La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Con buen criterio, la Orden ADM 853/2009 explica, en su apartado cuarto.punto 5, que “los
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no hallarse
inhabilitados o en situación equivalente, ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismo términos el acceso al empleo público”.
d) No cabe olvidar que en el ámbito local existe un precepto, el art. 152.2 TRRL, en el cual
se contempla la posibilidad de rehabilitación de los funcionarios cuando han sido separados
por sanción disciplinaria, y no sólo en los supuestos de inhabilitación por resolución judicial
firme, debiendo acreditar el cumplimiento de las responsabilidades en que hubieran incurrido
y haber observado conducta que les haga acreedores a dicho beneficio a juicio de la
autoridad que deba decidir. Esta previsión ha de entenderse en vigor.
e) Aunque expresamente, en el art. 56.1 EBEP y en la Orden ADM 853/2009, no existe
referencia a si los requisitos aquí analizados son exigidos también respecto del acceso a la
condición de personal laboral, implícitamente así se desprende de su encabezamiento, pues
se refiere a los procesos selectivos sin matización alguna, aunque introduce cierta confusión
el hecho de que no aparezca ninguna referencia al despido disciplinario procedente del
personal laboral como impedimento para el acceso a las funciones públicas. En una primera
aproximación, cabría pensar que la separación impide el acceso definitivo como funcionario y
el despido el acceso ad eternum como laboral. De todas formas, si se realiza una
interpretación literal de lo dispuesto en el art. 96.1 b) EBEP, el despido no veta la celebración
de un nuevo contrato de trabajo con objeto diverso, ni incapacita para el reingreso en el
empleo público participando en un proceso selectivo para acceder a la condición de
funcionario. Por ello, la asimilación del funcionario separado del servicio al contratado laboral
despedido es muy imperfecta.
Existe, por tanto, un trato sustancialmente favorable para el personal laboral respecto del
que se prevé para el funcionario, pues la consecuencia del despido disciplinario, se entiende
declarado procedente por los tribunales, será sólo “la inhabilitación para ser titular de un
nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba” [art. 96.1 b)
EBEP], lo que a sensu contrario permitirá al despedido presentarse a otros procesos
selectivos como personal laboral o como funcionario público. En cambio, el funcionario
disciplinariamente separado del servicio tiene mucho más limitada la posibilidad de poder
incorporarse de nuevo al empleo público en cualquier condición.
f) En fin, la lógica consecuencia a seguir de las reflexiones anteriores pasa por reconocer
cómo la aplicación de los condicionantes aquí analizados no lesiona el art. 23.2 CE, pues
entre “los requisitos señalados por las leyes”, y a los cuales hace referencia dicho precepto
constitucional, figuran lógicamente éstos. Tampoco hay infracción del art. 24.1 CE, toda vez
que no se trata de ningún procedimiento sancionador, sino de la ausencia sobrevenida de la
aptitud para el ejercicio de aquellas tareas como consecuencia de la imposición de una
sanción disciplinaria, de la pena de inhabilitación o de la materialización de un despido
disciplinario procedente.
5.- Titulación
El art. 56.1 e) EBEP establece, como requisito para el ingreso en el empleo público, la
posesión de “la titulación exigida” sin más matizaciones ni añadidos, aunque parece claro
que se refiere a la titulación que el art. 76 EBEP requiere para el acceso a los grupos o
subgrupos en los que se clasifican los cuerpos o escalas funcionariales o a los grupos
profesionales que engloban las diferentes categorías, según los correspondientes convenios
colectivos del sector que, como regla general, se ordenan en función del nivel de la titulación
para el personal laboral.
La Orden ADM 853/2009, en su apartado cuarto.4, determina, que para acceder al empleo
público es necesario “tener la titulación o, en el caso de procesos selectivos de personal
laboral, la categoría profesional reconocida conforme a lo establecido en las bases específicas
de la convocatoria”.
El art. 30 LFCE configuraba este requisito en términos más amplios y asimilaba a la posesión
del título la situación de los aspirantes que, sin tenerlo formalmente, estaban en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que terminaba el plazo de presentación de instancias. Ahora, la
fecha de expedición del título, o al menos la acreditación de la solicitud de su otorgamiento
por el interesado, debe ser anterior a la fecha de publicación de la convocatoria, por lo que,
en caso de que el mismo no hubiera sido entregado por la Universidad o el centro educativo
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 482