La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

egión, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional…” (art.
31.Uno.12ª), sino que también considera que corresponde a los poderes públicos regionales
“la consecución del pleno empleo en todos los sectores de la producción y la especial
garantía de puestos de trabajo para las jóvenes generaciones” [art. 4.4 b)] 88 .
Por si duda hubiere, el nuevo art. 23.3 LE, introducido por la Ley 35/2010, dispone
expresamente que los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo
serán gestionados por los Servicios Públicos de las Comunidades Autónomas. De su lado, el
párrafo segundo de este mismo pasaje hace notar que las medidas y ayudas que se
contemplen en estos programas y actuaciones podrán ser gestionados “mediante la
concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios,
gestión directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho”. Desde luego, las
previsiones contenidas en este precepto no ofrecen novedad alguna. No la incorpora la del
párrafo primero, que no otra cosa hace que “normalizar” desde el punto de vista económico
y en un texto legal la distribución de competencias de ejecución en materia de políticas
activas de empleo. Y tampoco lo hace la del párrafo segundo, que se limita a instituir un
principio de máxima libertad en la gestión de las medidas y ayudas a través de las cuales los
Servicios Públicos de Empleo Autonómicos han de instrumentar programas y actuaciones de
las políticas activas de empleo. Probablemente, lo más destacado del nuevo texto legal
reside en la configuración finalista de los recursos económicos destinados a estas políticas,
ya que los mismos han de dedicarse, única y exclusivamente, al cumplimiento de los
objetivos mencionados en el art. 25 LE, esto es, a informar y orientar hacia la búsqueda de
empleo, desarrollar programas de formación profesional, facilitar la práctica profesional,
crear y fomentar el empleo, potenciar el autoempleo, la economía social y el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas, promover la creación de actividad que genere empleo,
facilitar la movilidad geográfica y, en fin, promover políticas destinadas a la inserción laboral
de personas en situación de riesgo de exclusión social 89 .
Cierto es, pues, que cada Comunidad Autónoma puede establecer ayudas para incentivar la
contratación de trabajadores en el ámbito de programas propios de fomento o promoción de
empleo respetando los límites anteriores, pero no menos verdad resulta tampoco que no les
está permitido –lógicamente-- modificar la regulación general (estatal) del contrato de
trabajo, ni por ello introducir nuevas causas de extinción del mismo, sin que sea susceptible
de ser atendido el argumento de la inclusión de estas actuaciones en la materia relativa al
fomento del empleo; otra cosa alteraría sin duda el orden constitucional de distribución de
competencias, ya que, siguiendo al máximo intérprete de la Norma Fundamental, el
desarrollo de facultades relativas “al fomento de empleo no excluye la naturaleza laboral de
la materia” 90 .
Así pues, estas competencias autonómicas relativas al fomento del empleo no legitiman,
obviamente, a la Comunidad Autónoma para invadir la competencia legislativa del Estado en
materia laboral, quedando vedada la importante vía de impulso a la contratación que permite
la posibilidad de regulación del contrato de trabajo, que no tiene por qué ser exclusivamente
introductora de reglas de flexibilidad, a través de la desregulación de condiciones laborales,
sino también de pautas singulares en atención a las circunstancias del mercado de trabajo
regional y de los colectivos a los que la norma de promoción va destinada 91 . Este veto,
insalvable desde cualquier punto de vista, no debe ocultar otro también importante, pues la
LE atribuye al Gobierno la “planificación” y “coordinación de la política de empleo” (art. 3.1),
para lo que cuenta con el instrumento de los planes nacionales de acción para el empleo,
posteriormente denominados planes nacionales de reformas y actualmente planes anuales de
política de empleo. El diseño autonómico de planes propios de políticas de empleo debe
respetar, por tanto, los objetivos del plan anual de política de empleo y ser coherente con las
88
GRANADOS ROMERA, I.: “Financiación autonómica de las políticas activas de empleo”, El Derecho del Empleo. El
Estatuto jurídico del empleo. Estudio sistemático de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, MONEREO PÉREZ,
J.L.; MORENO VIDA, M.N. y FERNÁNDEZ AVILÉS, A., (dirs.), Granada, Comares, 2011, p. 444.
89
VALDÉS DAL RE, F.: “La reforma de la intermediación laboral”, RL, núm. 21-22, 2010, p. 155.
90
STCo 360/1993, de 3 de diciembre.
91
QUESADA SEGURA, R.: “Art. 4. La dimensión local de la política de empleo”, El Derecho del Empleo. El Estatuto
Jurídico del Empleo. Estudio sistemático de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, MONEREO PÉREZ, J.L.; MORENO
VIDA, M.N. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., (dirs.), Comares, Granada, 2011, p. 150.
237 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN