La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

a proyectos, al amparo del art. 83 LOU o por obra o servicio determinado, quienes se regirán
por la normativa, programa, convocatoria o ayuda de la que traiga causa el vínculo,
quedando expresamente excluida la aplicación de cuanto la norma colectiva contempla
respecto al sistema selectivo, carrera profesional, jornada laboral, régimen de vacaciones y
retribuciones, aspectos en los cuales será de aplicación lo pactado por los interlocutores en
cada Universidad.
Entrando en el detalle de sus condiciones laborales, procederá atender a los siguientes
extremos fundamentales.
1.3.1.- Selección de Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores
El convenio considera que el concurso público de méritos es el sistema apropiado en orden a
escoger a los más aptos para ocupar estos puestos de trabajo a partir de los principios
constitucionales contemplados en el art. 103.3 CE, con especial preocupación por garantizar
la adecuada publicidad (no explícita, pero sí implícita, como condición sine qua non en la
tríada enumerada en aquel precepto, exigiendo que sea la “necesaria” 174 , pero con la cautela
adicional en orden a su efectividad de tener que ser “comunicada con suficiente antelación al
Consejo de Universidades para su difusión entre todas ellas” y, también, a la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León --art. 15.2--). La libre concurrencia que defiende
(art.13) encuentra, sin embargo, un triple límite: de un lado, el derivado de las medidas de
“discriminación” positiva (término, el entrecomillado, en claro desuso por su connotación
negativa, cuando se trata de una “acción” tendente a corregir diferencias de hecho
injustificadas) que acoge el EBEP 175 ; de otro, lo establecido para la promoción interna, en
ese discutible first in, last out (art.13); por último --y no contemplado en esta sede, pero con
virtualidad operativa general--, la aplicación del régimen de incompatibilidades establecido
en el EBEP, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y, a nivel territorial, el Decreto 227/1997, de
20 de noviembre.
Las condiciones que rigen tal procedimiento siguen las pautas previstas en la normativa
general, que arranca de una triple premisa: en primer lugar, dotación presupuestaria (art.
15.1); en segundo término, recepción en la relación de puestos de trabajo (atribuida como
facultad de organización y dirección propia de cada Universidad --art. 22--), a negociar con
la contraparte social bajo el principio de buena fe, lo cual presupone la necesidad de un
fluido cauce de información, incluyendo las altas, modificaciones y bajas en estos contratos -
-art. 23--, con excepción de aquéllos provenientes de vacantes accidentales y otras
cuestiones sobrevenidas (que, desde luego, debería llevar a contratos “de urgencia”
comunes, como el de interinidad, obra o servicio determinado o eventual por razones de la
actividad, pero no a la contratación de Ayudantes o Profesores Ayudantes Doctores); por
último, sometimiento a las pruebas con el baremo que determine --previo acuerdo colectivo
con los representantes de los trabajadores-- la Universidad.
Respecto al baremo (con la revisión prevista --en nueva remisión al acuerdo de empresa--
por el art. 16), proporciona un elenco de criterios que, “entre otros”, incluye: “a) Con
carácter prioritario, los méritos específicos en relación con el perfil de la plaza, si lo hubiere.
b) La experiencia docente e investigadora acumulada por los candidatos en la Universidad
que oferta la plaza [lo cual tiene que ver la promoción interna, aunque cierre un tanto los
talentos al ámbito local, algo ciertamente empobrecedor]. c) La posesión del grado de doctor
en las figuras contractuales en las que este grado [conforme ocurre con la de Ayudante] no
sea un requisito de acceso” (art. 15.4). En cambio, los requisitos del puesto no podrán ser
objeto de consideración a efecto de méritos (art. 15.5) y nunca estarán sujetos a condiciones
basadas en la nacionalidad, sin perjuicio de que, cuando fuere necesario, se proceda a la
homologación del título u otras actuaciones recogidas en la normativa vigente.
Respecto a los órganos encargados de proponer quién ha de ser el contratado, el art. 14 del
convenio establece que: a) los miembros de las comisiones habrán de reunir, al menos,
iguales credenciales que las exigidas para el puesto a cubrir; b) el número de cuantos han de
integrarla será determinado por cada Universidad entre un mínimo de cinco y un máximo de
siete; c) de entre los designados, tres habrán de ser del Área de conocimiento a la cual esté
174 Fundamental el planteamiento al respecto en su día elaborado --y luego tantas veces invocado-- por SERRANO
GUIRADO, E.: El régimen de oposiciones y concursos de funcionarios, Madrid (Instituto de Estudios Políticos), 1956,
págs. 122 y ss.
175 STCo 86/2004, de 10 de mayo.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 364