La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

acciones de fomento del empleo. Estas funciones se justifican, así pues, en virtud de las
facultades autonómicas de planificación de la actividad económica regional (arts. 148.1.13ª y
art. 149.1.13ª CE) y, conjuntamente, de ejecución de la legislación laboral del Estado (art.
149.1.7ª CE), además de, en particular, las relativas a la regulación y administración en el
correspondiente territorio de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 27 CE sobre el derecho
a la educación, no en vano el art. 149.1.30ª CE atribuye al poder central el cometido en
exclusividad de promulgar las normas básicas de desarrollo del mencionado art. 27. El
máximo intérprete de la Constitución no ha dejado de reconocer, en este contexto, la
pluralidad de los títulos competenciales mencionados que permiten residenciar las
competencias autonómicas sobre formación profesional ocupacional, al considerar la
ejecución de la legislación laboral del Estado por las Comunidades Autónomas tan sólo como
título “prevalente” (no único, por lo tanto) a este propósito 142 .
Inicialmente se traspasó a las Administraciones Territoriales la gestión de la formación
profesional ocupacional (concretamente el plan FIP –formación e inserción profesional--) y
posteriormente la gestión en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, en el cual se
produce el trasvase de la gestión administrativa y el control de los programas nacionales de
escuelas taller y casas de oficio y unidades de promoción y desarrollo. Además, las Leyes de
creación de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos incluyen, entre sus funciones, las
relativas a la formación para el empleo, la coordinación y planificación de los centros propios
o consorciados, así como la puesta en práctica de cuantas otras funciones puedan
corresponder a éstos en la materia 143 .
Una de las principales características del sistema español de Formación Profesional renovado
es que ha acercado los tres subsistemas existentes (reglada, continua y ocupacional) hasta
el punto que actualmente los antiguos subsistemas de formación continua y formación
ocupacional para desempleados se encuentran unificados bajo el concepto de formación
profesional para el empleo 144 . En este marco, la aprobación del Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo,
apela en muchos de sus preceptos a la participación de las Comunidades Autónomas,
reconociéndoles competencias en la materia 145 . Así ocurre con aquellos preceptos referidos a
la calidad, evaluación, seguimiento y control de la formación de demanda, que atribuyen a
las Autonomías la prerrogativa de valorar el impacto de la formación realizada en el acceso y
mantenimiento del empleo y en la mejora de la competitividad de las empresas. También se
les reconoce capacidad para considerar la eficacia del sistema en cuanto al alcance de la
formación, así como la de los recursos económicos y los medios empleados (art. 37 Real
Decreto 395/2007), y con esa finalidad se les garantiza el acceso, en tiempo real, a las
comunicaciones telemáticas realizadas por las empresas y las entidades organizadoras así
como a toda la información necesaria (art. 16.4). Son también las Comunidades Autónomas
las que deben informar al SPEE de los resultados de las actuaciones de seguimiento y control
que hubiesen llevado a cabo, así como de las irregularidades detectadas (art. 17.3). Además,
en previsión que ha de entenderse derogada –o, mejor, matizada-- se llegó a atribuir a éstas
la facultad de realizar las actividades de evaluación, seguimiento y control de las iniciativas
de formación financiadas mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social “que
se aplican en empresas que tengan todos sus centros de trabajo en una Comunidad
Autónoma” (disposición adicional 1ª) 146 .
Los cometidos citados en último lugar merecen una breve aclaración. Consisten en un crédito
del que disponen las empresas para la formación de su personal que pueden hacer efectivo
mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social una vez realizada dicha
142
SSTCo 195/1996, de 28 de noviembre; 95/2002, de 25 de abril y 190/2002, de 17 de octubre.
143
SERRANO FALCÓN, C.: “Art. 17.1. Concepto y competencias”, cit., p. 421.
144
BALLESTER PASTOR, M.A.: “Formación global efectiva: formación en ciclo vital: instrumentos jurídico laborales”, La
Estrategia Europea para el Empleo 2020 y sus repercusiones en el ámbito jurídico laboral español, CABEZA PEREIRO,
J. y BALLESTER PASTOR, M.A., MTIn, Madrid, 2010, p. 57.
145
CAMAS RODA, F.: La formación profesional en los ámbitos educativo y laboral (análisis tras la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación, y el Real Decreto 395/2007, de Formación profesional para el empleo), Aranzadi, Pamplona, 2007, pp.
157-158.
146
DE LA PUEBLA PINILLA, A.: “El subsistema de formación profesional para el empleo. Comentario al RD 395/2007,
de 23 de marzo”; RL, 2008, Tomo I, p. 956.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
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