La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

compromisos legales, siempre y cuando el solicitante de la nueva prestación haya sido
beneficiario de la extinguida.
g) Que todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia cumplan las
condiciones y requisitos siguientes (art. 11):
-- Carecer de los medios económicos o patrimoniales suficientes para atender sus
necesidades básicas de subsistencia.
-- Todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia que pudieran tener
derecho a alguna prestación pública la haya solicitado ante el organismo correspondiente y
se haya resuelto su denegación o se haya agotado su percepción, sin perjuicio de los
supuestos de complementariedad.
-- Quienes se encuentren en edad de trabajar, estén inscritos como demandantes de
empleo o mejora de empleo en la provincia de residencia en la fecha de presentación de la
solicitud. Este requisito no será exigible para aquellos miembros de la unidad familiar o
unidad de convivencia que estén cursando una actividad formativa reglada o que sean
cuidadores familiares de las personas dependientes beneficiarias de la prestación económica
de cuidados en el entorno familiar prevista en el sistema de promoción de la autonomía
personal y atención a la dependencia. Tampoco se exigirá en el supuesto de que el informe
social, en atención a las circunstancias personales o sociales, determine la imposibilidad o
improcedencia de dicha inscripción.
-- Cuando en la unidad familiar o de convivencia existan menores en edad de cursar
enseñanzas obligatorias, sus padres o tutores hayan dispuesto todas las condiciones y
medios necesarios y suficientes para que aquellos reciban dicha educación.
-- En fin, los miembros de la unidad familiar o de convivencia distintos del titular
deberán tener domicilio, estar empadronados y residir legalmente en algún municipio de la
Comunidad de Castilla y León.
Sin embargo, estas personas ya cuentan con un itinerario de inserción sociolaboral,
obligatorio y previsto en estas rentas. Además, debido a las reglas que rigen su percepción,
la realización de un trabajo retribuido comporta la suspensión o extinción de la misma. Quizá
sea esa complementariedad buscada por los poderes públicos, desplazar la protección de las
rentas a favor de la actividad protegida retribuida por razones de eficacia social y económica.
2.- Personas que no puedan acceder a dichas prestaciones por faltarles el período
exigido de residencia o empadronamiento; o para la constitución de la unidad perceptora o
que reunieran todas las condiciones pero ya hubieran agotado el período máximo de
percepción legalmente establecido.
En este punto amplía y trata de igualar a los ciudadanos de todas las regiones dada
la diferencia de tiempo, tal sucede, a modo de mera muestra, en Castilla y León con la
condición de residencia y empadronamiento de un año en esta región, con las excepciones
que contiene también la propia Ley 7/2010.
La duda se plantea sobre el concepto de “residencia” exigida, si en ésta cabe
entender comprendido el de “legal”. Si la respuesta fuera negativa, supondría avocar al
empresario de inserción a una infracción administrativa. No obstante, el art. 14.3 LO 4/2000,
declara que “los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho
a los servicios y prestaciones sociales básicas.”. La solución podría venir dada por los
“visados de búsqueda de empleo” a partir de la aplicación de las competencias concedidas en
los nuevos Estatutos a las Comunidades Autónomas 420 .
420
VALLECILLO GÁMEZ, M.R. y MOLINA NAVARRETE, C.: Empresa de inserción y mercados de trabajo inclusivos. Nuevo
marco regulador y modelos de gestión, cit., pág. 157.
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 622