La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

definido en la LOU, entre cuyas funciones se encuentre la de llevar a cabo actividades de
investigación.
2.- La distinción entre los diversos tipos de personal, ya sujeto a Derecho Administrativo, ya
a Derecho del Trabajo, pudiendo ser funcionario de carrera, funcionario interino o personal
laboral fijo, conforme previene el art. 8 EBEP (art. 13.2 LCTI 198 ). A partir de tal catálogo
ordena sus fuentes: los funcionarios se regirán por el EBEP con las peculiaridades que
contempla la LCTI y, supletoriamente, por las normas de desarrollo de la función pública que
le sea de aplicación, entre las cuales procede destacar las de las Comunidades Autónomas en
ejercicio de sus competencias --entre otras materias conexas-- en el “fomento de la
investigación” (ajustada, eso sí, a los límites derivados del art. 149.1.7 y 17 CE), a la
autonomía de las Universidades y otros centros de investigación y, por supuesto, a la
autonomía colectiva. Por su parte, los laborales, además de por lo dispuesto en la LCTI, por
cuanto prevé en el EBEP y les resulte de aplicación, así como por el ET y sus normas de
desarrollo, incluidos los convenios colectivos (art. 13.3 y 4 LCTI) y la no descartable
operatividad --sobre todo en “supuestos estrella”-- del contrato. Sumamente complejo es el
sistema diseñado para el personal investigador de las Universidades públicas --del cual ya se
ha dejado noticia--, pues, además de a los anteriores referentes en función de su relación
laboral o administrativa, habrá de atender, también, a lo dispuesto en la LOU y su normativa
de desarrollo, a los futuros Estatutos del PDI --y de Personal Investigador en Formación,
cabría añadir--, a los Estatutos de las Universidades y a las disposiciones dictadas por las
Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias (art. 13.5 LCTI), así como el juego
de la autonomía individual.
3.- El reconocimiento expreso de la larga lista de derechos y deberes específicos recogidos
en los arts. 14 y 15, de necesario añadido a los establecidos en el EBEP (aun cuando en
algunos casos se trata de meras reiteraciones) y a los restantes de aplicación al personal
investigador en función del tipo de entidad para la cual preste servicios y de la actividad
realizada.
El elenco de derechos se extiende a los siguientes 199 :
“a) A formular iniciativas de investigación, a través de los órganos o estructuras
organizativas correspondientes.
b) A determinar libremente los métodos de resolución de problemas, dentro del marco de las
prácticas y los principios éticos reconocidos y de la normativa aplicable sobre propiedad
intelectual, y teniendo en cuenta las posibles limitaciones derivadas de las circunstancias de
la investigación y del entorno, de las actividades de supervisión, orientación o gestión, de las
limitaciones presupuestarias o de las infraestructuras.
c) A ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter
científico en los que participe.
d) Al respeto al principio de igualdad de género en el desempeño de sus funciones
investigadoras, en la contratación de personal y en el desarrollo de su carrera profesional.
e) A la plena integración en los equipos de investigación de las entidades para las que presta
servicios.
f) A contar con los medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de sus funciones,
dentro de los límites derivados de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia en la
asignación, utilización y gestión de dichos medios e instalaciones por las entidades para las
que preste servicios, siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.
g) A la consideración y respeto de su actividad científica y a su evaluación de conformidad
con criterios públicos, objetivos, transparentes y preestablecidos.
198
Un planteamiento ilustrativo al respecto en MONEREO PÉREZ, J. L. y MOLINA NAVARRETE, C.: “Artículo 8. Concepto
y clases de empleados públicos”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L. et alii, Dirs. y Coords.): El Estatuto Básico del
Empleado Público. Comentario sistemático de la Ley 7/2007, de 12 de abril de 2008, cit., págs. 147 a 155.
199
Por extenso, LORENZO DE MEMBIELA, J. B.: Derechos fundamentales de los funcionarios, Cizur Menor (Aranzadi),
2007.
377 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN