La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

incentivos económicos indirectos como las bonificaciones o exenciones de las cuotas de la
Seguridad Social (reducciones de un porcentaje o exclusión del pago de las cotizaciones sociales
a cargo del empresario) y normas de fomento fiscal del empleo (deducciones, desgravaciones o
exenciones en impuestos y tributos a ciertos contratos) y las medidas de carácter normativo o
institucional que facilitan o agilizan el empleo, flexibilizando la entrada y salida del mercado de
trabajo (contrato de fomento de la contratación indefinida, de establecimiento de reserva o
preferencia en la colocación de determinados grupos de trabajadores, etc. --art. 17.3 ET--).
También es posible diferenciar las políticas de empleo en atención a la calidad del empleo
promovido (fomento de empleo temporal frente al empleo indefinido o estable y fomento de
empleo a tiempo parcial frente al realizado a tiempo completo) o, en fin, teniendo en cuenta los
poderes públicos que las implantan y gestionan (arts. 3 y 4 de la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo): Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales 125 .
Tras las últimas reformas legislativas, dichas políticas activas de empleo, si bien de un lado
parecen quedar reservadas a los servicios públicos, especialmente autonómicos, que son los que
determinan las acciones de mejora de la ocupabilidad [art. 231.1.i) LE], sin embargo, de otra
parte, en ese mismo precepto, en la letra c), se otorgan a las agencias de empleo facultades
para llevar a cabo acciones de promoción, formación y reconversión profesional. De este modo,
las agencias privadas serán competentes para controlar al trabajador que percibe prestaciones
por desempleo; para determinar los trabajos de colaboración social, programas de empleo o
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que debe realizar el
desempleado beneficiario de prestaciones; y para determinar también cuál es la oferta de
empleo adecuada que el desempleado está obligado a aceptar y cuyo rechazo conlleva la
consiguiente pérdida o extinción de las prestaciones por desempleo. En todo caso, hay que
partir de que el reconocimiento y, en general, la gestión de las prestaciones por desempleo,
debe seguir siendo competencia de las agencias públicas, y con ello la fiscalización, control y
facultades sancionatorias.
Como ha afirmado el ejecutivo, la gravedad de la situación del empleo 126 no permite aplazar
más la adopción de medidas que estimulen la contratación, ni de las que se dirigen a
incrementar las oportunidades de empleo para grupos específicos de trabajadores mediante
la mejora de su empleabilidad, especialmente de los que han agotado la protección por
desempleo. De ahí que en el marco del diálogo social, el 2 de febrero de 2011, el Gobierno y
los interlocutores sociales hayan suscrito el “Acuerdo Social y Económico para el crecimiento,
el empleo y la garantía de las pensiones”, que aborda, entre otras medidas, la reforma de las
políticas activas de empleo, incluyendo programas de carácter extraordinario y urgente para
la situación coyuntural. Las líneas acordadas sobre esta reforma tienen como principal
objetivo mejorar la eficiencia de las políticas internas de empleo.
En una coyuntura económica adversa como la actual son precisamente las ramas de
actividad que más puestos de trabajo han perdido durante la crisis las que, en los años
anteriores a la misma, crearon más empleo (principalmente construcción, industria
manufacturera, comercio, hostelería y servicios de comidas y bebidas). Además, son
actividades con un fuerte peso en la ocupación total y en las que se da la mayor
concentración de empleo temporal, lo cual ilustra los problemas estructurales de la economía
española y sus repercusiones en el funcionamiento y la situación actual del mercado de
trabajo. Todo ello viene a confirmar la necesidad inaplazable de que el ejecutivo promueva
un cambio de modelo productivo que permita a la economía española seguir avanzando hacia
125 MOYA AMADOR, R.: “Clasificación”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J.L.; MORENO VIDA, Mª.N. y FERNÁNDEZ AVILÉS,
J.A., Dirs. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A., Coord.): El Derecho del Empleo. El Estatuto Jurídico del Empleo. Estudio
sistemático de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, actualizado con la reforma laboral, cit., pág. 618.
126 La consecuencia más grave de la crisis económica y financiera en el mercado laboral español es el importante
aumento de las personas en situación de desempleo. La encuesta de población activa, correspondiente al cuarto
trimestre de 2010, cifra la tasa de paro en el 20,33 %, doce puntos por encima de la existente a finales de 2007. Este
nivel de desempleo, que afecta a cerca de 4.700.000 personas, constituye un coste personal y social para muchos
trabajadores y sus familias; y, además, supone un lastre inasumible para el crecimiento de la economía y del empleo.
Preámbulo del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas.
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 512