La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Además, el apartado 3 de este mismo precepto añade que “la Administración podrá realizar
cursos de formación de empleados públicos destinados únicamente a personas con
discapacidad; estos cursos estarán dirigidos, bien a la formación de los empleados públicos
para el mejor desempeño de su puesto de trabajo, bien a la formación para apoyar la
promoción desde puestos de trabajo reservados para personas con discapacidades
específicas”. En el desarrollo de las acciones formativas “se realizarán las adaptaciones y
ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad participen en
condiciones de igualdad” (art. 17.5).
Un comentario particular merece, además, el art. 16 Decreto 83/2008, en el cual se
establece que “mediante convenio firmado entre la Administración de Castilla y León y las
entidades vinculadas a personas con discapacidad, se promoverán programas
experimentales que permitan la ejecución de programas de carácter temporal en condiciones
de accesos excepcionales, a personas con discapacidad en condiciones especiales” 595 .
4.- Tampoco resulta nada desdeñable la conexión lógica de la finalidad del art. 59.2 EBEP
con el derecho del empleado público con discapacidad a recibir protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo ex art. 14.1 EBEP y restante normativa concordante sobre
la materia, en concreto, art. 57.1 h) LFPCL . En efecto, existen fundamentos legales en el
ordenamiento de la prevención de los riesgos laborales para dotar de mayor efectividad si
cabe al contenido del art. 59.2 in fine, siendo destacable que la definición del contenido del
perfil profesional de cada puesto [art. 69.2 a) EBEP] y del sistema de organización del
trabajo [art. 69.2 b) EBEP], son medidas para la ordenación de los recursos humanos
imprescindibles para hacer real el principio de adecuación del sujeto al trabajo. Por
consiguiente, el empleador público deberá “adaptar la actividad profesional a la persona” tal
y como exige el art. 15.1. d) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL), sobre todo ante una situación de discapacidad, circunstancia sobre la que
incide el art. 25.1 LPRL, que exige garantizar “de manera específica la protección de los
trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido,
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o
sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo”. Y, a tal fin,
deberán tenerse en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función
de éstas, adoptarse las medidas preventivas y de protección necesarias 596 .
VI.- Requisitos generales para el acceso
Como ya consta, el acceso al empleo público, por cualquiera de los cauces transcritos, ha de
tener lugar respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, secuela
de los cuales son otros seis ya conocidos: publicidad de las convocatorias y de sus bases;
transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección;
independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de estos órganos; adecuación entre el
contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar; y agilidad, sin
perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Ahora bien, no sólo estos principios rectores en la selección de personal, son aplicables al
personal funcionario y laboral de la Administración Pública de Castilla y León. También es
menester observar lo previsto en el art. 56 EBEP, sobre los requisitos generales para poder
participar en los procesos selectivos: nacionalidad española, capacidad funcional, edad
mínima (16 años) y máxima (jubilación forzosa), no haber sido separado del servicio ni
hallarse inhabilitado, y titulación adecuada, sin necesidad de hacer referencia aquí, por su
falta de incidencia práctica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al conocimiento de
lenguas cooficiales.
En idéntico sentido ser pronuncia el art. 46 LFPCL y la Orden ADM 853/2009.
595 CORDERO GORDILLO, V.: “El acceso al empleo público de las personas con discapacidad”, en AA.VV.: El Estatuto
Básico del Empleado Público. XIX Congreso Nacional de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, Vol. I, Madrid,
2009, pág. 159.
596 RODRIGUEZ ESCANCIANO, S.: “Supuestos especiales de protección de la seguridad y salud de los trabajadores:
grupos específicos de riesgo”, en AA.VV (FERNANDEZ DOMINGUEZ, J.J., Coord.): Compendio de doctrina legal en
materia de prevención de riesgos laborales, Valladolid, 2006, págs. 173 y ss.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 474