La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Colaboradores o Asociados”. Tan complejo y diverso panorama exige una mínima regulación
a nivel central sobre entidades colaboradoras, dejando margen, no obstante, para que las
Comunidades Autónomas desarrollen las pautas estatales y las acomoden a las necesidades
específicas de cada territorio 116 .
De lo que no cabe ninguna duda es de que constituye misión esencial de los Servicios
Públicos de Empleo Autonómicos la de poner en contacto ofertas y demandas de trabajo en
su caso a través de lo que se ha denominado y descrito como un trámite de intermediación
laboral, hoy de importancia menor al desaparecer, por mor de la Ley 10/1994, del tenor del
art. 16.1 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, mediante el que se aprueba el
Estatuto de los Trabajadores (ET), la obligación del empresario de solicitar de las oficinas
públicas los trabajadores que necesiten, bien que esta prescripción fue de facto incumplida,
quedando reducido su efecto a una simple constatación en los archivos administrativos de la
identificación del obrero previamente elegido por el empleador.
6.1.- Actuaciones a observar por los trabajadores
Pese a la libertad de encuentro entre ofertas y solicitudes de ocupación, los trabajadores
están constreñidos a inscribirse en las oficinas públicas autonómicas siempre que soliciten
prestaciones o subsidios de desempleo y a mantener esta anotación 117 , renovando la
demanda en la forma y fecha que se determine y presentándose cuando sean citados. Es
más –y a sensu contrario--, se considerarán demandantes de empleo únicamente aquéllos
inscritos en los Servicios Públicos (art. 22.5 LE). A tal efecto, han de presentar la siguiente
documentación: documento nacional de identidad, tarjeta de identidad o pasaporte en vigor,
si son españoles, miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo; permiso
de trabajo/residencia en vigor, si no son comunitarios: justificante de titulación profesional o
académica, si poseen alguna; y certificado de discapacidad, en su caso.
Están obligados también a comunicar las variaciones que se produzcan en sus datos
personales y profesionales y a informar del resultado de las entrevistas de empleo que
realicen, en caso de haber sido enviados por el Servicio Público. En este contexto, podría
plantearse la duda de a qué concreto lugar tienen que acudir los solicitantes o perceptores
de prestaciones por desempleo para inscribirse como demandantes de empleo, pues la
gestión del desempleo corresponde a la titularidad del SPEE, mientras las actuaciones
relacionadas con la intermediación son de competencia autonómica. La respuesta a este
interrogante se muestra sencilla: el administrado no tiene que dirigirse a dos sedes
diferentes, pues, en la práctica existe el oportuno convenio de colaboración entre ambas
Administraciones a los efectos de simplificar la tramitación 118 . En este sentido, el nuevo art.
27 LE, en la redacción proporcionada por la Ley 35/2010, aclara que los solicitantes y
beneficiarios de las prestaciones y subsidios por desempleo deberán inscribirse y mantener
su inscripción en el Servicio Público de Empleo (léase, Autonómico), lo que implica la
suscripción ante el mismo del compromiso de actividad. Además, la Resolución del SPEE, de
30 de agosto de 2011, por la que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por
la participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su
protección por desempleo, establecidas en el Real Decreto Ley 1/2011, prorrogado por Real
Decreto Ley 10/2011, establece, entre las obligaciones de las personas beneficiarias, la de
“mantener la condición de persona desempleada inscrita como demandante de empleo (en la
oficina autonómica –cabe entender--) durante todo el período en el que perciban esta ayuda”
(art. 4).
116
ROMERO CORONADO, J.: “Disposición adicional 6ª. Distribución competencial en las iniciativas de formación
financiadas mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social”, Derecho del Empleo. El Estatuto Jurídico del
Empleo. Estudio sistemático de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, MONEREO PÉREZ, J.L.; MORENO
VIDA, M.N. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., (dirs.), Granada, Comares, 2011, p. 743.
117
SSTS, Cont-Admtivo, 22 septiembre 2000 (JUR 4425), 30 mayo y 18 diciembre 2006 (RJ 6968 y 2007, 192) y 1
julio 2010 (RJ 5994)
118
SERRANO FALCÓN, C., Servicios públicos de empleo y agencias de empleo privadas. Público y privado en la
actividad de colocación, Comares, Granada, 2008, p. 92.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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