La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

desapareciendo en el empleo público, hasta el punto que en numerosos cuerpos de servidores
públicos superiores –no así en los de designación política--, la proporción de entrada de la mujer
es igual o muy superior a la de los hombres, tendencia que, además, tiende a incrementarse 563 .
A todo ello cabe añadir que el apartado segundo in fine del Decreto 14/2011, de 24 de marzo,
prevé, como criterio de discriminación positiva, que “si alguna de las aspirantes no pudiera
completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados,
su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que
hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el
ejercicio del derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos
razonables, lo que deberá ser valorado por el órgano de selección, y en todo caso la realización
de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que hayan superado
el proceso selectivo”.
V.- Cupo de reserva para personas discapacitadas
Particularmente difícil resulta para los jóvenes discapacitados acceder al empleo público. De
sobra es conocido cómo el art. 9.2 CE impone a los poderes públicos la obligación de
“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social” 564 . Justamente uno de los “obstáculos” más evidentes a los cuales
eventualmente ha de hacer frente el ser humano es el de su falta de capacidad, una
disminución física o psíquica cuyo lastre le impida desarrollar, en mayor o menor grado, toda
su potencialidad 565 .
Por tal razón, la propia Norma Fundamental incluye, entre los principios rectores de la
política social y económica, un claro mandato –quizá el “más relevante” en esta materia—
dirigido a los poderes públicos 566 : realizar una labor de previsión, tratamiento, rehabilitación
e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, prestándoles cuanta atención
especializada requieran (art. 49 CE), compeliendo a los órganos públicos a llevar a cabo las
acciones necesarias para situar a los minusválidos en pie de igualdad con los demás
ciudadanos y trabajadores, de modo que puedan desenvolverse sin restricciones en una
sociedad competitiva y en un medio adverso que se rige por las leyes inexorables del
mercado 567 . Es pacífica, así, la idea de que nuestro ordenamiento jurídico debe de
preocuparse de los trabajadores con capacidad reducida tanto para facilitar su acceso al
mercado de trabajo o reincorporación al mismo, cuanto para contemplar de manera singular
sus obligaciones profesionales; la lectura del art. 49 CE, antes reseñado, y su concordancia
con la cláusula compensadora del art. 9.2, el derecho al trabajo sin discriminaciones a que
alude el art. 35.1, el objetivo tendencial del pleno empleo consagrado por el art. 40 o la
invocación de la dignidad de la persona que lleva a cabo el art. 10, lo indican claramente 568 .
Parece innecesario, por evidente, justificar cómo uno de los campos en los cuales con mayor
fuerza pueden dejarse sentir esos designios imperativos de “igualdad real y efectiva” e
“integración de los disminuidos” es, precisamente, en el ámbito de las relaciones
laborales 569 , habida cuenta el trabajo humano –retribuido y por cuenta ajena—no sólo
supone para la mayor parte de la población el medio de obtención de los recursos
563
CAVAS MARTINEZ, F.: “Adquisición y pérdida de la relación de servicio”, cit., pág. 614.
564
VALDES DAL-RE, F.: “Derechos en serio y personas con discapacidad”, Relaciones Laborales, núm. 12, 2005, pág.
9.
565
SEMPERE NAVARRO, A.V.: “El trabajo de los minusválidos: problemas de su regulación”, Tribuna Social, núm. 91,
1998, pág. 56. Asimismo, Dictamen del Comité Económico y Social a cerca de la “Comunicación de la Comisión sobre
la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía” y “Proyecto de resolución del Consejo y de los
representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre igualdad de
oportunidades de las personas con minusvalías”. DOCE núm. C 66/35, de 3 de marzo de 1997.
566
FERNANDEZ FERNANDEZ, R.; TASCON LOPEZ, R.; ALVAREZ CUESTA, H. y RODRIGUEZ HIDALGO, J.G.: Los
minusválidos en el mercado laboral: Incentivos a su contratación y régimen jurídico de su prestación de servicios, León,
2004, pág. 21.
567
GARCIA MURCIA, J.: “El trabajo de los incapacitados”, Tribuna Social, núm. 91, 1998, pág. 25.
568
ESTEBAN LEGARRETA, R.: Contrato de trabajo y personas con discapacidad, Madrid, 1999, pág. 41.
569
GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las medidas de protección de los minusválidos: caracteres generales y calificación”,
Temas Laborales, núm. 7, 1986, pág. 52 y MESTRE DELGADO, J. y DE LA PEÑA, M.: “El régimen de los minusválidos
en España”, en AA.VV (MUÑOZ MACHADO, S. y DE LORENZO, R., Dirs.): Código europeo de las minusvalías, Madrid,
1996, pág. 434.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 468