La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Pese a la bondad de esta previsión, no cabe olvidar que los planes sociales, en su mayoría, no
cumplen los objetivos para los que están previstos legalmente, al limitarse a la negociación de
la cuantía de la indemnización a percibir por los trabajadores (también, bajas incentivadas o
prejubilaciones), realidad permitida por el limitado o reducido control administrativo respecto
del contenido de este tipo de planes, la actitud consentidora de la Administración ante los
expedientes de regulación de empleo y la falta de tradición de las medidas sociales en nuestro
sistema de relaciones laborales, circunstancias que provocan, a su vez, un escaso interés de los
agentes sociales así como de los propios trabajadores, que prefieren pactar, como ya consta, la
cuantía de las indemnizaciones sobre cualquier otra posibilidad o medida alternativa a la
extinción del contrato 338 .
En todo caso, la reforma se detiene en señalar que el uso de las agencias de recolocación en los
excedentes de los despidos colectivos propicia el establecimiento de una colaboración formal
entre Administraciones, en este caso del mismo nivel –autonómico o estatal--, puesto que las
autorizaciones para el funcionamiento de estas agencias es competencia de los Servicios
Públicos de Empleo y la autorización de los expedientes de regulación de empleo corresponde a
la autoridad laboral, que deberá, en el marco de los planes sociales negociados, cuando éstos
incluyan acciones de recolocación, exigir su cumplimiento 339 .
Intentando conseguir que el plan social sea algo distinto de una mera cuestión económica y
teniendo en cuenta que queda fuera de su ámbito tutelar la destrucción de empleo en las
pequeñas y medianas entidades productivas, mayoritarias en el sistema productivo castellano y
leonés 340 , la Ley 35/2010 añade la referencia a los “programas de recolocación”, que aun
cuando carece de cobertura en otros pasajes de nuestro ordenamiento jurídico surgiendo dudas
en lo relativo a sus aspectos formales, sujetos legitimados, supuestos de admisibilidad y
obligatoriedad, efectos, alcance…, pueden definirse como cualquier proyecto, unilateralmente
adoptado por el empresario o convenido con los trabajadores o sus representantes, que prevea
un conjunto ordenado de acciones destinadas a asesorar, formar u orientar profesionalmente a
trabajadores excedentes de procesos de reestructuración con vistas a asegurar su reentrada en
el mercado de trabajo”. La amplia dicción utilizada por el legislador autoriza a entender que
estos programas de recolocación pueden formar parte, como capítulo propio, de los planes
sociales, pero también “pueden haberse establecido o acordado” al margen de ellos, lo cual
sucederá al menos en estos dos supuestos: cuando la empresa que se reestructura no esté
obligada a presentar un plan social en el marco de un expediente de regulación de empleo (art.
51.4.2 ET) o cuando la reestructuración se canalice a través de la figura del despido objetivo
[art. 52 c) ET] 341 , pudiendo entender comprendidas también las extinciones contractuales que
sean consecuencia de una decisión judicial de cese de la empresa (art. 51.10 ET), de la venta
judicial de la organización productiva (art. 51.11 ET), de la extinción de la personalidad jurídica
del empresario [art. 49.1 g) ET] o de un supuesto de fuerza mayor (art. 51.12 ET) 342 .
En fin, por “reestructuración empresarial”, cabe entender una conjunción de heterogéneos
elementos de carácter constitutivo, destinados a reorganizar la plantilla de la empresa, con cese
de la misma, sea total sea parcial, siempre que resulte definitivo [art. 64.5 a) ET], pudiendo
entender incluidos, por tanto, los despidos colectivos y los despidos objetivos plurales 343 ,
interpretación que algún sector de la doctrina extiende “a los despidos por causas empresariales
aunque sean individuales” 344 . Se trata, por tanto, de hacer “socialmente responsable” dicha
reestructuración empresarial 345 desde el punto de vista de los afectados, tal y como recoge el
Libro Verde de la Unión Europea titulado “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad
338
SERRANO GARCÍA, J.M.: El plan social en los despidos colectivos, Lex Nova, Valladolid, 2002, pp. 58-59.
339
VALLECILLO GÁMEZ, M.R.: ”La reforma de la intermediación laboral: ¿nuevo modelo de colaboración públicoprivado
o nuevo mercado?”, cit., p. 180.
340
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, F.: “Inicio del procedimiento”, Expedientes de regulación de empleo, FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ, J.J., (coord.), Civitas, Madrid, 2009, p. 140.
341
VALDÉS DAL RE, F.: “La reforma de la intermediación laboral”, cit., p. 144.
342
SERRANO FALCÓN, C.: Servicios públicos de empleo y agencias de empleo privadas. Público y privado en la
actividad de colocación, cit., p. 246.
343
VALDÉS DAL RE, F.: “La reforma de la intermediación laboral”, cit., p. 144.
344
TOSCANI GIMÉNEZ, D.: “El nuevo marco legal de los servicios de colocación y empleo. Especial referencia a las
agencias privadas de empleo y empresas de trabajo temporal tras la reforma laboral de 2010”, cit., p. 154.
345
MONEREO PÉREZ, J.L.: Empresa en reestructuración y ordenamiento laboral, Comares, Granada, 2006, p. 4.
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