La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

actividad, a impulsar la formación profesional y a favorecer el trabajo autónomo mediante
una política fiscal adecuada. Se trata, en definitiva, de las líneas generales de lo que deben
ser las “políticas activas de fomento del autoempleo”, que habrán de ser desarrolladas y
materializadas “en función de la realidad socioeconómica” 225 .
El fundamento para esta nueva regulación del trabajo autónomo es posible encontrarlo en
una relectura del art. 35 CE, según la cual, el derecho al trabajo reconocido en este precepto
ya no puede entenderse reducido al ámbito del trabajo asalariado, sino que es necesario
incluir también dentro de esta fórmula al trabajo desarrollado en forma de autoempleo o por
cuenta propia.
El sistema de promoción y fomento del empleo contenido en la LETA tiene en cuenta no sólo
a todo tipo de trabajo autónomo (ordinario y económicamente dependiente 226 ) sino que
además concreta los destinos de las medidas de fomento y promoción, que lo son hacia “el
establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia”,
huyendo de otras voces como “autoempleo, economía social o desarrollo de pequeñas y
medianas empresas” de la legislación pasada. De esta manera, se convierte en una
obligación para el sector público la puesta en marcha de políticas sociales de empleo para
fomentar el espíritu de empresa y el autoempleo 227 .
Destinatarios de estas políticas lo son los poderes públicos en general lo que, obviamente,
refiere a las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales. Unas y otras habrán
de operar siempre en el ámbito de sus respectivas competencias, si bien no se descarta la
actuación coordinada entre las mismas.
A la política de fomento del autoempleo se refiere también el art. 23 de la Ley de Empleo,
cuando incluye dentro del concepto de política activa “al conjunto de programas y medidas
de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso
al empleo de los desempledos en el mercado de trabajo por cuenta propia [o ajena] y la
adaptación de la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así como
aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social”.
Teniendo en cuenta la literalidad del precepto, queda patente que resulta necesario abordar
el estudio de la política de fomento del empleo, desde una perspectiva más amplia que la
que imponen los estrictos contornos del trabajo por cuenta ajena. De esa forma, el desarrollo
de fórmulas de empleo por cuenta propia se convierte en elemento fisiológico de la disciplina
jurídica del Empleo, cuyas estructuras hacen posible la contemplación de estas experiencias
desde una perspectiva distinta a la negativa y marginal que le ha venido ofreciendo el
ordenamiento jurídico del trabajo asalariado.
La intervención de los poderes públicos en el fomento y promoción del empleo autónomo es
un tipo de política que se puso de relieve por la OIT (1998) y se constató en el ámbito
comunitario a partir del Consejo Europeo de Lisboa (2000) con dos líneas de actuación
relevantes: la sustitución de las políticas pasivas de empleo por las activas y la aparición del
fomento del empleo autónomo junto con el asalariado.
Actualmente, cada vez son más los programas dirigidos a fomentar el autoempleo como
forma creadora de riqueza y como vía alternativa de acceso al mercado de trabajo que, por
225 Párrafo último del apartado V de la Exposición de Motivos de la LETA.
226 Destacando cómo la regulación de los TRADE propicia la “pluralización” del propio trabajador, cuando admite la
compatibilidad de la condición de trabajador asalariado y TRADE para un mismo empresario, a propósito del art. 2.1 del
RD 197/2009, de 23 de febrero, RUÍZ CASTILLO, Mª.M.: “El Estatuto del trabajador autónomo. ¿Una intervención legal
de largo alcance?”, RDS, núm. 52, 2010, pág. 43.
227 Pese a que con anterioridad a la LETA, ese apoyo público del trabajo autónomo ya se había producido
tradicionalmente a través de los programas de fomento de empleo, es a partir de esta norma cuando se institucionaliza
legalmente esta labor. Sobre el particular, entre otros, LUJÁN ALCARAZ, J.: “El empleo de los trabajadores autónomos”,
DL, núm. 69, 2003, págs. 160 y ss.; BAJÉN GARCÍA, A.: “El fomento del trabajo autónomo en España”, DL, núm. 78,
2006, págs. 119 y ss.; SÁEZ LARA, Mª.C.: “Un estatuto para el fomento del trabajo autónomo”, Perspectivas del
sistema financiero, núm. 86, 2006, págs. 21 y ss. o PURCALLA BONILLA, M.A.: “El fomento del empleo del trabajo
autónomo”, REDT, núm. 137, 2008, págs. 73 y ss.
547 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN