La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

incompatibles con el espíritu y finalidad de la misma” 276 y que, encorsetando la iniciativa de
los trabajadores, terminara disuadiéndoles de emplearse y de crear puestos de trabajo,
provocando el efecto contrario al pretendido.
Tales porcentajes, gradualmente incrementados como prueba de la inequidad en el percibo
de unas cuantías por debajo de lo que sería aconsejable y, en todo caso, sin guardar
equilibrio entre cotización efectuada, prestación obtenida y capitalización calculada, han
frenado notablemente la iniciativa individual en este terreno, debido a la dificultad de calibrar
el coste total del inicio de una actividad, que puede ser meramente aproximado y haber
omitido gastos a los que el autónomo deberá hacer frente en todo caso. Además, la exigua
cantidad percibida, a pesar de los sucesivos incrementos porcentuales, harán que su destino
prioritario sean actividades que no requieran una excesiva inversión y que sean
relativamente seguras. Por su parte, la constitución de una cooperativa de trabajo asociado o
de una sociedad laboral, o la incorporación a una ya creada, cuenta con una mayor dosis de
seguridad en cuanto a la cantidad a desembolsar, pero plantea problemas en la práctica
cuando se difiere el pago de una cantidad adicional que la Entidad Gestora no ha estimado
pertinente reconocer. Por ello, y a salvo el colectivo de los minusválidos con una
discapacidad igual o superior al 33%, a quienes no afectan las limitaciones supra
mencionadas y podrán percibir la cuantía íntegra de su prestación capitalizada, cabe sumarse
a las críticas vertidas sobre la incongruencia de una medida que penaliza más que favorece
la constitución de empresas de economía social o el trabajo autónomo 277 .
Una vez percibida (total o parcialmente) la prestación por su valor actual 278 , el trabajador
deberá iniciar en el plazo máximo de un mes 279 la actividad para cuya realización se le
hubiera concedido, dándose de alta en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social o
acreditar, en su caso, que está en fase de iniciación (art. 4.1 Real Decreto 1044/1985).
El momento de crisis actual debería permitir una reflexión sobre la conveniencia de
flexibilizar esta medida como cauce para la apertura de nuevos yacimientos de empleo, pues,
tras casi un cuarto de siglo, la posibilidad que asiste a los desempleados de capitalizar su
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Por ello, la interpretación más acorde con el espíritu finalista de la norma sería entender que el desempleado puede
iniciar su actividad en cuanto se encuentre en situación legal de desempleo (no antes, obviamente) sin esperar a que se
produzca el abono de la prestación. En tal sentido, entre muchas, SSTS 25 mayo 2000 (RJ 2000, 4800) y 20
septiembre 2004 (RJ 2004, 5749) o STSJ Castilla y León/Burgos 5 junio 2008 (AS 2008, 2215). Es más, la
jurisprudencia no se limita a legitimar los meros actos preparatorios de una próxima actividad a acometer, sino que
permite iniciar los trámites administrativos de reconocimiento e inscripción de una cooperativa o sociedad laboral de
forma simultánea al período de despido o de tramitación del expediente de regulación de empleo, o incluso
anticipadamente cuando es pública y notoria la difícil situación económica de la empresa en la que trabajan. En tales
supuestos, a juicio del Tribunal Supremo, no sería razonable exigir a los trabajadores que, conocida ya la decisión
empresarial de extinguir sus contratos, permanezcan pasivos mientras se consuma la pérdida de su puesto de trabajo,
y contemplen inermes cómo se deprecia el negocio que piensan continuar mediante la constitución de una cooperativa
o sociedad laboral y la clientela acude mientras tanto a la competencia, porque tengan que esperar a iniciar los trámites
asociativos a que su cese se produzca. SSTS 25 y 30 mayo 2000 (JUR 2000, 4800 y 5894).
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En tono crítico, LÓPEZ GANDÍA, J.: “Las prestaciones por desempleo en empresas de economía social”, AS, núm. 19,
2002 (edición electrónica).
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Asimismo, bien que, muy probablemente, sólo cuando se perciba en su totalidad la prestación contributiva por
desempleo, la Entidad Gestora seguirá abonando a los trabajadores que hicieran uso de esta modalidad irregular de
pago, el 50 por 100 de la cuota al régimen correspondiente de la seguridad social como trabajador autónomo, calculada
sobre la base mínima de cotización o el 100 por 100 de la aportación del trabajador en las cotizaciones del
correspondiente régimen de la seguridad social, durante el tiempo que se hubiera percibido la prestación por desempleo
de no haberse percibido en su modalidad de pago único. El abono de estas cantidades se realizará trimestralmente,
previa presentación de los correspondientes documentos acreditativos de la cotización (art. 4.2 RD 1044/1985).
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Dejando claro que “beneficiario no equivale necesariamente a perceptor actual de la prestación”, pues la pretensión
de constituirse en trabajador autónomo no se hace efectiva en un solo día, SSTS 7 noviembre 2005 (RJ 2006, 1690) o
11 julio 2006 (RJ 2006, 8338). Ni siquiera es preciso en el momento de la solicitud del pago único tener la condición de
perceptor de la prestación periódica sino que bastaría con que ésta no hubiera desaparecido o no se hubiera producido
su extinción definitiva, siendo así que la suspensión provocada por el alta del sujeto en el RETA con vistas a iniciar una
actividad profesional autónoma sería, a su vez, el elemento detonante para que la cantidad restante de percibir fuera
finalmente disfrutada y con ello se estaría cumpliendo el objetivo de estimular el autoempleo de los desempleados. El
Tribunal Supremo valora la petición del abono único en cualquier momento de la situación de desempleo, aunque el
sujeto no fuera perceptor inmediato en esa fase temporal concreta, con tal de que, obviamente, la solicitud no se
hubiera producido antes del propio nacimiento de la situación legal de desempleo, situación que daría lugar a la
denegación de su reconocimiento. Cfr. STS 20 septiembre 2004 (RJ 2004, 5749) o STSJ Andalucía/Sevilla 16 julio 2009
(JUR 2009, 438862).
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 564