La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

constar por escrito y ha de ser prestado no sólo sobre el tratamiento, sino también sobre su
recogida 469 . Como nota común a ambas categorías, cabe mencionar la prohibición de crear
ficheros con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la
ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico o vida sexual (art. 7.4
LOPD) 470 . Todo ello sin olvidar cómo tales datos están protegidos bajo el nivel más alto de
seguridad (art. 81 Real Decreto 1720/2007).
Como mecanismos de garantía, se exige, en primer lugar y como regla general, en cualquier
tipo de dato (especialmente protegido u ordinario), el consentimiento informado del titular para
cualquier cesión o tratamiento –art. 6.1--. Sin embargo, en la fase previa a un contrato de
trabajo esta regla general parece quebrar, no en vano la excepción queda recogida por el art.
6.2 LOPD que niega la exigibilidad del consentimiento del titular de los datos cuando éstos se
refieran a las partes de un contrato o precontrato laboral, en cuanto necesarios para su
mantenimiento o cumplimiento. Es más, se entiende que el consentimiento va implícito en la
simple aceptación de la oferta o en la perfección del contrato 471 . Con todo, esta previsión legal,
reseñada como excepción a la necesidad de que el afectado preste su consentimiento, no debe,
sin embargo, llamar a equívocos en cuanto a la exigencia del requisito mentado, pues, si bien
siendo plenamente conscientes de la necesidad empresarial de manejar información
automatizada de sus dependientes para obtener una adecuada organización de su unidad
productiva, conforme acertadamente matiza el art. 5 LOPD, el principio de autodeterminación
exige también la información al interesado para toda recogida de datos personales tendente a
alimentar un fichero automatizado y afecte a cuestiones no relacionadas directamente con la
actividad profesional, quedando abierta la posibilidad de ejercitar el derecho de oposición al
tratamiento (y también cancelación) "cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a
una concreta situación personal" (art. 6.4 LOPD) 472 .
3.- Las propias instituciones formativas son muchas veces las interesadas en que se produzca el
puente que permita, tras la obtención de una determinada titulación, acceder al mercado de
trabajo. Las razones que impulsan en tal sentido obedecen a la preocupación por las salidas
profesionales de los alumnos y, cómo no, al prestigio que como instituciones docentes les
supone para captar nuevos estudiantes (clientes de sus servicios). A tal efecto, los centros
educativos, auxiliados por las nuevas tecnologías, suelen crear este tipo de bolsas de empleo o
instrumentos equivalentes (muchas veces institucionalizados, tal y como sucede con los Centros
de Orientación e Información para el Empleo –COIE—de las Universidades) que procuran
ocupación a sus egresados (en cuyo caso el centro educativo actuaría como un verdadero
intermediario laboral aun cuando la relación del recién titulado con la empresa se oculte tras el
disfrute de una beca o –mejor—una práctica no laboral a la luz del Real Decreto 1453/2011, de
31 de octubre), así como la realización de prácticas profesionales en empresas para alumnos de
últimos cursos (aquí en régimen no laboral sino como alumnos de un practicum curricular y
extracurricular) 473 , a lo cual impulsa además la implantación del denominado Espacio Europeo
de Educación Superior, tal y como se deduce de lo dispuesto en el Real Decreto 1791/2010, de
30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, cuyos arts. 8 f)
y 9 f) recogen, respectivamente, el derecho de los alumnos de Grado y Máster a realizar este
tipo de prácticas.
XII.- Organizaciones y Agentes Sociales
La preocupación por los temas relacionados con el empleo no es patrimonio exclusivo de los
poderes públicos y de los agentes privados autorizados para ello, así como de aquellas otras
entidades que de forma más o menos institucionalizada colaboran en esta labor aun cuando
no realicen tareas propias de intermediación. Desde un prisma normativo-conceptual, no
469
STSJ, Social, Cataluña 7 junio 2006 (TOL 1035232).
470
FREIXAS GUTIÉRREZ, G.: La protección de los datos de carácter personal en el Derecho español, Bosch, Barcelona,
2001, pp. 127 y ss.
471
DEL REY GUANTER, S.: “Tratamiento automatizado de datos de carácter personal y contrato de trabajo (una
aproximación a la `intimidad informática’ del trabajador)”, RL, Tomo I, 1994, p. 24.
472
GARCÍA ONTOSO, R.M.: "Comentarios a la nueva Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre
de 1999", XIII Encuentro sobre Informática y Derecho, DAVARA RODRIGUEZ, M.A., (coord.), Aranzadi, Pamplona, 2000,
p. 35.
473
CAVAS MARTÍNEZ, F.: “El entramado institucional del empleo en las vertientes pública y privada”, cit., p. 305.
311 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN