La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

cuando su extensión total no exceda del período considerado como tope de derecho
necesario absoluto 167 .
Para el caso de haberse formalizado diferentes contratos de Ayudante con distintas
Universidades, la lógica (y algún convenio, conforme contemplan el art. 11 de las
Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo o el art. 22 de la Universidad de
Extremadura) lleva a computar todos los suscritos a la hora de determinar si se supera o no
la duración máxima prevista para esta modalidad 168 . La Ley añade al respecto que las
situaciones de incapacidad temporal, maternidad, adopción o acogimiento durante el período
de duración del mismo no sólo suspenden el contrato de trabajo, sino que interrumpen el
cómputo de la extensión máxima del mismo; a tal elenco, y después del EBEP, es claro
deben unirse las de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia y paternidad.
De recuerdo casi histórico (pues algunos supuestos todavía penden de resolución
administrativa o judicial, a pesar de su concluyente literal) es cuanto establece la disposición
transitoria 5: “en el caso de los Ayudantes de las Universidades de Valladolid y León, la
adecuación de las condiciones del contrato de tales figuras de PDI a las acordadas en este
convenio será negociada en las respectivas Universidades, con los correspondientes comités
de empresa, o comité intercentros en su caso, teniendo como plazo máximo de adaptación al
final del curso académico 2008-2009”.
1.2.- El Profesor Ayudante Doctor
El segundo eslabón de la hipotética carrera profesional del PDI viene dado por el Profesor
Ayudante Doctor, regulado en el art. 50 LOU (en Castilla y León, también, en el art. 17
Decreto 85/2002), y que en determinadas normas autonómicas y convenios recibe otra
denominación (“Profesor Adjunto”, en el de la Universidad del País Vasco; “Profesor Lector”
en el de Universidades públicas catalanas), aun cuando ajustándose en lo fundamental a lo
previsto en la norma estatal 169 . Se trata de un contrato previsto para cuantos ostentan el
título de doctor y han obtenido con carácter previo la evaluación positiva de su actividad por
parte de la Agencia Nacional para la Educación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el
organismo autonómico correspondiente (que en este caso --art. 17. 4-- es la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, o “cualquier otro órgano público de
evaluación que las leyes de otras Comunidades Autónomas determinen, siempre que exista
convenio o concierto con la Comunidad de Castilla y León”), y que, por consiguiente, pueden
desarrollar tareas de docencia cualificada y de investigación en el Área de conocimiento
donde están llamados a integrarse.
En la reformulación del precepto en 2007 desaparece el requisito, extremadamente rígido y
que no pocas ocasiones constituía un grave obstáculo para la carrera profesional de quienes
estaban en la etapa de formación 170 , consistente en acreditar que durante dos años antes de
la convocatoria de la plaza a la cual concursaba el interesado había realizado tareas docentes
o investigadoras en otros centros no vinculados a la Universidad de proveniencia como
Ayudante (intentando evitar-infructuosamente, cabe añadir-- la “endogamia”
universitaria 171 ); en consecuencia pierde sentido el art. 17.1 del Decreto 85/2002 de
aplicación en Castilla y León, que se anclaba en la versión de la LOU de 2001. Como
contrapartida a tal eliminación, ha sido introducido como mérito preferente el hecho de
acreditar la estancia del candidato en Universidades o centros de investigación de reconocido
prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la Universidad que pretende llevar a cabo la
contratación; lo cual llama directamente a la negociación colectiva para fomentar y
favorecer, además de exigir o valorar positivamente, la movilidad del profesorado,
167 AGUILERA IZQUIERDO, R.: “El régimen jurídico del personal docente e investigador contratado por las Universidades
públicas de Madrid”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 117, 2003, pág. 568.
168 Ya antes de tales previsiones, y al calor de la LOU 2001 o de la Ley catalana, DEL REY GUANTER, S. y MARTÍNEZ
FONS, D.: “El régimen jurídico del personal docente e investigador no funcionario tras la nueva legislación
universitaria”, Relaciones Laborales, T. II, 2005, pág. 493.
169 DEL REY GUANTER, S. y MARTÍNEZ FONS, D.: “El régimen jurídico del personal docente e investigador no
funcionario tras la nueva legislación universitaria”, cit., pág. 494.
170 SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F.: La nueva regulación de las Universidades. Comentarios y
análisis sistemático de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, Granada (Comares), 2002, pág.
506.
171 Con carácter general, MORENO GENÉ, J.: “La laboralización de los investigadores posdoctorales: evolución, situación
actual, problemas cruciales y propuestas de futuro”, Revista de Trabajo y Seguridad Socia (Centro de Estudios
Financieros), núm. 304, 2008, pág. 63.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 362