La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Nacionales de Acción para el empleo, ni siquiera en el diseño de las políticas regionales de
empleo que las Comunidades Autónomas establecen de acuerdo con las obligaciones fijadas
por la Estrategia Europea de Empleo a través de aquéllos, dado que el art. 4.2 LE, en la
versión original, únicamente contemplaba el establecimiento por los Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas de mecanismos de colaboración y, en su caso, de
participación con las Corporaciones Locales para la ejecución de los programas y medidas de
las políticas activas de empleo 245 .
Al corresponder a las Comunidades Autónomas, en el Estado compuesto, la gestión de las
políticas activas de empleo, por mucho que la Unión Europea potenciara el ámbito local, se
hacía depender de cada Comunidad Autónoma la creación de una adecuada red de
estructuras para el desarrollo de la política de empleo a nivel local. Por ello, venía siendo
muy importante que las Comunidades Autónomas reforzaran su estrategia de “alianzas” con
las Administraciones Locales y otros entes administrativos infra-autonómicos (cabildos,
comarcas, diputaciones…) para que las medidas activas de empleo pudieran diversificarse y
llegar a todos los demandantes de empleo 246 . En definitiva, la intervención de los Entes
Locales quedaba constreñida a la fase de ejecución de las medidas de empleo, mediante el
recurso a la técnica convencional, llamada a ordenar las relaciones de colaboración que
debían establecerse entre los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y las Corporaciones
Territoriales menores 247 .
Sobre este panorama, que todavía se mantiene en la actualidad, incide tímidamente la
aprobación de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, que pretende dotar a determinados municipios 248 , de los instrumentos
adecuados para que puedan dar respuesta a las demandas ciudadanas y a las profundas
transformaciones sociales y económicas producidas en las últimas décadas. Esta norma
intenta conferir una mayor autonomía a determinados Ayuntamientos que por su dinamismo
y complejidad necesitan adecuar su régimen competencial y superar algunas de las carencias
que presenta la LBRL. En este contexto, no cabe ocultar cómo son varios los aspectos que
guardan relación con las competencias que estas Administraciones pueden llegar a
desarrollar en el ámbito del empleo. Así, esta Ley reconoce la relevancia de las funciones que
han venido desarrollando los Entes Locales en el fomento del desarrollo económico y social y
en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás
Administraciones Públicas, lo cual enlaza directamente con el empleo. Este expreso
reconocimiento va a suponer un importante impulso para la puesta en práctica de
competencias locales en esta materia, lo que dará lugar a un mayor número de Pactos
Locales a favor del empleo, si bien el marco normativo nuevamente adolece de imprecisión
ya que no llega a concretar de qué manera los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas deberían establecer los mecanismos de colaboración con las
Administraciones Locales 249 .
Pese a todas las dificultades –y a un marco normativo ambigüo--, no cabe ocultar que la
plasmación de proyectos locales de colocación se centra sobre todo en los denominados
“nuevos yacimientos de empleo” 250 , destinados a la satisfacción de las demandas sociales
referidas fundamentalmente a aquellos aspectos relacionados con los derechos de tercera
generación o fundados en la solidaridad (paz, protección del medio ambiente, desarrollo,
245
CAVAS MARTÍNEZ, F.: “El entramado institucional del empleo en las vertientes pública y privada”, cit., p. 255.
246
GARCÍA GIL, M.B.: Los instrumentos jurídicos de la política de empleo, Aranzadi, Pamplona, 2006, pp. 65 y ss.
247
NIETO ROJAS, P.: “Algunas reflexiones sobre las competencias de los Entes Locales en materia de empleo. Un
modelo en construcción”, Estrategia Europea, Estado Autonómico y Política de Empleo. XVIII Congreso nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, MTIn, Madrid, 2008, p. 501.
248
Aquéllos cuya población supere los 250.000 habitantes, los que sean capitales de provincia cuya población sea
superior a los 175.000 habitantes, los que sean capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas y
aquéllos cuya población supere los 75.000 habitantes siempre y cuando presenten circunstancias económicas, sociales,
históricas o culturales especiales. DOMINGO ZABALLOS, M.J.: “Consideraciones sobre la Ley 57/2003, de 17 de
diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 610, 2004, pp. 1
y ss.
249
NIETO ROJAS, P.: “Algunas reflexiones sobre las competencias de los Entes Locales en materia de empleo. Un
modelo en construcción”, cit., p. 502.
250
CACHÓN RODRÍGUEZ, L.: “Creación de empleo y yacimientos de empleo”, Gaceta Sindical, núm. 167, 1998, pp.
43-49. Por extenso, CACHÓN RODRÍGUEZ, L; COLLADO CURIEL, J.L. y MARTÍNEZ MARÍN, M.I.: Nuevos yacimientos de
empleo en España. Potencial de crecimiento y desarrollo futuro, MTAS, Madrid, 1998.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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