La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

laboral” que el art. 149.1.7ª CE utiliza para atribuir competencia legislativa exclusiva al
Estado 55 .
Ahora bien, aun cuando de acuerdo con la doctrina constitucional expuesta, la disciplina
normativa o la regulación de la colocación (y recolocación), del fomento del empleo y de la
formación profesional ocupacional, debe considerarse sin ambages como “legislación
laboral”, cuya atribución corresponde únicamente al Estado (art. 149.1.7ª CE), lo cierto es
que la gestión y aplicación de dicha normativa es competencia de las Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus correspondientes territorios, de la mano de la facultad de
ejecución de la mencionada “legislación laboral” 56 . Esta argumentación, incontrovertida
desde el punto de vista teórico, no lo es tanto en su aplicación práctica, no en vano las
Autonomías Territoriales han venido asumiendo generalizadamente prerrogativas en materia
de fomento regional de empleo, que disponen de un encaje constitucional más amplio que la
propia función ejecutiva de la legislación estatal 57 . Y es que el reparto de competencias en
materia de empleo no puede resolverse acudiendo al “fácil” esquema dual: exclusividad
legislativa para el Estado Central, exclusividad ejecutiva para las Comunidades Autónomas,
pues –como se verá-- el carácter transversal u horizontal de la materia sobrepasa los límites
de un único título de habilitación competencial 58 .
2.- Principales hitos de evolución
El proceso de gestión de las políticas de empleo y la creación de los Servicios Autonómicos
no se ha realizado al mismo tiempo en todas las Comunidades Autónomas, sino que comenzó
en los años noventa con varias velocidades de implantación, demostrativas, no obstante, de
una tendencia clara a la ampliación progresiva en sus quehaceres 59 . En la mayoría de las
ocasiones, y antes de crear los Servicios Autonómicos como órganos gestores de las políticas
de empleo, la primera actuación que se llevó a cabo fue el traspaso de la gestión de la
formación profesional ocupacional, quedando pendientes numerosas políticas de empleo que
se transmitieron posteriormente. En concreto, en materia de intermediación laboral no se
utilizó desde el primer momento la vía del traspaso de competencias. De este modo,
Cataluña, Asturias, Galicia, Castilla y León, Madrid, Navarra y Andalucía –aunque en esta
última no llegó a ponerse en funcionamiento-- utilizaron el cauce de las agencias sin fines
lucrativos para gestionar la actividad de colocación; es decir, acudieron a mecanismos
indirectos, creando “Servicios Autonómicos de Colocación”, a través de un ente interpuesto
cuya titularidad correspondía a la propia Comunidad Autónoma, pero –como es lógico-- esta
técnica no convirtió a estas Autonomías en administradoras de todas las políticas de empleo,
pues su actividad se reducía a gestionar una agencia de colocación sin fines lucrativos
dependiente del entonces INEM. Ahora bien, pese a estos límites, en la mayoría de las
ocasiones no respetaron la normativa vigente, extralimitándose ampliamente en sus
funciones.
Por su parte, el resto de Comunidades Autónomas que no utilizaron el instrumento de las
agencias de colocación tampoco realizaron el proceso de traspaso de las atribuciones en
materia de intermediación con anterioridad al último decenio del siglo pasado, sino que
durante todos esos años se realizó dicha actividad directamente por el Estado 60 .
El proceso ha sido claro: la mayor parte de las Comunidades Autónomas contaron
inicialmente con el traspaso de competencias en materia de formación profesional
ocupacional, produciéndose muy posteriormente la transferencia de prerrogativas en relación
con otras políticas de empleo de la mano de los Decretos de traslado de la gestión en el
55
SSTCo 95/2002, de 25 de abril; 190/2002, de 17 de octubre y 230/2003, de 18 de diciembre.
56
STCo 95/2002, de 25 de abril.
57
PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo, cit., p. 173.
58
MONEREO PÉREZ, J.L.: “Art. 1. Definición”, cit., p. 50.
59
LÓPEZ PRADA, R.: “Transferencia y privatización del servicio público de colocación”, RTSS (CEF), núm. 212, 2000, p.
124.
60
SERRANO FALCÓN, C.: “El Sistema Nacional de Empleo. El proceso de creación y la gestión de las políticas de
empleo”, Estrategia Europea, Estado Autonómico y Política de Empleo. XVIII Congreso nacional de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Madrid, 2007, p. 433.
229 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN