La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

a la entrada de las fábricas 203 . Seguidamente, los comités paritarios, integrados por las
asociaciones obreras y patronales, vinieron desempeñando, de forma meramente
potestativa, la actividad de intermediación, conviviendo a estos efectos con la iniciativa
privada. Fue la Ley de 27 de noviembre de 1931 la que creó el Sistema Nacional de
Colocación 204 , desarrollado por el Decreto de 6 de agosto de 1932 205 , como organización de
carácter nacional, pública y gratuita, dotada de una red descentralizada de oficinas con
representación de trabajadores y empresarios, permitiendo, al tiempo, la creación de
agencias de intermediación privadas sin fines lucrativos, pero prohibiendo las denominadas
“empresas comerciales de colocación y las agencias de pago”.
Entre esta Ley de 1931 y la actual LE de 2003, la intensidad legislativa en la materia ha sido
moderada. En realidad son sólo cinco las normas o, tal vez y por enunciar la idea con mayor
propiedad, las series homogéneas de normas de las que, en este período, puede predicarse
una cierta voluntad de ordenar o reordenar el régimen jurídico aquí analizado. Durante el
sistema franquista, la política de colocación estuvo marcada por un fuerte intervencionismo
estatal, consecuencia de lo cual fue la prohibición de la existencia de agencias u organismos
privados de cualquier clase dedicados a estos menesteres. La Declaración (III.7) del Fuero
de Trabajo atribuyó a los sindicatos la función de establecer oficinas de colocación para
proporcionar empleo al trabajador de acuerdo con su aptitud y mérito. La Ley de Colocación
de 10 de febrero de 1943 reitera la obligación empresarial de contratar trabajadores a través
de los cauces institucionales, consagrándose la reserva de las funciones de colocación a favor
del Estado, que al prohibir la actuación privada en la materia hacen de ésta un cometido
público en consonancia con las declaraciones del Convenio núm. 88 de la OIT. No obstante,
la reserva de competencia a favor de los servicios oficiales (sindicales) de colocación, la
realidad práctica fue por otros derroteros, toda vez que el propio legislador contribuyó a la
pluralidad mediante el reconocimiento de atribuciones en materia de colocación a múltiples
entidades (Dirección General de Empleo, Instituto Nacional de Previsión, Servicio Social de
la Acción Formativa, Instituto Español de Emigración…) 206 .
Pese a esta pluralidad, más aparente que formal, lo cierto es que hasta la creación del
Servicio de Empleo y Acción Formativa (SEAF) por el Decreto-Ley 1/1975, de 22 de marzo,
fue la Organización Sindical, organismo paritario y no público, la que se ocupó de la
ejecución de la política de empleo. El SEAF, Servicio común de la Seguridad Social, tutelado
por el Ministerio de Trabajo, unía, a la gestión de la formación profesional de adultos para el
empleo, la de orientación profesional y la de la intermediación, delegada hasta entonces,
como ya consta, en el Servicio Sindical de Colocación (SSC). De hecho, el SEAF no empezó a
funcionar hasta el 1 de octubre de 1976, mes en el que, como final del proceso de cambio,
se atendió a los trabajadores, en paralelo, desde las oficinas de empleo del nuevo SEAF, y
desde las antiguas sedes de colocación del SSC 207 .
La importante convulsión estatal producida por el cambio de régimen político, simbolizado
por las primeras elecciones democráticas, del 15 de junio de 1977, generó, empero, un
marco poco propicio para el desarrollo del recientemente creado SEAF. Cabe destacar, como
mero dato fáctico, que los Pactos de la Moncloa, firmados a finales de octubre de 1977,
desproveyeron a este organismo de su condición de Servicio Común de la Seguridad Social.
Este período de transición democrática culminó con la creación del INEM, por Real Decreto
Ley 36/1978, de 16 de noviembre, como ente dotado de personalidad jurídica propia para el
cumplimiento de sus fines y adscrito al Ministerio de Trabajo, en cuyos órganos rectores
estuvieron representadas las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales,
tanto a nivel de servicios centrales como de servicios territoriales.
203
DEL VAL TENA, A.L.: “La intermediación en el empleo: un aspecto de la reforma del mercado de trabajo”, La
reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral, MONEREO PÉREZ, J.L. (ed.), Universidad, Granada,
1996, p. 203.
204
Gaceta del 28.
205
Gaceta del 13.
206
GALLEGO MORALES, A.J.: “La emergencia de nuevos agentes en los procesos de colocación. Perspectivas y
peligros”, cit., p. 186.
207
SEVILLA CORRELLA, M., “Intermediación en el mercado de trabajo: un modelo de gestión pública integrada”,
Revista DyO, 2000, p.77.
269 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN