La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

meras actividades de intermediación laboral, incluida la recolocación de excedentes 284 . La
habilitación legal expresa para que las entidades privadas con ánimo de lucro puedan
también intermediar en el mercado de trabajo (art. 21 bis 1 LE) lleva consigo –lógicamente--
la modificación del art. 16.2 ET/1995, desapareciendo de él la taxativa expresión “se prohíbe
la existencia de agencias de colocación con fines lucrativos” 285 .
La admisión de la finalidad lucrativa no va a implicar sino la existencia de empresas
dedicadas de manera profesional y competitiva a la intermediación. Las agencias de
colocación, hasta ahora operadores sin ánimo de beneficio, se van a transformar en
auténticos sujetos empresariales, lo cual supone cambiar la perspectiva tradicional del
legislador laboral español respecto de la intermediación: de la ausencia de lucro se pasa
ahora a la gratuidad para los demandantes de empleo; lo relevante no es ganar dinero
colocando a los trabajadores, sino que a éstos no se les cobre por sus servicios 286 .
La Ley 35/2010 dedica, si bien no de forma exclusiva, los arts. 14, 15, 16 y 18 a las agencias
de colocación, amén de la disposición transitoria décima, modificando otras tantas leyes,
como la LE (arts. 20, 21, 22, 21 bis y 22 bis), el ET (art. 16. 2 y 3), la LGSS (art. 231.1) y
LISOS (arts. 16.1 y 2, 17, 1 y 2, 24.3 y 25.4) 287 . Consciente de los riesgos que entraña la
legalización de las agencias privadas de colocación con fines lucrativos, esta Ley incorpora en
paralelo una serie de cautelas, señaladamente, la exigencia de una autorización administrativa
previa, la obligación de suscribir un convenio de cooperación con los Servicios Públicos de
Empleo para adquirir la condición de entidad colaboradora –a pesar de que nada impide su
funcionamiento “de forma autónoma pero coordinada con los mismos”—, o el sometimiento al
control e inspección regulares por los organismos administrativos competentes 288 .
No obstante tales novedades legales, de conformidad con la previsión establecida en la
disposición final cuarta. 2 Ley 35/2010, las disposiciones sobre las agencias de colocación no
serían de aplicación hasta tanto no entrara en vigor la normativa de desarrollo anunciada en
la disposición final tercera.3, previa consulta con las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas y con las Comunidades Autónomas 289 , lo cual ha tenido
lugar –como después se verá-- con la promulgación del Real Decreto 1796/2010, de 30 de
diciembre.
La propia Ley 35/2010 se esfuerza en dejar claro que las actuales agencias de colocación,
que recibieron autorización de acuerdo con el Real Decreto 735/1995, dispondrán de un
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las disposiciones de desarrollo (1 de enero
de 2011) para adecuarse a la nueva regulación y solicitar la correspondiente autorización de
conformidad con el art. 21 bis LE. Una vez superado el citado plazo, no podrán continuar
desarrollando esas actividades 290 .
Cuando parecía que el tema había quedado zanjado, el Real Decreto Ley 3/2011 apuesta
porque los Servicios Públicos de Empleo ofrezcan respuestas eficaces y eficientes a las
necesidades de las empresas para cubrir sus ofertas de empleo, así como en materia de
formación de sus trabajadores, debiendo estar, a su vez, muy próximos a las personas
desempleadas, para conocer mejor sus necesidades en aras incrementar su empleabilidad y
prestarles apoyo desde que entran en desempleo hasta que encuentran un trabajo, ya sea
por cuenta propia o ajena. Cuestión distinta es si este servicio público se presta directamente
284
GARCÍA GIL, B.: “Servicios públicos de empleo, agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal”,
La reforma laboral de 2010, SEMPERE NAVARRO, (dir.), Aranzadi, Pamplona, 2010, p. 119.
285
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.; ABRIL LARRAÍNZAR, M.P. y MEGINO FERNÁNDEZ, D.: La reforma laboral de 2010: un
análisis teórico-práctico, CEF, Madrid, 2010, p. 120.
286
CALVO GALLEGO, F.J. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: “Nuevas normas en materia de intermediación y empresas
de trabajo temporal”, TL, núm. 107, 2010, p. 315.
287
CARDONA RUBERT, M.B.: “Las agencias de colocación en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo”, La reforma del mercado de trabajo, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.
y MERCADER UGUINA, J.R., (dirs.), Lex Nova, Valladolid, 2010, p. 293.
288
PUY LARRAINZAR, M.P. y MEGINO FERNANDEZ, D.: “El laberinto del fauno de la reforma laboral. Pocas luces y
muchas sombras”, RTSS (CEF), núm. 328, 2010, p. 82.
289
VALDÉS DAL RE, F.: “A vueltas con la estructura formal y los reenvíos reglamentarios de la Ley 35/2010”, RL, núm.
20, 2010, p. 10.
290
GARCÍA GIL, B.: “Servicios públicos de empleo, agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal”,
La reforma laboral de 2010, SEMPERE NAVARRO, A.V (dir.), Aranzadi, Pamplona, 2010, p. 125.
285 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN