La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

medidas que afecten a los jóvenes castellanos y leoneses, teniendo en cuenta, los siguientes
aspectos: a) Potenciar itinerarios de inserción laboral, con especial atención a la formación
para el acceso al mercado de trabajo; b) Fomentar ayudas a la contratación por cuenta ajena
para la promoción de la contratación de jóvenes en puestos de trabajo estables e
indefinidos; c) Desarrollar el autoempleo juvenil y las iniciativas emprendedoras y
empresariales. En su desarrollo, el Decreto 20/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba
el III Plan General de la Juventud de Castilla y León, diseña una serie de programas dirigidos
a fomentar y favorecer la inserción de los jóvenes mediante medidas de promoción personal,
ocupacional, residencial, educativa, sociocultural y recreativa, en aras a superar situaciones
de inadaptación plena en la Comunidad 50 . En fin, no procede dejar de hacer mención a la Ley
3/2007, de 7 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes
de Castilla y León, particularmente interesante por cuanto a los jóvenes hace.
Esbozado este panorama normativo y antes de realizar un estudio pormenorizado sobre las
actuaciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, singularmente relacionadas
con los jóvenes, es menester efectuar una reflexión más general sobre una serie de aspectos
comunes a todas las Comunidades Autónomas.
IV. Distribución competencial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas: Análisis desde la Ley de Empleo
1.- Posibilidades
La diversificación territorial de los poderes públicos competentes en materia de política de
empleo, que actúan en los niveles estatal y autonómico (también local como después se
verá), dotados ambos de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137
CE), constituye un factor de indudable complejidad a la hora de articular de forma coherente
y eficaz la acción pública. El fundamento normativo primario de esa característica se apoya
en la interpretación literal del propio art. 40.1 CE, pues el mandato que éste contiene se
dirige a los poderes públicos, lo que, en el modelo territorial instaurado por la Carta Magna,
incluye también sin duda a las Comunidades Autónomas. Junto a lo anterior, la organización
territorial del Estado encuentra un fundamento normativo derivado en la atribución
constitucional y estatutaria de ciertos poderes normativos. Por lo que se refiere a las políticas
de empleo, la distribución de competencias resultante de ese reparto del poder político
excede del ámbito estrictamente laboral, atribuido en exclusiva al Estado 51 , no en vano la
orientación hacia una especie de Derecho Autonómico del Empleo vendría motivada por la
necesidad político jurídica y social de atención a la situación específica de cada espacio
territorial autónomo 52 .
La CE no menciona de forma nominativa, entre las competencias recogidas en sus arts.
148.1 y 149.1, ninguno de los contenidos propios de las políticas activas de empleo
(intermediación laboral, fomento del empleo y formación profesional ocupacional), sin
perjuicio, claro está, de la inclusión de la protección por desempleo (versión pasiva) dentro
del régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos (arts. 41 y 149.1.17ª
CE) 53 . Por tal razón, ha tenido que ser el Tribunal Constitucional quien, a través de la
subsunción de las mencionadas categorías institucionales en las materias constitucionales
específicamente contempladas, procediera a afrontar la determinación del título competencial
en juego 54 . El alto tribunal llega, así, a la conclusión de que la tipificación de infracciones en
materia de empleo, las normas en las cuales se establezcan ayudas al fomento del empleo y
la regulación de la formación profesional, han de ubicarse dentro de la expresión “legislación
50
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Asistencia y servicios sociales”, Derecho Público de Castilla y León, Lex Nova/Junta
de Castilla y León, Valladolid, 2008, p. 1191.
51
MARTÍNEZ ABASCAL, A.V.: “Derecho al trabajo y políticas de empleo”, cit., p. 1347.
52
Por extenso, GARCÍA ARCE, M.C.: La dimensión territorial de la política de empleo, Aranzadi, Pamplona, 2010.
53
RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Política de empleo y dimensión territorial”, RL, núm. 14, 1998, pp. 110
y ss.
54
STCo 195/1996, de 28 de noviembre.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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