La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

3.1.- La cualificación para el puesto y oficio
Habida cuenta de la pretensión de unas cualificación ocupacional que subyace a esta
modalidad, y habiendo abordado ya la inviabilidad de que vuelva a acudir a esta vía quien
ya “se ha cualificado” por haber prestado antes los servicios que serían objeto de este
contrato 80 o por haber agotado el tiempo para ostentar la condición de formando, un
requisito “natural” viene dado por la imposibilidad de suscribir este singular negocio jurídicolaboral
para cubrir un puesto de trabajo que suponga realizar tareas simples o carentes de la
más mínima complejidad. Por tal motivo, el art. 5 RD 448/1998 excluye su viabilidad si aquél
no es susceptible de acreditación formal o no es considerado como objeto de cualificación por
el sistema de clasificación previsto en convenio.
He aquí una llamada directa a los interlocutores sociales para que en la negociación
delimiten, primero, los puestos de trabajo que reúnen la exigencia aquí y ahora analizada 81
y, después, el encuadramiento profesional apropiado respecto de la naturaleza de la relación
a concluir, a saber, que el trabajo no sólo responda al interés productivo, sino también --y
fundamentalmente-- al formativo 82 , no bastando la remisión a una concreta categoría 83 , sino
la realización de las actuaciones empresariales 84 que garanticen aquel resultado 85 , tanto al
inicio de la prestación cuanto ante eventuales modificaciones de la prestación laboral 86 .
3.2.- La obligación formativa
Éste es, sin duda, el nudo gordiano a articular con tiento. Por tal razón, y rectificando sobre
precedentes anteriores, se tomó legalmente una resolución fundamental: ya no puede
quedar en manos del empresario, sino que habrá de pasar a los sistemas de formación
profesional para el empleo o educativo, buscando la oficialidad (ese “aprendizaje formal” o
“práctica profesional” recogidos en el art. 26 RD 395/2007 87 ) como garantía de éxito.
En esta línea debe ser entendido el párrafo 1º del apartado primero del art. 12, pero, sobre
todo, la disposición final 2ª RD Ley 10/2011 [reiterando cuanto prácticamente con los
mismos términos establece el párrafo 4º de la letra d) de aquel precepto], cuyo tenor no
deja lugar a dudas sobre el futuro pretendido por los políticos del momento: “El Gobierno,
con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, previa consulta de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, adoptará las normas reglamentarias que
correspondan para que la formación del trabajador en los contratos para la formación y el
aprendizaje sea impartida directamente por centros formativos en los términos establecidos
en el presente Real Decreto Ley, desarrollándose en régimen de alternancia con el trabajo
efectivo para favorecer una mayor relación entre éste y la formación y el aprendizaje del
trabajador”.
Hasta tanto tenga lugar la promulgación de la nueva normativa, continúa en vigor la
existente, dentro de la cual cobran importancia los aspectos a continuación analizados.
3.2.1.- La formación teórica
Constituida por el contenido de los módulos formativos que demandan los certificados de
profesionalidad de la ocupación relacionada con el oficio o puesto de trabajo previsto en el
contrato. De no existir certificado de profesionalidad, estará conformada por los mínimos
orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas para las ocupaciones o
especialidades relativas al oficio o puesto de trabajo para el que se efectúa el contrato y, en
su defecto, por los contenidos ad hoc determinados por la empresa y comunicados al
80
STSJ Castilla y León/Valladolid 15 mayo 2000.
81
ALBIOL MONTESINOS, I.: Contratos formativos: Prácticas y aprendizaje, cit., pág. 21.
82
STSJ Castilla-La Mancha 23 noviembre 2004 o, sin entrar en mayor profundidad, STSJ Castilla y León/Valladolid 3
noviembre 2010.
83
STSJ Cataluña 23 septiembre 2004.
84
Deber empresarial sobre el cual incide la STSJ Galicia 20 enero 2005.
85
SSTSJ Canarias/Las Palmas 6 mayo 2003 y Castilla-La Mancha 27 abril 2006. De ahí la recuperación de la limitación
numérica de contratos para la formación --ahora desaparecida-- que sigue en el art. 12. 2º. 3º, anejo, CC Medianas
Superficies de Distribución de Alimentación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
86
VILA TIERNO, F.: “El contrato para la formación”, cit., pág. 341.
87
STSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife 10 marzo 2007.
349 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN