La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

La pretendida celeridad, sin perjuicio de la objetividad, tiende a salvaguardar la eficiencia del
proceso de reclutamiento sobre todo si el número de aspirantes fuera elevado. Medidas como la
creación de varios tribunales que actúen de manera paralela, la introducción de exámenes
preliminares tipo test, que permiten una corrección rápida, la utilización de medios informáticos
para el procesamiento de los ejercicios, etc., son instrumentos a utilizar para conseguir la
rapidez perseguida. De todas formas, difícilmente se podrá anular un proceso de selección por
falta de agilidad, a menos que exista una norma expresa de caducidad por el transcurso de un
determinado plazo.
7.- Libre concurrencia
Aunque no ha sido proclamada en el art. 55 EBEP, ha de entenderse plenamente aplicable, pues
el art. 61 EBEP alude a ella como criterio configurador de los procesos selectivos, al disponer
que dichos “procesos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio
de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas
en este Estatuto” 560 , criterios que recoge el art. 6 del Decreto 14/2011, de 24 de marzo, por el
que se aprueba la oferta de empleo público en Castilla y León.
Así, con carácter general, podrán participar en los procesos selectivos todos aquellos que reúnan
los requisitos necesarios, entrando en juego dos intereses distintos, “el público –obtener los
servicios de las personas más capacitadas—y el de la generalidad de los ciudadanos cualificados
en una aspiración legítima --encontrar un puesto de trabajo, algo difícil en la realidad social
actual--, plenamente coincidentes, empero, en sus consecuencias: máximas posibilidades de
participación, lo cual implica que las reglas a seguir en los concursos y oposiciones han de ser
interpretadas en el sentido más favorable a la admisión” 561 .
Esta es una exigencia derivada directamente de los arts. 23.2 y 103.3 CE, interpretados de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, que niega la licitud de las pruebas o turnos
restringidos de selección, salvo para la promoción interna (donde no se trata de acceder al
empleo público sino de conseguir la proyección en la carrera administrativa de quienes ya han
accedido al mismo) o en supuestos excepcionales en que esté rigurosamente justificado 562 , a
situar en las medidas de discriminación positiva previstas en el propio EBEP, que son
únicamente las contenidas en el art. 59 para las personas con discapacidad, tal y como se
tratará de explicar posteriormente.
Por su parte, el art. 61.1 EBEP también determina que los órganos de selección velarán por el
cumplimiento del principio de paridad de oportunidades entre los sexos. Derivada del art. 14 CE,
esta referencia explícita a la igualdad por razón de género constata la importancia de conseguir
una igualdad real entre los mismos, en este caso en lo que al acceso al empleo público se
refiere. En este sentido, la citada Ley 3/2007 presenta como objetivo fundamental, en su primer
artículo, “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere
su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las
esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural”. Y de forma más concreta respecto de
la materia que nos ocupa, el art. 5 de la misma Ley, bajo el título “igualdad de trato y de
oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales y en las
condiciones de trabajo”, señala que “el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se
garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso
al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos
miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las
mismas”. A este respecto, es sabido que la Ley Orgánica 3/2007 prevé la adopción de medidas
de discriminación positiva a favor de las mujeres, entre las que cabría incluir preferencias a la
hora de acceder a determinados cuerpos o escalas en los que estuvieran subrepresentadas
siempre que hubieran obtenido la misma valoración de sus méritos y capacidades en el
correspondiente proceso selectivo. Con todo, no puede pasarse por alto cómo sociológicamente
está acreditado desde algunas décadas atrás que la desigualdad de género ha ido
560 LOPEZ GOMEZ, J.M.: La relación laboral especial de empleo público, Madrid, 2009, pág. 155.
561 STS, Cont-Admtivo, 9 diciembre 1986 (Ar. 1024).
562 SSTCo 27/1991, de 14 de febrero; 151/1992, de 19 de octubre; 60/1994, de 28 de febrero; 16/1998, de 26 de
enero; 12/1999, de 11 de febrero y 31/2006, de 1 de febrero.
467 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN