La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

La exposición de estas figuras requiere, desde un punto de vista sistemático, separarlas en
función de la norma destinada de regular su contenido fundamental: de un lado, la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) y, de otro, con una proyección
más general, la reciente Ley 4/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (LCTI).
1.- Los contratos formativos en la Universidad a partir de lo previsto en la
LOU
La general aceptación doctrinal del principio de laboralidad en la contratación universitaria
(reaccionando así frente a la exclusividad funcionarial como norte del que partía su
precedente, la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria), a incluir en un
proceso más amplio de la “laboralización” del empleo público 153 , no escapa a una crítica casi
unánime sobre su materialización legal, al entender que la regulación contenida en la LOU
“no ha estado a la altura de las circunstancias” 154 . La razón sobre la cual se asienta tal
opinión radicaba, sobre todo, en la “generosísima remisión normativa” 155 que en su versión
original realizaba a las CC.AA. en orden a la precisión y desarrollo del régimen jurídico de los
tipos contractuales que predeterminaba, como si de una suerte de “norma de transferencia”
del art. 150.2 CE se tratara a las Administraciones Territoriales, en primer término, y a los
Estatutos de las Universidades en un segundo estadio.
Ni la una ni la otra tenían razón de ser. La primera, porque la autonomía territorial en la
ordenación universitaria no puede superar el umbral de la reserva de competencia exclusiva
estatal sobre la normativa laboral contenida en el art. 149.1.7 CE, so pena de
inconstitucionalidad 156 . La segunda, porque la autonomía universitaria bien podría chocar con
el principio de autonomía colectiva consagrado en el art. 37 en relación con el art. 28 CE; en
consecuencia, y en buena técnica jurídico-laboral, no podría ser el reglamento --fuente
normativa en que se concreta el Estatuto de una Universidad, por tanto heterónoma y
unilateral-- el llamado a protagonizar el complemento de la regulación estatal de las
condiciones de trabajo del profesorado contratado, sino el convenio colectivo, en tanto
norma autónoma y bilateral.
Frente al ortodoxo argumento expuesto, lo cierto y verdad es que entre los años 2000 y
2004 la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, aprovechando la mentada
remisión legal, promulgaron normas para desarrollar las figuras contractuales recogidas en la
LOU (en Castilla y León el Decreto 85/2002, de 27 de junio, sobre el Régimen de Personal
Docente e Investigador Contratado por las Universidades Públicas), como si quisieran
asegurarse la primacía política en la determinación de las formas de empleo del PDI y en los
requisitos para acceder a las mismas antes de que tales cuestiones alcanzan concreción a
través de la negociación colectiva, “posiblemente por una cierta desconfianza de las
autoridades académicas y responsables de la Administración educativa territorial hacia la
acción sindical de este colectivo de trabajadores universitarios” 157 .
No obstante, la situación fue reconduciéndose a su cauce natural, y tras la experiencia
pionera del I convenio colectivo del PDI de las Universidades públicas de Madrid, firmado en
2003, el impulso de la negociación colectiva es evidente a partir del bienio 2005-2006 (en
Castilla y León el convenio para sus Universidades públicas aparece publicado en el BOCyL
de 16 de junio de 2008), aun cuando tenga lugar confundiendo --en ocasiones-- el ámbito de
Comunidad Autónoma con el de empresa, cuando la Universidad es regional (conforme
ocurre con las Universidades de Castilla-La Mancha, País Vasco o Extremadura), o cuando
153
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: Acceso y movilidad en la función pública (Sobre la laboralización de alguno de los
“núcleos duros” del Derecho de la Función Pública), Santiago de Compostela (Escola Galega de Administración Pública),
2003.
154
MORENO GENÉ, J.: La actividad investigadora y la contratación laboral: una constante relación de desencuentros,
Valencia (Tirant lo Blanch), 2005, págs. 24 y 449.
155
MOLINA NAVARRETE, C.: “Improvisación de la LOU, ‘perversión’ de la práctica. ¿Sabemos quién fija el régimen del
PDI contratado?”, Revista de Derecho Social, núm. 25, 2004, pág. 84.
156
ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: La contratación laboral del profesorado en la LOU, Santa Cruz de Tenerife (Universidad
de la Laguna), 2002, pág. 20; también DE LA VILLA GIL, L. E.: “¿Qué competencias puede tener una Comunidad
Autónoma para determinar el régimen de su profesorado laboral?”, en AA.VV. (CARO MUÑOZ, A. I. y DEL VALLE
PASCUAL, J. M., Coords.): Jornadas sobre profesorado universitario laboral, Burgos (Universidad de Burgos), 2004,
págs. 7 a 15.
157
BAYLOS GRAU, A.: “El personal docente e investigador contratado en régimen laboral después de la reforma de la
LOU en 2007”, Revista de Derecho Social, núm. 44, 2008, pág. 49.
359 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN