La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Pese a que la intención del legislador, máxime tras la publicación de la Ley 11/2007, de 23
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, es la de potenciar
la posibilidad de remisión del vínculo contractual vía telemática 122 , lo cierto es que sigue
siendo posible dar cumplimiento a esta obligación mediante la presentación in situ, en los
Servicios Autonómicos de Empleo, de una copia del contrato o de sus prórrogas o de un
ejemplar escrito, que, por supuesto, ha de incluir todos los contenidos básicos obligatorios
anteriormente mencionados para su posterior incorporación a un registro electrónico (art. 2
Real Decreto 1424/2002). En caso de optar por la modalidad de remisión automatizada de la
información, no cabe duda que va a ser eliminado el riesgo de acceso por personas no
autorizadas, pues sólo se reconocen derechos de información a los trabajadores y sus
representantes a través de los órganos de participación institucional de los mismos en los
Servicios Públicos de Empleo, quedando obligada la Administración, además, a respetar las
pautas de seguridad y custodia de tales registros en los términos previstos por el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en virtud del cual se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, en el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos
vinculados o dependientes de ésta 123 .
Procede aclarar, además, que aun cuando el Real Decreto 1424/2002, desarrollado por la
Orden de 14 de marzo de 2003, continúa en vigor, lo cierto es que debe entenderse
actualizado por lo previsto en el Real Decreto 1671/2009, considerando derogada la
necesidad de solicitud de autorización administrativa para utilizar el cauce telemático, pues
esta última norma adopta como punto de partida el derecho de los ciudadanos a utilizar los
medios de comunicación electrónica para relacionarse con la Administración sin ningún tipo
de cortapisa.
A tal fin, y siguiendo las indicaciones de la propia Ley 11/2007, se ha establecido el punto de
acceso electrónico como una prolongación de la oficina administrativa tradicional, agrupando
en un mismo dominio un conjunto de enlaces capaces de remitir la información a las
distintas sedes informáticas en las que se deben tramitar los respectivos procedimientos 124 .
El punto de acceso electrónico debe ser el mecanismo conciliador de la realidad competencial
dispersa en materia de empleo. En este contexto, no hay que olvidar que el art. 8.4 LE de
2003 ya anunciaba la existencia de un sitio común en la red telemática que posibilitara el
conocimiento por los ciudadanos de las ofertas, demandas de empleo y oportunidades de
formación existentes en todo el territorio del Estado e incluso más allá de sus fronteras, en
todo el ámbito del Espacio Económico Europeo, respetando lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 125 . La
promulgación de la Ley 11/2007 da un importante impulso a esta previsión, al igual que ha
permitido el diseño de un procedimiento electrónico ad hoc para proceder a la autorización
de las agencias privadas de colocación en el reciente Real Decreto 1796/2010, de 30 de
diciembre, que sustituye al anterior Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo.
Esta nueva norma reglamentaria prevé también la creación de un espacio telemático común
al objeto de integrar el conjunto de la información proporcionada por el SPEE y los Servicios
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas respecto a las agencias de colocación
autorizadas. Dicho emplazamiento permitirá: comunicar electrónicamente las autorizaciones
concedidas, acceder a la relación actualizada de agencias de colocación autorizadas, realizar
el suministro de información por parte de dichas agencias a los Servicios Públicos,
cumplimentar su memoria anual de actuaciones, y aportar la información resultante de la
gestión realizada por aquellas agencias que tengan suscrito un convenio de colaboración con
el Servicio Público de Empleo (art. 6). Se trata, pues, de diseñar una especie de historial de
empleo único por cada demandante de ocupación 126 , para lo cual las Comunidades
122 GARCÍA MARCO, F.A.: “Administración electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos”,
Derecho, gobernanza y tecnologías de la información en la sociedad del conocimiento, GALINDO AYUDA, F. Y ROVER,
A.J. (dirs.), Prensas Universitarias, Zaragoza, 2009, pp. 167 y ss.
123 VALERO TORRIJOS, J.: El régimen jurídico de la e-Administración. El uso de los medios informáticos y telemáticos
en el procedimiento administrativo común. 2ª edición, Comares, Granada, 2007, pp. 6 y ss.
124 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Z.: “Administración electrónica y Directiva de servicios: ¿al servicio del mercado o paradigma
de buena administración?”, Mercado Europeo y Reformas Administrativas, RIVERO ORTEGA, R. (dir.), Civitas, Madrid,
2009, pp. 208 y ss.
125 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “El entramado institucional del empleo en las vertientes pública y privada”, cit., p. 224.
126 RAMOS QUINTANA, M.I.: “Art. 8. Principios de organización y funcionamiento”, cit., p. 212.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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