La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

No se trata en ningún caso de una amnistía, pues se limita a los supuestos en que la
empresa voluntariamente se hubiera acogido al proceso de regularización y antes de que se
hubiera iniciado una actuación inspectora o que se hayan presentado demandas o
denuncias 696 .
Estos empresarios acogidos al procedimiento de regularización han de haber formalizado un
contrato de trabajo con el trabajador, pero pudieron elegir cualquier modalidad contractual
indefinida o temporal o de duración determinada, incluidos los contratos formativos, siempre
que reunieran los requisitos exigidos para su celebración, de acuerdo con la legislación
laboral.
En todo caso, la norma establece un mínimo temporal. Cuando se trate de contratos de
carácter temporal o de duración determinada su duración inicial prevista no podrá ser inferior
a seis meses, desde la fecha de solicitud del alta en la Seguridad Social. Si la duración
mínima ha de ser de seis meses --conditio sine qua non de la regularización-- quedarán
proscritos todos los contratos temporales que hayan de tener una duración inferior, lo que
supone inadmitir definitivamente la celebración de cualquier contrato de trabajo en el que
ese periodo mínimo no pueda ser respetado 697 .
La finalidad de esta previsión es doble: por un lado, proporcionar cierta estabilidad en el
tiempo a la duración de estos contratos; por otro, evitar que las empresas obtengan con un
coste mínimo las ventajas que proporciona el proceso de regularización 698 .
En el contrato de trabajo “regulador” ha de hacer constar expresamente que el mismo se
acoge al proceso de regularización establecido en este RD-Ley, sin perjuicio de la restante
normativa laboral que resulte de aplicación en función de la modalidad de contratación
utilizada (art. 4) 699 ; de modo que, de no consignarse ese dato en el contrato escrito, o de
formalizarse el contrato verbalmente, se impide el efecto liberatorio de la regularización, por
inobservancia del régimen jurídico de la misma, aunque esa consecuencia legal no llevará
consigo la invalidez del vínculo contractual constituido.
Como ya se ha adelantado, cuantos empleadores regularicen en plazo a sus trabajadores
sumergidos no serán objeto de sanciones administrativas por el incumplimiento de las
obligaciones en relación con la declaración y el reconocimiento de los derechos de los
trabajadores afectados, así como en materia de Seguridad Social (encuadrándoles en el
Régimen de Seguridad Social pertinente, incluido el de empleados del hogar, pero excluidos,
sin duda, el de funcionarios públicos y el de estudiantes 700 ), incluso pueden solicitar un
aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social en determinadas condiciones (art. 2).
Aplazamiento que, en ningún caso, puede referirse a las cuotas correspondientes al
trabajador (art. 104.2 LGSS), ni a las primas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
Empero, no explicita el RD-Ley 5/11 si la deuda es o no retroactiva, es decir, si juega ex
nunc --desde que se solicita la afiliación/alta del trabajador sumergido-- o si juega ex tunc -desde
que se inició el trabajo irregular--, extendiéndose a todo el periodo no prescrito. De
ser la primera, los empresarios se enfrentan hasta un máximo de cuatro años de cuotas
impagadas (sin las multas y recargos, con todo); de ser la segunda, supone una amnistía
para los incumplidores y una mejora inestimable frente a los empresarios “legales”, a menos
que se produjera la imposición de los recargos y moras por las cuotas impagadas de la
Seguridad Social pero no de las sanciones por el incumplimiento.
696
Nota informativa sobre las medidas para la regularización y el control del empleo sumergido.
697
DE LA VILLA GIL, L.E.: “La economía sumergida y los arañazos superficiales a la realidad social a través de las
medidas adoptadas por el gobierno. Breve comentario al Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril”, Revista General de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 26, 2011, pág. 10.
698
SEMPERE NAVARRO, A.V. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: El empleo sumergido. Comentarios al RD-Ley 5/2011, de 29 de
abril, cit., pág. 66.
699
Existe ya un modelo ad hoc, PE-225.
700
DE LA VILLA GIL, L.E.: “La economía sumergida y los arañazos superficiales a la realidad social a través de las
medidas adoptadas por el gobierno. Breve comentario al Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril”, cit., pág. 8.
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 718