La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Las evaluaciones para la obtención de la acreditación nacional y de los concursos de acceso
serán llevadas a cabo por comisiones en las cuales podrán participar, tengan o no una
relación de servicios con la Universidad y con independencia de ese tipo de relación si
existiera, expertos españoles, así como hasta un máximo de dos expertos nacionales de
otros Estados Miembros de la Unión Europea o extranjeros. Todos estos integrantes deberán
poder ser considerados (y la norma no define el criterio a seguir a estos efectos)
profesionales de reconocido prestigio científico o técnico.
El personal contratado por las Universidades públicas como laboral fijo de acuerdo con el art.
22.4 LCTI --según se pasará a exponer-- podrá ser acreditado para Profesor Titular de
Universidad, a los efectos de lo dispuesto en el Título IX de la LOU, cuando obtenga el
informe positivo de su actividad docente e investigadora de acuerdo con el procedimiento
que establezca el Gobierno en otra norma futura, para cuya elaboración queda
genéricamente habilitado y comprometido por la disposición final 10ª LCTI.
B.- Por que se refiere a lo segundo, el art. 32 LCTI respeta el principio de autonomía de las
Universidades públicas y las faculta a establecer la distribución de la dedicación del PDI a sus
servicio en cada una de las funciones propias de estas Instituciones de Derecho Público
establecidas en la LOU, siempre de acuerdo con lo establecido en dicha Ley y en sus normas
complementarias.
En desarrollo del art. 2.2., las dos Secciones del Capítulo II (los arts. 24 a 30) recogen las
especificidades aplicables al personal al servicio de los Organismos Públicos de Investigación
de la Administración General del Estado, cuya extensión hace inviable una exposición en este
contexto, a riesgo de desbordar su objetivo de partida; más aún cuando en gran medida no
va dirigida a la inserción de los jóvenes, sino a la estabilidad y al diseño de una carrera ya
como profesionales. Baste, por tanto, su remisión a aquellos preceptos para quien desee
abundar en tal materia.
2.2.2.- La contratación del personal investigador de carácter laboral por la Administración (u
otras entidades contempladas en la Ley de 2011)
El art. 20 LCTI establece el marco general de contratación del personal investigador (lo cual
conlleva la introducción --ex disposición final 3ª. Cuarto-- de un nuevo apartado 3 bis en el
art. 48 LOU, destinado a establecer que las Universidades públicas “asimismo podrán
contratar personal investigador conforme a lo previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”), creando tres tipos contractuales específicos: el
predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y el de
investigador distinguido, que aquí no será analizado por razones obvias. A todos ellos los
dota de un régimen propio (sin perjuicio de cuanto se pudiera completar por vía
reglamentaria), remitiendo supletoriamente al ET y a su normativa de desarrollo para
integrar lo no regulado de manera expresa.
Los llamados a utilizar esta fórmulas son los Organismos de Investigación de la
Administración General del Estado y de otras Administraciones Públicas, sin restricción de
ningún tipo; también, las Universidades públicas, pero éstas únicamente cuando sean
perceptoras de fondos cuyo destino incluya la contratación de personal investigador o para el
desarrollo de sus programas propios de I+D+i. No obstante, la lista se amplía a otros
sujetos, bajo determinados condicionantes, por la disposición adicional 1ª LCTI, a saber:
-- Las Universidades privadas y las de la Iglesia católica, si bien únicamente cuando sean
perceptoras de fondos cuyo destino incluya la contratación de personal investigador.
-- Las entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de investigación y
desarrollo tecnológico, generen conocimiento científico o tecnológico, faciliten su aplicación y
transferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las entidades
empresariales, pero sólo si son beneficiarias de ayudas o subvenciones públicas que tenga
tal finalidad a partir de la utilización del contrato ad hoc y concedidas en el marco de las
Estrategias Españolas de Ciencia y Tecnología o de Innovación.
-- Los consorcios públicos y fundaciones del sector público en los cuales la participación
estatal sea igual o superior a la de cada una de las restantes Administración Públicas cuyo fin
y objeto social comprenda la ejecución directa de actividades de investigación científica y
383 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN