La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

integración y coordinación del seguimiento y control; una financiación adecuada y suficiente
del sistema; en fin, adecuación competencial a través de la norma reguladora.
Con semejantes premisas, el IV Acuerdo parece dar continuidad a la “apuesta por la
conservación de la financiación del sistema de formación mediante las bonificaciones
empresariales en las cuotas de formación profesional… [y] no pasa a una territorialización
total de los fondos destinados a la formación profesional para el empleo y, en consecuencia,
se priva a las Comunidades Autónomas de disponer de todas las competencias en materia de
gestión y organización en relación a como se utilizan dichas partidas en cada Comunidad” 329 ,
circunstancia que ha causado numerosos problemas en el pasado.
En efecto, son varias las veces en que el Máximo Intérprete de la Carta Magna ha tenido que
pronunciarse sobre la financiación de la formación continua o para el empleo que atribuye las
subvenciones o administra las bonificaciones a través de los destinatarios finales sin tomar
en consideración, como debiera, las potestades de gestión y autoorganización de los Entes
Territoriales lo que ha provocado la presentación por parte de estos de varios recursos de
inconstitucionalidad.
Así, el Tribunal Constitucional ha venido señalando que “la materia de formación profesional
ocupacional en su modalidad de formación continua de los trabajadores asalariados o en
activo no pertenece al ámbito de la educación… Baste para ello tener en cuenta…, que la
formación profesional ocupacional, a diferencia de la formación profesional reglada, no forma
parte del sistema educativo, en el que los saberes o cualificación con base en aptitudes
específicas se imparten y están dirigidos, previa estratificación en niveles y grados, a la
obtención de títulos académicos o profesionales que habilitan para el ejercicio de
determinadas profesiones u oficios… En suma, ha de discernirse entre la formación
profesional reglada que, en cuanto perteneciente o integrada en el sistema educativo, es
materia susceptible de encuadramiento en el título competencial autonómico
[correspondiente]… y la materia aquí controvertida, que al comprender las acciones
formativas para la formación continua de los trabajadores ocupados no forma parte del
sistema educativo” 330 .
Tampoco la formación profesional para el empleo puede ser incardinada en el marco de las
“bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” (art. 149.1.13
CE), pues a pesar de presentar una incidencia económica indiscutible, “desde la perspectiva
material, se constata que las acciones aquí consideradas, ni se refieren a ningún sector o
subsector específico de la economía, ni tampoco, en sentido estricto, constituyen acciones de
naturaleza económica, pues tienen como finalidad la capacitación profesional de los
trabajadores de todos los sectores productivos” 331 .
Descartada la ubicación en el marco de las competencias educativas y del sector económico,
el Tribunal Constitucional ha considerado que la formación de los trabajadores ocupados
debe ser encuadrada en la materia de “legislación laboral” recogida en el artículo 149.1.7
CE 332 , de manera que “el Estado ostenta competencia exclusiva para la normación…
comprensiva no sólo de las Leyes formalmente [consideradas como] tales sino también de
los reglamentos ejecutivos o de desarrollo de aquéllas, limitándose el ámbito normativo de
las Comunidades Autónomas a la emanación de reglamentos internos de organización de los
servicios” y a desarrollar competencias de ejecución sobre dicha materia 333 .
Tales criterios sobre el reparto territorial son aplicables también a la financiación de las
acciones correspondientes, de forma tal que “el poder del Estado no puede concretarse y
ejercerse al margen del sistema constitucional de distribución de competencias, pues no
329 CAMAS RODAS, F.: La formación profesional en España a partir del acervo comunitario. (Del aprendizaje
permanente a la formación para el empleo), cit., págs. 97 y 98.
330 SSTCo 95/2002, de 25 de abril y 1/2011, de 14 de febrero.
331 STCo 190/2002, de 17 de octubre.
332 STCo 1/2011, de 14 de febrero.
333 STCo 158/2004, de 21 de septiembre.
180 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN