La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Han de incluirse igualmente en los ficheros de los Servicios Autonómicos de Empleo, los
demandantes de ocupación que deseen participar en determinadas políticas activas, no en
vano si éstas están destinadas a crear empleo con cargo a fondos públicos, pueden exigir o
preferir que la intervención se lleve a cabo por los cauces oficiales. Tal ha sucedido, sin
ánimo exhaustivo, con la previsión del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, de
creación de un Fondo Estatal de Inversión Local y de un Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo, en virtud del cual la contratación de trabajadores
en situación legal de desempleo que habían de llevar a cabo los Ayuntamientos para
financiar sus obras con cargo al citado Fondo Estatal se debía hacer “preferentemente a
través de los Servicios Públicos de Empleo” (disposición adicional 2.2ª). En este mismo
sentido, cuando estas políticas sean financiadas por los propios Servicios Públicos de Empleo
pueden imponer también que la contratación se formalice según sus específicos modelos
oficiales y atribuir a las oficinas públicas facultades para su seguimiento. Buena muestra de
ello puede encontrarse en la necesidad de utilizar el modelo oficial del SPEE para los
contratos indefinidos bonificados por este Organismo Autónomo (art. 2.8 Ley 43/2006).
6.2.- Obligaciones empresariales. La Orden EYE 298/2011
Los empresarios, oferentes de ocupaciones, podrán solicitar, si así lo consideran, la mano de
obra que precisen a cualquier oficina del empleo, preferentemente la que corresponda al
domicilio de la entidad productiva o centro de trabajo principal. A tal fin, deberán indicar las
características del puesto, las condiciones de los candidatos, el tipo de contratación y la
forma, lugar y fecha de selección de los posibles trabajadores. Han de comunicar, asimismo,
a la oficina pública, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación, el
contenido de los contratos de trabajo y sus prórrogas, deban o no formalizarse por escrito,
así como enviar la “copia básica” de dichos nexos contractuales, previa entrega, en su caso,
a la representación legal de los trabajadores, según los procedimientos fijados por las
Comunidades Autónomas y por el Ministerio de Trabajo en el ámbito de la Administración
General del Estado (art. 16 ET). Este cúmulo de deberes aconseja una reflexión más
detenida, centrando la atención en los puntos siguientes:
1º.- El apartado 16.1 ET impone a los dadores de ocupación la obligación de comunicar a la
oficina pública de empleo el contenido de los contratos que celebren o las prórrogas de los
mismos, sin importar si deben o no celebrarse por escrito. La presente regulación es fruto de
una significativa reforma producida por el art. 32 Ley 14/2000, de 29 de diciembre, que
sustituyó el deber de registro por el menos riguroso de comunicación en aras a modernizar el
funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo y acercarlos al ciudadano a través de una
simplificación de los trámites administrativos 119 . Los extremos a incluir en la notificación
quedarán referidos a las siguientes circunstancias: a) identificación del trabajador y de la
empresa; b) requisitos específicos de cada modalidad contractual, de las transformaciones o
conversiones de los contratos temporales en indefinidos, de los llamamientos de los
trabajadores fijos discontinuos y de los pactos de horas complementarias en los contratos a
tiempo parcial indefinidos; c) datos de las certificaciones expedidas por la Administración
Pública o entidad encargada de gestionar la formación de trabajadores sustituidos por
desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo, así como todos aquéllos relativos
a las comunicaciones que legal o reglamentariamente se establezcan según lo dispuesto en
su respectiva normativa reguladora (art. 3 Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre).
Cabe deducir, por tanto, que no han de hacer referencia a ninguna circunstancia de carácter
sensible, que pudiera poner en entredicho el derecho a la intimidad del trabajador 120 .
El art. 16 ET establece un plazo de diez días para cumplir el trámite de comunicación del
contrato, contados a partir del día de celebración del mismo, especificando el art. 1 Real
Decreto 1424/2002 que se refiere a días hábiles, algo esperable dado que se trata de un
plazo administrativo sometido a las reglas del procedimiento administrativo común 121 .
119
SUÁREZ CORUJO, B.: “Art. 16”, Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, DE LA VILLA GIL, L.E., (dir.), Iustel,
Madrid, 2010, p. 375.
120
VIDA SORIA, J., et alii: “Los servicios públicos de empleo”, Empleo y mercado de trabajo: nuevas demandas,
nuevas políticas, nuevos derechos. XXIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales, MOLINA NAVARRETE, C. (coord.), CARL, Sevilla, 2005, p.166.
121
SUÁREZ CORUJO, B.: “Art. 16”, cit., p. 376.
243 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN