empleo sumergido.
El RD-Ley se articula en dos momentos: en primer lugar propiciar una regulación sin
sanción; y en un segundo momento, y como incentivo, endurecer las penas y sanciones de
los empresarios irregulares pasado el período de gracia.
De este modo, esta norma establece un plazo durante el cual los empresarios pudieron
voluntariamente regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren ocupados por
los mismos de manera irregular: “por no haber solicitado su afiliación inicial o alta en la
Seguridad Social, podrán regularizar la situación de los mismos desde la entrada en vigor de
este Real Decreto-ley y hasta el 31 de julio de 2011”, es decir, desde el 7 de mayo hasta el
pasado 31 de julio de 2011 (art. 1). Quizá éste fue el momento para que aquellos
empleadores con relaciones no sólo clandestinas sino también dudosas sobre su calificación
como laboral, hubieran procedido a regular a dichos empleados para minimizar riesgos a
escaso coste 694 .
También, y aun cuando la norma no menciona en ningún momento a las Administraciones
Públicas, parece posible que estos organismos, así como las empresas públicas y otros entes
se hayan acogido a este proceso 695 .
692
OIT: La inspección del trabajo en Europa: trabajo no declarado, migración y tráfico de trabajadores, Ginebra (OIT),
2010, págs. 4 y ss.
693
OIT: La inspección del trabajo en Europa: trabajo no declarado, migración y tráfico de trabajadores, cit., págs. 4 y
ss.
694
SEMPERE NAVARRO, A.V. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: El empleo sumergido. Comentarios al RD-Ley 5/2011, de 29 de
abril, cit., pág. 57.
695
SEMPERE NAVARRO, A.V. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: El empleo sumergido. Comentarios al RD-Ley 5/2011, de 29 de
abril, cit., pág. 58.
717 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN