La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

la demanda de trabajo son dos elementos consustanciales al mismo, la intervención de los
organismos públicos se justifica desde el momento en que dicha oferta y demanda de
ocupación no se equilibran de forma automática 22 . Esta intervención de los poderes
gubernativos sobre el mercado de trabajo, con el objetivo último de procurar la deseada
creación de ocupación a la vez que el incremento de la estructura ocupacional del sistema
productivo en su conjunto, debe adquirir, además, una importancia significativa de primer
orden en el marco de las políticas de interés general 23 .
La propia Constitución Española, en su art. 40.1, impone a los poderes públicos orientar su
política al peno empleo como exigencia del Estado Social y Democrático de Derecho 24 , en
aras a conseguir que haya “más vacantes para los trabajadores, que trabajadores para las
vacantes” por exigencias de justicia social, dada la desigual posición entre el vendedor y el
comprador de la fuerza de trabajo 25 . Ello justifica un oportuno intervencionismo gubernativo
porque el libre juego de las fuerzas del mercado hace imposible la consecución del objetivo
pautado por la Norma Fundamental como una inveterada experiencia histórica muestra 26 . La
realización de una política orientada hacia el pleno empleo, tendente a lograr que “el
ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población no lleve consigo la negación de
ese mismo derecho para otra parte de la misma” 27 , implica una efectiva participación
institucional con el fin de que la situación de desempleo se reduzca a “breves intervalos de
expectativa”, en la seguridad de retornar con rapidez al antiguo puesto de trabajo o de
ocupar uno nuevo, adecuado a la capacidad del demandante 28 .
El decisivo papel que en un Estado social y en una economía moderna juega el mercado de
trabajo justifica –permítase la reiteración-- la existencia de un alto nivel de intervención
estatal en éste y una complejidad creciente de las reglas, instituciones y sujetos que operan
en él. El diseño de la política de empleo viene marcada, así, por tres principios rectores que
constitucionalmente impregnan tal actuación pública de carácter social y económico: la
realización de una política “orientada al pleno empleo” (art. 40.1 CE), la garantía en la
“asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en
caso de desempleo” (art. 41 CE) y la consideración de que “todos los españoles tienen el deber
de trabajar y el derecho al trabajo” (art. 35 CE) 29 . A partir de ahí y de lo dispuesto en los arts. 1
a 9 LE, la política de empleo puede definirse, en expresión ya conocida, como “el conjunto de
decisiones adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas” para desarrollar
“programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo…, la calidad en el
empleo…, la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y la demanda de empleo…, la
reducción de las situaciones de desempleo y… la debida protección” en las mismas 30 .
El instrumento administrativo fundamental diseñado a tal fin es el Sistema Nacional de
Empleo (SNE), compuesto por el SPEE y por los Servicios de Empleo de las Comunidades
Autónomas, con el encargo de implementar “el conjunto de acciones y medidas necesarias
para promover y desarrollar la política de empleo” (art. 5 LE), integrada por “actividades de
colocación, recolocación, información, orientación y asesoramiento; formación ocupacional
destinada a parados y formación continua orientada a ocupados; ayudas a la contratación de
trabajadores asalariados en el sector privado, de fomento del empleo autónomo y de
22
DEL VAL TENA, A.L.: “La intermediación en el empleo: un aspecto de la reforma del mercado de trabajo”, La reforma
del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral, MONEREO PEREZ, J.L., (ed.), Universidad, Granada, 1996, p.
202.
23
IGLESIAS CABERO, M.: “La gestión privada del empleo”, AL, núm. 9, 2000, p. 119.
24
STCo 22/1981, de 2 de julio.
25
ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: “Estímulos materiales y ayudas instrumentales a la contratación laboral”, RL, 1991,
Tomo I, pp. 138 y ss.
26
Ya en 1909 SIDNEY y BEATRICE WEBB reclamaban “la organización pública del mercado de trabajo”, tal y como
señala APARICIO TOVAR, J.: “Ponencia temática I: Políticas de empleo y Comunidades Autónomas”, www.aedtss.es.
27
STCo 22/1981, de 2 de julio.
28
MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.: “Derecho al trabajo y políticas de empleo”, El modelo social de Constitución Española de
1978, MARTÍN JIMÉNEZ, R. y SEMPERE NAVARRO, A.V., (coords.), MTAS, Madrid, 2003, p. 1344. Por extenso,
MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C.: “Artículo 35 CE. El derecho al trabajo. La libertad de elección de
profesión u oficio: principios institucionales del mercado de trabajo”, Comentario a la Constitución socioeconómica de
España, Comares, Granada, 2002, p. 1341.
29
PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo, 19ª edición, Ramón Areces, Madrid,
2011, p. 602.
30
MONTOYA MELGAR, A. y CRISTÓBAL RONCERO, R.: Comentario a la Ley de Empleo, cit., p. 76.
223 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN