La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

calificando con este carácter, por ejemplo, la teleasistencia de forma automática para las
personas mayores de 80 años que la precisen, la ayuda a domicilio, la atención en centros de
día y de noche, la atención residencial, los servicios de prevención de las situaciones de
dependencia o los de promoción de la autonomía personal, sin olvidar la protección jurídica y
tutela de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente y que se encuentren en
situación de desamparo.
Al objeto de poder analizar los costes efectivos de las prestaciones y los servicios en la
Comunidad de Castilla y León y evaluar qué parte de ese coste soporta cada una de las
fuentes de financiación que fija la propia Ley de Dependencia, repartidas entre la
Administración Central, la Autonómica y el propio beneficiario de la prestación o del servicio
(copago), se ha emitido recientemente la Resolución de 10 de febrero de 2011, de la
Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el convenio de
colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del marco de
cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y para el
establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2010 50 .
Dicho convenio tiene por objeto contribuir a la financiación, mediante el establecimiento de
una cantidad específica para esta finalidad, de los gastos de gestión del sistema,
singularmente los derivados de la valoración de la situación de dependencia y apoyo para el
reconocimiento y provisión de las prestaciones, así como los gastos derivados de la
acreditación de centros y servicios, y los programas de formación de los cuidadores no
profesionales. En virtud del mismo, la Administración General del Estado, a través del
IMSERSO, aportará 22.639.331 €, mientras que la Comunidad de Castilla y León aportará
235.360.669 €. Asimismo el IMSERSO, mediante el correspondiente convenio suscrito con la
TGSS, se hará cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales.
Un último elemento definidor del sistema autonómico de servicios sociales, es que en él se
integran tanto los de titularidad pública como los de titularidad privada financiados total o
parcialmente con fondos públicos, sin olvidar la importancia de la iniciativa privada y del
denominado “tercer sector”, en cuanto agentes que complementan la actuación de los
poderes públicos.
4.- Una larga trayectoria de fomento de la contratación estable
Tanto la legislación como la doctrina judicial y científica han mostrado su preferencia hacia la
contratación indefinida 51 , buscando, sobre todo, la estabilidad en el empleo 52 , si bien tal
adquisición del servicio en un centro debidamente acreditado y previsto en el programa individual de atención.
En la doctrina, entre muchos, vid. el extraordinario estudio de MONEREO PÉREZ, J.L.; MORENO VIDA, Mª.N.;
MALDONADO MOLINA, J.A. y GONZÁLEZ DE PATTO, R.Mª.: Manual de Derecho de la Dependencia (adaptado al EEES),
Madrid (Tecnos), 2010, especialmente págs. 161 y ss.
50 BOE de 14 de marzo de 2011.
51 Un estudio sobre la evolución histórica de esta preferencia en el ordenamiento español, por todos, en MARTÍNEZ
EMPERADOR, R.: “Duración del contrato de trabajo”, en AA.VV. (BORRAJO DACRUZ, E., Dir.): Comentarios a las Leyes
Laborales. El Estatuto de los Trabajadores, T. IV, Madrid (Edersa), 1983, págs. 98 y ss.
52 La clásica diversidad de intereses de empresarios y trabajadores queda también de manifiesto con relación a la
estabilidad en el empleo: el trabajador está interesado en la estabilidad en el empleo, como modo de asegurar su sustento
y el de su familia; por contra, el interés del empresario radica en gestionar libremente el factor trabajo, prescindiendo de
cuantos trabajadores no precise como forma de maximizar sus beneficios, VICENTE PALACIO, Mª.A.: El contrato de trabajo
temporal para obra o servicio determinado, Valencia (Tirant lo Blanch), 1996, pág. 31; LAHERA FORTEZA, J.: “Sucesión de
contratas y vigencia de los contratos para obra con la misma empresa contratista: una paradójica estabilidad precaria”, RL,
núm. 21, 2009, págs. 48-49 o CRUZ VILLALÓN, J.: “Contratación temporal y descentralización productiva”, en AA.VV.
(CAMPS, L.; RAMÍREZ, J.M y SALA, T., Dirs.): Crisis, reforma y futuro del Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos en
memoria del profesor Ignacio Albiol Montesinos, Valencia (Tirant lo Blanch), 2010, págs. 115 y ss. Por ello habrá de
aceptarse una posición intermedia que combine prudentemente el derecho de los trabajadores a una razonable seguridad
en cuanto a la duración de su empleo y el derecho de los empresarios a organizar también racionalmente el proceso
productivo adaptando las plantillas a las necesidades reales de cada momento”. MONTOYA MELGAR, A.: “Estabilidad en el
empleo y nuevas propuestas de fomento de la contratación indefinida”, DL, núm. 58, 1999, pág. 16; PÉREZ REY, J.: La
transformación de la contratación temporal en indefinida: el uso irregular de la temporalidad en el trabajo, Valladolid,
2004, págs. 87 y ss.; AA.VV. (TOHARIA CORTÉS, L., Coord.): El problema de la temporalidad en España: un diagnóstico,
Madrid (MTAS), 2005 o CRUZ VILLALÓN, J.: “En busca de la estabilidad perdida”, TL, núm. 85, 2006, págs. 9 y ss.
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