La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

desarrollo de sus funciones 301 . Por solo poner tres ejemplos: de un lado, se permite que las
entidades colaboradoras (quedando excluidas las que no lo sean) puedan participar en el
diseño de los itinerarios individuales y personalizados de empleo destinados a la mejora de la
ocupación de jóvenes, mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración,
personas procedentes del sector de la construcción y de otros colectivos afectados por la
crisis que tengan baja cualificación establecidos en el art. 3 Real Decreto Ley 1/2011; de
otro, y con carácter más general, las entidades colaboradoras pueden realizar las acciones
derivadas de los itinerarios individuales y personalizados de empleo, diseñados para los
demandantes de empleo por los Servicios Públicos, tal y como establece el art. 19 septies LE,
tras su redacción por el Real Decreto Ley 3/2011 302 ; en fin, solo aquellas agencias que hayan
suscrito convenio de colaboración se equiparan a los Servicios Públicos a efectos del
desarrollo de la obligación de los desempleados de participar en programas formativos o de
inserción laboral, aceptar ofertas de colocación adecuada, renovar la demanda de empleo o
comparecer ante requerimiento o asistencia a las comparecencias indicadas 303 .
La existencia o inexistencia de convenio implica una diversidad de tratamiento en los
servicios dispensados: la suscripción del convenio obliga a efectuar la actividad de
intermediación de forma gratuita, mientras la inexistencia del mismo permite captar recursos
(contraprestaciones) por dicha actividad, siempre por la parte empresarial, nunca por los
trabajadores (art. 22.4 LE), lo cual implica que las agencias que funcionan sin convenio con
los Servicios Públicos de Empleo son precisamente las que pueden obtener lucro por medio
de la realización de sus actividades, confiriéndoles un espacio de actuación autónoma y sin
seguimiento del desarrollo de sus actuaciones en el mercado de trabajo. Esto puede plantear
un inconveniente y es que la retribución de estas agencias llegue a ser desmesurada para el
empresario, resultando solamente interesante el recurso a las mismas cuando se trata de
reclutar trabajadores cualificados. La solución a este problema no se lleva acabo en el
desarrollo reglamentario, que parece dejar libertad al contrato mercantil que se celebre entre
la agencia de colocación y el empresario para fijar tales extremos, teniendo en cuenta,
además, que el art 2 p) de la nueva Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social, atribuye al orden social, por imperativo de la Ley 35/2010, las cuestiones
relacionadas con “la intermediación laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y
los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación autorizadas y otras entidades
colaboradoras de aquellos y entre estas últimas entidades y el servicio público de empleo
correspondiente”.
Sea como fuere, en colaboración con los Servicios Públicos de Empleo o de forma autónoma,
la actividad desarrollada por las agencias de colocación se efectúa con el siguiente
contenido: la puesta en contacto de ofertas de empleo con trabajadores que buscan su
colocación (art. 20.1 LE); la recolocación de trabajadores en procesos de reestructuración
empresarial (art. 20.2 LE); y otras actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo,
como la orientación e información profesional o la selección de personal (art. 21 bis.1 LE).
Los servicios de las agencias de colocación pueden ser solicitados por todos los trabajadores,
ya sean nacionales u originarios de los demás países de la Unión Europea. Pueden ser
usuarios los desempleados, estén o no comprendidos dentro de la protección de la
contingencia de desempleo, o los ocupados en busca de nuevo empleo o de otro
complementario al anterior 304 . Esta complitud de tareas a desarrollar por las agencias de
colocación tiene, no obstante, un importante veto (en lo que se ha venido a denominar
“polifuncionalidad parcial”) 305 : la contratación de trabajadores para su cesión temporal a
otras empresas se circunscribe exclusivamente a las empresas de trabajo temporal –ETTs--
(art. 16.3 ET) 306 .
301
RODRÍGUEZ CRESPO, M.J.: “Los mecanismos de intermediación laboral tras la reforma operada por el Real Decreto
Ley 10/2010. En especial, la aparición de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro”, Información
Laboral. Legislación y Convenios Colectivos, núm. 14, 2010, p. 12.
302
GOERLICH PESET, J.M.: “Reformas en materia de empleo y empresas de trabajo temporal”, La reforma laboral en el
RDL 10/2010, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, p. 168.
303
RAMOS QUINTANA, M.I.: “Intermediación laboral y empresas de trabajo temporal en la reforma de 2010: la
promoción de la intervención privada en el mercado de trabajo”, RL, núm. 2, 2011, pp. 20 y 22..
304
GARCÍA GIL, B., “Servicios públicos de empleo, agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal”,
La reforma laboral de 2010, SEMPERE NAVARRO, A.V. (dir.), Aranzadi, Pamplona, 2010, p. 182.
305
SERRANO FALCÓN, C.: “Servicios públicos de empleo y agencias de colocación”, cit., p. 391.
306 SUÁREZ CORUJO, B.: “Art. 16”, cit., p. 379.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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